María Gabriela Cuevas, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB especificó que el auge en el delito de trata de personas está vinculado a la proliferación de situaciones de vulnerabilidad en las que gran cantidad venezolanos debe recurrir a estrategias de supervivencia
Bandas dedicadas a la trata y el tráfico de personas actúan en el país en las narices del gobierno de Nicolás Maduro. La crisis generalizada que vive la nación y la migración que esto generó convirtió a los venezolanos en blanco fácil para estas redes dedicadas a transar a connacionales para lucrarse.
El brazo de la trata y el tráfico de personas se extiende por todo el territorio nacional. En uno de los estados donde se ha hecho seguimiento al tema es en Bolívar, entidad que debido a la presencia de grupos irregulares y por el resurgir de la actividad minera se convirtió en el escenario propicio para que estos delitos se ejecuten.
La coordinadora de la oficina de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Guayana, Eumelis Moya, advirtió que «en el estado Bolívar el precio de una mujer oscila entre los cinco y los diez gramos de oro. Eso es el equivalente a $47».
Eumelis Moya acotó que en la entidad 74% de las personas captadas por redes de tratas de personas son mujeres y 26% son hombres.
Detalló que en el estado la captación de la víctimas sigue el patrón de raptos o secuestros y por experiencias de supuestos amigos. Sobre lo último, relató que la oficina que coordina supo de un caso hace dos meses de una joven -que pese a las restricciones de movilidad que entraron en vigor en el país tras reportarse los primeros casos de coronavirus- que llegó a Bolívar desde Caracas que invitó a una amiga a una reunión de trabajo. No se supo más de las jóvenes desde entonces.
«De cada cinco casos que hemos logrado entrevistar tres y medio hablan de ofertas laborales engañosas», dijo Mora durante el seminario «El auge de la trata de personas en Venezuela desde 2018».
Agregó que cuando se habla de ofertas engañosas se trata de explicaciones falsas sobre el tipo de trabajo que se ofrece o las condiciones en las que laborará.
La abogada explicó que en los municipios mineros de Bolívar como Roscio o El Callao a las mujeres las contactan ofreciéndoles trabajos como cocineras y lavanderas en los campamentos mineros y cuando llegan no son contratadas sino obligadas a prostituirse.
De acuerdo a lo señalado por la experta, muchas de estas redes actúan a través de las plataformas sociales o por medio de supuestas academias de modelaje, canto o deportes.
Los grupos armados en la entidad también incurren en estos delitos. Moya develó que estas bandas en muchas ocasiones se fijan en personas que no tienen la posibilidad de decidir si unirse o no y que en el caso de las mujeres si cumplen con características físicas las raptan.
Eumelis Moya detalló que en un estudio realizado desde la oficina de Derechos Humanos de la UCAB se documentaron casos de mujeres prostituidas por sus esposos que son los que negocian las condiciones de seguridad.
Trata y tráfico de personas
Aunque están estrechamente vinculados, el tráfico y la trata de personas son delitos diferentes, así lo aclaró el director de la Asociación Civil Paz Activa, Luis Cedeño, quien explicó que el fenómeno de tráfico de personas habla de trasladar a la personas de un lugar a otro, inclusive dentro de un mismo país, como por ejemplo lo que ocurre con las personas que son llevadas al Arco Minero.
En este sentido, expuso que generalmente quienes son víctimas de tráfico posteriormente son sometidas a un esquema de trata, pero que no siempre las víctimas de trata son traficadas.
Cedeño señaló que desde 2015 se comenzaron a conocer sobre casos de venezolanos víctimas de estos delitos en países destino como Estados Unidos, España, Colombia y algunos países de Europa.
Según el experto, a los países destino también les interesa acabar con estas redes, pues es en su territorio donde se socavan las libertades de las personas.
«Este es un delito con una altísima cifra negra. Hay un subregistro, es un delito muy sofisticado y complejo que tiene varias cadenas dentro de su fenomenología. La persona que capta, no es la misma que trafica y que en el país de destino la trata», apuntó.
A su juicio, para desmontar estas redes es necesario que se implementen políticas binacionales en las que el gobierno de Venezuela pueda trabajar con los países de destino. Cedeño aseguró que la decisión de no denunciar de las víctimas hace más imperceptible la presencia de estas redes.
Blanco fácil
María Gabriela Cuevas, profesora integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB especificó que el auge en el delito de trata de personas está vinculado a la proliferación de situaciones de vulnerabilidad en las que gran cantidad de la población venezolana buscan estrategias de superviviencia. Enfatizó que las mafias dedicadas a perpetrar estos delitos se aprovechan de estas situaciones.
