La dictadura de Maduro está condenando a muerte a los presos políticos, manteniéndolos aislados y sin asistencia para los posibles contagios de COVID-19, denuncio este miércoles la diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano.
“En los sótanos de la DGCIM hay aproximadamente 200 hombres y mujeres, de las cuales el 50% son presos políticos civiles y militares, que están siendo condenados a muerte por el régimen de Maduro. Ante imposibilidad de ingreso de familiares se comisionó a Fiscal 32 Dusay Dueñas”, precisó la legisladora.
Explicó que “esta designación ocurre por solicitud de familiares preocupados por no saber nada de los presos políticos que allí se encuentran. La Fiscal informó a las familias que NO se le permitió el acceso a DGCIM por haber un brote de COVID”.
La diputada por Encuentro Ciudadano, indicó que lo que ocurre en la DGCIM no es un caso aislado. “En Sebin la situación no es diferente. Ya hay un caso confirmado y hospitalizado en HCU de Caracas. Las familias temen por la salud de los presos políticos. Tenemos información de qué hay por lo menos 2 de ellos con síntomas”.
Además, recordó que “en este momento en Venezuela se encuentran delegados de la oficina de DD.HH. de la ONU para la región, la oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, y la alta comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, ellos deben acompañar a los familiares y abogados e ingresar a DGCIM y SEBIN”.
“Aceptar un NO por respuesta es condenar a muerte a los presos políticos”, aseveró.
Solórzano agregó que “diversos organismos internacionales en Venezuela tienen la obligación de colaborar en la verificación del estado de salud de los presos. Hacemos llamado urgente a la Cruz Roja Venezuela”.
“Sus secuestradores son responsables de sus vidas. Tarek Wiliam Saab y Alfredo Ruiz Angulo ¡Ya basta de complicidad! La salud de los presos se deteriora y su vida corre peligro”, aseguró.
