Convertida Venezuela en una República en proceso de disolución, producto de un régimen que ha entregado el control territorial a intereses económicos y geopolíticos de otros países y reducida su población a grupos humanos sometidos por la violencia, a manos de militares o policías o de bandas armadas que de acuerdo a su ubicación urbana o rural son denominados colectivos o fuerzas paramilitares, la sociedad entera se ha convertido en víctima de la ansiedad y la desesperanza. Todos estos grupos armados actúan de la misma manera , con procedimientos que violan derechos esenciales de la persona humana, tal y como consta en los informes elaborados por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU .Frente a este cuadro sectores democráticos se han organizado en torno la Asamblea Nacional, único Poder legitimo que ha sobrevivido a la devastación institucional por la cual el noventa por ciento del país es víctima de la pobreza extrema y se encuentra indefenso ante la presencia colonizadora de grupos extranjeros.
La mayoría de la población se ha unido en torno a la Asamblea Nacional y reconocido como Presidente Encargado a quien la encabeza, según el artículo 233 de la Constitución. Reconocimiento que nace de la usurpación cometida por Nicolás Maduro cuyo período frente al Poder Ejecutivo finalizó en enero de 2019, pues las ilegítimas elecciones realizadas y convocadas ilegalmente por la misma Presidencia de la República son totalmente nula, según el artículo 138 constitucional: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”. No hay legítimamente Presidente electo, por lo que tal cargo debe ser ejercido interinamente por el Presidente de la Asamblea Nacional, mientras se convoca las elecciones de conformidad con la ley.
De esta forma la Carta Magna de nuestra República se encuentra en el centro de todo análisis y debate sobre las opciones políticas para rescatar la Democracia, que aun existe sobre papel pero recluida en un inmenso calabozo donde impera el dominio de las armas sobre las leyes. Es lo propio de un régimen arbitrario que obedece en su mandato a las vías de hecho, a la violencia institucional, desechando la ley como forma de gobernar.
Así tenemos que es la Constitución el camino y la meta que se cita e interpreta según la tesis que se quiera enarbolar para apoyar las variadas posiciones puestas sobre el escenario de la política. No obstante muchos olvidan que lo esencial de ella es el acuerdo ciudadano que la crea y que se expresa de manera nítida en su componente dogmático, el cual en síntesis se encuentra resumido en su Preámbulo que ordena que la República debe fundarse en un sistema democrático propio, en un Estado de Justicia que consolide los valores de la libertad, la solidaridad, el bien común, la convivencia pacífica y el imperio de la ley. Como bien podemos constatar el actual régimen político perdió el norte que le indica el sustancial Preámbulo constitucional.
Nada mas leer este Preámbulo observamos como ninguno de sus propósitos se cumple en la actualidad, con el agravante de no existir ni mecanismos de justicia ni de salvaguarda militar que permitan intentar una salida institucional frente a las causas que originaron la tragedia del incumplimiento de estos propósitos, causas que se mantienen y profundizan. Mediante una usurpación validada por quienes han debido impedirla, en donde resalta la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia
De esta forma el ciudadano se encuentra en situación de total orfandad ante el Poder de una nomenclatura cívico militar que no atiende a la obligación de velar por el cumplimiento de los dogmas constitucionales y para colmo usa esa misma Constitución, acomodando a su capricho su parte dispositiva para simular elecciones, sobre las cuales ejerce un dominio absoluto de registros y procedimientos que se transforman en juego de solitario donde siendo una minoría evidente no tienen la mas minima oportunidad de perder, tal y como lo dijo el Ministro de la defensa en descaradas declaraciones que delatan el espíritu totalitario de todos quienes conforman el régimen.
Entonces esa nuestra Constitución tenemos que hacerla valer como acuerdo básico del pueblo, mancomunado en la voluntad de vivir de manera pacífica, libre y sustentable mediante el esfuerzo de su trabajo y con el respeto de la ley por parte de las autoridades. Ninguna de estas condiciones se cumple y el origen de este caos proviene de la ideas y las actuaciones de quienes desde hace dos décadas llegaron a la Presidencia de la República para aplicar políticas diametralmente opuestas a las expresadas en el propio Preámbulo de la Constitución que juraron cumplir.
Así llegamos al punto que si bien la Constitución es camino y meta para rescatar la Democracia, tenemos que arrancar la ruta desde la voluntad genésica que la crea y no intentar reivindicarla mediante caminos judiciales donde el régimen es juez y parte.
El único Poder electo según los dogmas y dispositivos constitucionales es la actual Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó. Siendo ella expresión nítida del acuerdo ciudadano que priva sobre las veleidades y manipulaciones de quienes han colocado a la República en trance de disolución, es menester histórico y patriótico que se mantenga en funciones hasta tanto se realicen elecciones libres y no sea sustituida mediante un simulacro viciado en lo absoluto de inconstitucionalidad.
La Constitución no es un Tótem que solamente le habla a unos cuantos ungidos de talento y letra, la Constitución es un acuerdo del Pueblo para el Pueblo. Para hacerla de nuevo vigente estamos retados a sumergirnos en la profundidad de la trama popular y organizar una lucha que se ajuste al Preámbulo que da inicio a su texto, siguiendo el ejemplo libertario de Simón Bolívar e invocando la protección de Dios Todopoderoso”.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