«Algunas víctimas no se reconocen como víctimas porque acceden, pero ese sí que dan no es real», dijo.
Matizó que en el caso de los niños el panorama es igual de complejo. Sostuvo que estas mafias actúan sobre personas a cargo de los menores de edad. El modus operandi en la mayoría de las veces es engañarlos para separarlos y aprovecharse de ellos.
«Tenemos que referir la particularidad de que niños y adolescentes pueden ser captados como victimas y también como victimarios. Hay una forma que se refiere a vincularlos a bandas delictivas. Allí la relación con la trata es que se les capta para que operen como captadores», agregó.
Del mismo modo comentó que con las adolescentes mujeres puede darse el caso de que sean captadas como victimas y que con el transcurrir del tiempo se les proponga pasar a una situación diferente y las ubiquen como captadoras.
La investigadora de la UCAB detalló durante el foro «El auge de la trata de personas en Venezuela desde el 2018» que hay distintas modalidades de explotación, entre ellas: laboral, sexual, prostitución forzada y pornografía.
También mencionó el matrimonio forzado como una de las circunstancias sociales que puede relacionarse con la trata de personas, pues hay casos de padres que obligaron a sus hijas a casarse con hombres mayores porque pensaban que las ayudarían económicamente y al final fueron captadas por estas mafias.
Resaltó la importancia de que se tomen medidas para evitar estos flagelos contra los derechos de niños, niñas y adolescentes, pues esto causa severos e irreparables daños en su salud y desarrollo.
Aunque reconoció que en todo el mundo existen iniciativas para tratar de reducir estos delitos destacó que las cifras aumentan. Opinó que esto demuestra que no están siendo eficientes «porque se trata de iniciativas que nos son a largo plazo y no atacan la causas subyacentes y para que la prevención sea efectiva tienen que ser medias que aborden esas causas.»
Redes de trata contra comunidad LGBTIQ
Para Quiteria Franco cofundadora la ONG Unión Afirmativa, que defiende los derechos humanos de las personas LGBTI la discriminación hacia estas comunidades elevan los riesgos a convertirse en víctimas de trata de personas.
Franco dijo que las ofertas engañosas son las carnadas par hacer caer a estás víctimas. En este sentido, explicó que a muchos les ofrecen un trabajo en el exterior que puede ser sexual o no pero que el hecho es que al llegar al destino, son sometidas al encierro y los abusos.
La activista recordó que desde el año 2017 han denunciado las operaciones de mafias dedicadas a la trata de personas de comunidades LGBTIQ, citó un informe publicado en 2018 sobre la situación del país y cómo la crisis afectó a las personas de la comunidad. Así como también en el documento se hizo mención al rescate de mujeres transgénero venezolanos de situaciones de esclavitud y prostitución forzada en España.
A su juicio, en Venezuela hay un ambiente hostil para las comunidades LGBTIQ y ese fue otro factor que desató la ola migratoria en la nación. Detalló que la falta de políticas que defiendan los derechos de personas homosexuales y la revictimización del sistema judicial pone más en riesgo a estas ciudadanos.
Peticiones
En el foro participó Jhonny Romero padre de una de las personas a las que se le perdió la pista entre las costas de Falcón y Curazao en 2019. Romero relató todos los trámites que han hecho para que el gobierno de Nicolás Maduro investigue el caso, aunque hasta ahora no han recibido mayores respuestas.
Exigió al gobierno de Maduro iniciar una investigación seria por el caso. Del mismo modo, pidió a líderes de la oposición venezolana y funcionarios designados por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó a abocarse aún más al caso y trabajar para conseguir la reacción del Gobierno y de los organismo del Estado.
Ante el llamado hecho por Romero, Humberto Prado comisionado para los Derechos Humanos, designado por Guaidó instó al padre de una de las 113 personas desaparecidas desde 2019 a mantenerse denunciando y sobre todo exigiendo justicia. Manifestó que el contexto que vive el país es complicado y que estas mafias son bastante grandes y es por esa razón que la denuncia no puede desfallecer.
Aseguró que desde la oficina que lidera se trabaja para hacer respetar los derechos fundamentales de la población venezolana.
De las 113 personas a las que se les perdió la pistas en 2019 más de 60 de ellas partieron desde Güiria, estado Sucre hacia Trinidad y Tobago. Entre los desaparecidos se encuentran grupos familiares completos y personas que llegarían a la isla caribeña a trabajar o regresaban a sus hogares. El caso solo quedó en las denuncias de los familiares, pues hasta ahora no han recibido ni una llamada para actualizar los expediente. Una investigación de TalCual revela lo ocurrido tras la desaparición de personas en esta zona.
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