Ningún venezolano puede ser impedido de ingresar a su país ni ser judicializado por hacerlo, por cuanto el retorno es un derecho humano consagrado en la Constitución y en instrumentos internacionales que obligan a las autoridades del gobierno de Venezuela a garantizarlo.
Desde esta premisa, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), en alianza con Radio Fe y Alegría Noticias, presentó un informe que expone la situación que están enfrentando las personas que regresan a Venezuela en medio de la emergencia generada por la pandemia de COVID- 19 y la vulneración a sus derechos, así como los procesos de estigmatización y criminalización a que han sido sometidas, a causa de una respuesta punitiva por parte de funcionarios de Venezuela contra quienes ejercen el derecho a regresar a su propio país.
En su composición, la publicación brinda información sobre el retorno como derecho humano y las razones por las cuales algunos venezolanos están regresando al país, así como sus expectativas al regresar, ilusiones que van estrellándose contra una dura realidad llena de obstáculos para reingresar a su patria, incluyendo estigmatización, criminalización y un profundo rechazo en contra.
El informe evidencia cómo los llamados Puntos de Atención Social Integral (PASI), instalados por el Gobierno en las localidades fronterizas, son un anticipo de la Venezuela que recibirá a los retornados, pues en ellos no hay agua, los alimentos son escasos o están en malas condiciones, no hay asistencia médica, se rigen por censura y amenazas e impera la corrupción.
Además, el informe recuerda que, según el Ministerio del Poder Popular para el Ministerio de Relaciones Exteriores (MPPRE), al 30 de abril, de 21.243 retornados, solo 13 dieron positivo (0,06%), lo que evidencia que el contagio es comunitario y no se justifica culpar a quienes regresan, estigmatizándolos como “armas biológicas”, descalificándolos como “trocheros” y pretendiendo criminalizarlos como “bioterroristas”.
Por último, se brinda información sobre el comienzo de un fenómeno de reflujo, que consiste en una nueva salida de Venezuela, para concluir con un cuerpo de reflexiones sobre los derechos de los retornados y las perspectivas de la movilidad humana venezolana en el contexto post COVID-19.
Toda la información presentada se basa en datos y reportes oficiales, vivencias de trabajadores humanitarios y testimonios de retornados, recogidos entre abril y julio de 2020 en las rutas de retorno desde Colombia y Brasil.
Vale destacar que, en abril de 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, reafirmó que “en virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia”. Y agregó que cuando las personas deciden regresar a su país “los gobiernos tienen la obligación de recibirlos y de velar por que tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos”.
Esta obligación se mantiene vigente aún si se hubiese declarado una emergencia y suspendido las garantías de algunos derechos, debido a que se trata de un retorno no voluntario, sino forzado por circunstancias ajenas a la voluntad de quienes regresan, por lo que deben prevalecer las consideraciones de carácter humanitario. Pero estos preceptos tanto constitucionales como del Derecho Humanitario Internacional no se están traduciendo en la realidad actual para estos venezolanos.
Por el contrario, sus deseos y sus derechos de ser bien acogidos en suelo patrio a su retorno se van quedando como un mero espejismo.
Se advierte que “El espejismo del retorno: violaciones a los derechos de quienes regresan a Venezuela” busca llamar la atención de las autoridades gubernamentales, las organizaciones sociales, las Iglesias y de toda la sociedad civil venezolana para que entre todos no descuidemos la ruta de la acogida, de la tolerancia, del respeto y de la dignidad de estos hermanos nuestros, revela la información.
