La Red de Derechos Humanos del Estado Lara se pronunció sobre los atropellos a los que han sido víctimas los comerciantes y arrendatarios en el Mercado Municipal de Barquisimeto desde hace dos años y señalan que los actos irregulares se hacen con la anuencia de la Alcaldía de Iribarren.
En el comunicado cuestionaron que “los órganos de protección de derechos y de justicia se hayan pronunciado ante las diversas denuncias introducidas por una decena de comerciantes ante la Fiscalía Superior del Estado Lara y ante los tribunales de justicia correspondientes”.
“La Red de Derechos Humanos del Estado Lara, manifiesta su más profundo rechazo a este conjunto de atropellos, arbitrariedades, ilegalidades y violaciones de DDHH ejecutadas en perjuicio de los comerciantes de MERCABAR, quienes demostradamente han sido arrendatarios por más de 30 años y actualmente son víctimas de abusos, persecuciones, robos, violaciones de Derechos, pérdida patrimonial y desalojos arbitrarios de sus galpones arrendados”, reza el comunicado de la REDHELARA.
A través del escrito denunciaron que algunos de los comerciantes han sido agredidos, golpeados, detenidos e incluso torturados con electricidad, por parte de organismos de seguridad del estado “presuntamente con la anuencia del Alcalde del Municipio, quien recientemente declaró que MERCABAR debía “recuperar” esos locales y hasta ahora guarda silencio ante las repetidas denuncias por los actos cometidos por sus funcionarios”.
“Debido a estos hechos las 17 Organizaciones de DDHH agrupadas en la REDHELARA, rechazamos de manera categórica esta forma de proceder de las autoridades ejecutivas y funcionarios de la Alcaldía, utilizando la Policía Municipal de Iribarren y funcionarios de la GNB, quienes sin ningún tipo de orden legal y autorización judicial, en horas de la noche y en plena cuarentena por el virus Covid 19, vulneran la posesión, derechos de propiedad sobre bienes y mercancías y el debido proceso de comerciantes legítimamente acreditados”, dice el comunicado.
Asimismo, pidieron una investigación rigurosa y objetiva por parte del Ministerio Público y los órganos de investigación, “sin ningún tipo de injerencia o intromisión política que pudiera entorpecer la misma, debido a que el principal funcionario responsable de los atropellos descritos es el propio presidente de MERCABAR Juan Carlos Sierra Trujillo, según se puede constatar en múltiples evidencias en flagrancia”, sentencia el escrito.
