Un comunicado enviado por la oficina del exjuez Baltasar Garzón ha mostrado las tensiones que existen entre el gobierno de Cabo Verde y el equipo que defiende a Alex Saab, tras denunciar que se le ha impedido el ingreso de uno de los miembros de su equipo al país.
“Uno de los abogados del despacho ILOCAD, dirigido por Baltasar Garzón, ha sido deportado hasta en dos ocasiones, en las últimas 72 horas, al tratar de acceder a Cabo Verde desde el Aeropuerto Internacional Nelson Mandela en la capital del país, Praia, donde se disponía a ejercer su trabajo de asesoramiento como parte del equipo jurídico internacional del Enviado Especial Alex Saab, cuya extradición ha sido solicitada a EEUU “de forma arbitraria y sin fundamento legal”, tal y como ha puesto de manifiesto la defensa internacional en distintas instancias”, señala la oficina del exjuez.
La primera deportación ocurrió, según el bufete del español, el pasado 13 de agosto, cuando aterrizó en Cabo Verde, desde Lisboa.
“Las autoridades aludieron a la necesidad de contar con un escrito oficial por parte de una empresa caboverdiana. Esta obligación venía debidamente cumplimentada en formato digital tal y como exigía la aerolínea con la que realizó el vuelo. La razón alegada para proceder a la denegación fue la de “no haber podido fundamentar el motivo del viaje”. El abogado víctima de la deportación, tras regresar a Lisboa y cumplimentar este trámite necesario (llevando consigo dicho escrito en formato impreso), trató de volver a pasar los controles correspondientes de nuevo un día más tarde. Sin embargo, en la noche del viernes el mismo responsable de la vigilancia en el control accedió personalmente a revisar la situación del abogado e impedir su acceso”, se queja el bufete.
Garzón insistió en que hay una persecución política al empresario colombiano «a través de un proceso de extradición injusto e instrumental por parte de Estados Unidos en su confrontación con el gobierno venezolano del que Saab es Enviado Especial».
El jurista español amenazó con llevar este caso a las Naciones Unidas y otras instancias internacionales, para esclarecer las razones por las que se está cercenando el derecho a la defensa de su cliente por parte del gobierno de Cabo Verde.
