El Ministerio Público incumple lo establecido en el artículo 25 de la Ley del Sistema de Justicia obliga a los miembros del sistema judicial a «presentar anual y públicamente, un informe detallado y preciso de la gestión» realizada en el período anterior, haciendo caso omiso a este mandato y a lo largo de los años ha venido ofreciendo información de manera «inestable y cambiante», lo cual «dificulta la obtención de resultados sólidos, y, por ende, la evaluación y comparaciones de las actuaciones de un año a otro».
Así lo expone Acceso a la Justicia en el “Informe sobre desempeño del Ministerio Público (2000-2018)”, el cual elaboró a lo largo de 2019 y para el que revisó todos los informes de gestión presentados a la Asamblea Nacional por los distintos fiscales generales desde principios del siglo.
Revela que una de las principales fallas detectadas por el equipo de investigadores que redactó el estudio (coordinado por Elienai González y con la investigación de Lissette González, Carmen Jiménez, Thais López y Keymer Ávila) es que el organismo presenta solamente el número de casos que los fiscales recibieron, pero sin determinar si dichas averiguaciones se iniciaron de oficio, por denuncia, querella o flagrancia, «por lo que no es posible conocer el nivel de proactividad de los fiscales y el cumplimiento de sus funciones en esta etapa inicial».
La misma falencia se observó al tratar de ver la respuesta que el Ministerio Público dio a las causas que llegaron a su poder. «Hay años en que solamente se informó la totalidad de actos conclusivos sin ser distinguidos por tipo (acusación, sobreseimiento, archivo fiscal), como ocurrió en 2009 y 2010», se lee en el informe.
Apertura a medias
Aunque el Ministerio Público cumplió con su deber legal y constitucional de rendir cuentas de su labor al Parlamento hasta 2017, Acceso a la Justicia halló que la misma se hizo de manera deficiente, y así quedó en claro al revisar las estadísticas en materia de delitos comunes; es decir homicidio, robos, secuestros y hurtos.
En esta área, el organismo no solo presentó «genéricamente» las cifras en materia de actos conclusivos, sino que además: «no fueron reportados todos los años y desconocemos qué actuaciones abarcan; aunque de manera dispersa entre 2002 y 2007, los casos egresados quedaron representados por actos conclusivos, solicitudes de desestimación, aplicación del principio de oportunidad, suspensión condicional del proceso y de acuerdos reparatorios; pero en otros años como el 2010, se amplió la brecha de estos indicadores, al punto de considerar casos egresados hasta escritos de mero trámite enviados a tribunales, lo cual explicaría los motivos por los que a partir de dicho año los egresos superaron los casos ingresados, aunado a que todos los informes anuales incluyen en los egresos casos de años anteriores al evaluado, sin especificar el remanente acumulado; así en el año 2012 se registraron 343.936 casos ingresados y 370.297 casos egresados».
Se destaca que la opacidad probó ser mayor en materia de homicidios: no se informó la cantidad de casos ingresados ni egresados, ni hubo información detallada sobre su incidencia hasta el año 2015, en que «por primera vez en la historia del sistema acusatorio venezolano», se informó que hubo 17.778 personas fallecidas por homicidios dolosos ese año, lo que arrojó una tasa de 58 homicidios por cada 100 mil habitantes. Ello confirma que Venezuela es uno de los países más violentos y peligrosos de la región, apunta el informe.
Ese mismo año, el Ministerio Público también reportó que acusó a 7.121 personas por este delito: «lo que representaría un 40,06% de los fallecidos, en el caso que los acusados pertenecieran a los occisos reportados en ese año, de lo cual no tenemos la certeza; se dieron un total de 4.465 solicitudes de órdenes de aprehensión, de las cuales reportaron que “algunas estaban por ejecutarse”, sin especificar cantidad».
Como el cangrejo
Pese a que el Ministerio Público no ha rendido cuentas a los venezolanos de manera detallada y precisa, lo cierto es que no se puede considerar como de los más opacos de la región. Al menos de acuerdo a un análisis del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), que, para el año 2015, lo ubicó en el puesto 15 de 28 organismos evaluados, encontró Acceso a la Justicia.
Sin embargo, desde que en agosto de 2017 Tarek William Saab fuera designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente como fiscal general de la República, Acceso a la Justicia detectó importantes retrocesos. Así, los informes anuales de las gestiones anteriores fueron eliminados de la página web del organismo y en la misma tampoco hay información sobre la cantidad de fiscales que hay en el país, quiénes son y dónde están.
¿Y a ti venezolano, como te afecta?
La falta de transparencia con la que el Ministerio Público ha manejado la información complica la posibilidad de evaluar objetivamente su labor, detectar las fallas y aplicar correctivos que redunden en un mejor servicio al venezolano. Al no contar con la mayoría de las actuaciones discriminadas por delitos, por ejemplo, se generan serias dificultades para verificar los hechos punibles por los que se están iniciando la mayoría de las investigaciones o se están haciendo las acusaciones. Ello imposibilita determinar el tipo de atención brindada a los tipos penales más graves o de mayor entidad.
La opacidad impide determinar contundentemente si se castiga a quien se tiene que castigar, si por el contrario se castiga en exceso a los que cometen delitos más leves ni si el Estado no persigue a quien tiene que castigar realmente, que son los que cometen los delitos más graves, señala el informe de Acceso a la Justicia.
