El año 2020 inició con una inusitada violencia en los estados fronterizos donde grupos armados irregulares y bandas criminales han impuesto la cultura de la muerte en la que también participan, según denuncias, organismos de seguridad, señalados de cometer ejecuciones extrajudiciales, principalmente funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional y el Comando Nacional Antisecuestros (Conas).
Las FAES son una unidad de élite creada en el año 2017 por orden directa de Nicolás Maduro. Desde entonces, esta fuerza acumula denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos, y se ha convertido en sinónimo de represión y terror en todo el país. Se presentan en despliegues de entre 5 y 30 hombres vestidos de negro, encapuchados, armados con fusiles de asalto y sin más identificación que la imagen de una calavera como insignia.
Sobre este grupo altamente entrenado, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tras su visita a Venezuela en julio de 2019, recomendó al Estado venezolano su disolución, a la par de establecer un “mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas”.
Hasta la fecha esta recomendación no ha recibido cumplimiento.
En el estado Táchira, la acción de este grupo se remonta al año 2018; luego de conocerse la muerte de dos jóvenes en extrañas circunstancias en medio de un operativo desplegado por las FAES la gobernadora del estado Laidy Gómez se hizo eco de la situación denunciada por los familiares.
Paula Flores, madre de Jimmy y Xavier Montoya Flores, de 24 y 18 años de edad, respectivamente, relató al equipo de documentación de FundaRedes que el 19 de noviembre de 2018 acudió a la Fiscalía del Ministerio Público a interponer una demanda por amenazas: “Cuando me preguntaron si quería agregar algo les dije claramente ‘tengo miedo por la vida de mis hijos”, tres días después, los jóvenes estaban muertos. Fueron asesinados en su vivienda por un equipo de las FAES integrado por más de 20 hombres que irrumpieron de madrugada mientras la familia dormía.
“Las FAES bloquearon el acceso y a todos se los llevaron, incluyendo un niño de cuatro meses (…) A la casa de mi hijo le llegaron por la ventana los alumbraron y apuntaron los hicieron salir, ¿Qué hora era? Las 5 am, mi hijo (Jimmy) dormía desnudo, en mi casa solo estaba mi hijo Xavier puesto de que yo no estaba y yo ya vivía sola con él, a ellos los levantaron (…) Lo arrodillan en la entrada de la casa a un lado de la puerta y sacan a sus hijos de los brazos (…)
Cuando yo vengo llegando les pregunto que donde me quedaba y ellos me dicen nosotros vamos para las FAES, quédese aquí que la esperamos, cuando yo me bajo es que me dicen que a mis hijos los habían matado”, relató la madre.
La versión oficial señala que los jóvenes murieron luego de una persecución, tras desoír la voz de alto y enfrentarse a los efectivos policiales. Los cadáveres de ambos jóvenes presentaron un único impacto por arma de fuego en el centro del pecho, según el informe forense.
De la actuación desmedida de las FAES no escapan ni los más allegados al entorno político del régimen venezolano, así lo evidenció el asesinato de cinco personas, entre quienes se encontraba un escolta de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, identificado como Wilmer Yánez Caraballo, de 40 años de edad.
De acuerdo con la información policial, las otras víctimas son Arquímedes Ramón Martínez Fuenmayor, Andri Daniek González Narváez, Roger Blanco Narváez y Pedro Pablo Salcedo Herrera, según información oficiales formaban parte de la banda “Los colectivos del plan” y murieron al enfrentarse a los efectivos.
Sin embargo, familiares niegan esa versión y aseguran que las víctimas estaban en sus hogares cuando los funcionarios llegaron al sector. Indican que aproximadamente a la 1:00 de la madrugada del día 11 de junio se presentó la comisión de las FAES que sacó a los cinco hombres de sus viviendas. Luego se escucharon muchos disparos.
Sin estadísticas policiales
En Venezuela, desde hace varios años no se publican estadísticas policiales. Esa opacidad impide conocer con exactitud el número de efectivos que integran las FAES y otros cuerpos policiales que han sido vinculados con denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
A pesar de los obstáculos para la obtención de información de hechos violentos, FundaRedes mantiene un trabajo de documentación, confirmación y procesamiento de data obtenida por el seguimiento diario de los reportes de prensa y las denuncias recibidas por nuestra organización sobre la creciente violencia en la zona limítrofe con Colombia y Brasil, así como en la costa occidental colindante con islas del Caribe, haciendo acompañamiento y brindando asesoría a los familiares de las víctimas en su búsqueda de justicia.
Un análisis de los datos recopilados por FundaRedes permitió determinar que sólo en el primer trimestre del año 2020 se produjeron 252 muertes en medio de supuestos enfrentamientos armados entre delincuentes y cuerpos policiales y militares, según información oficial, lo que constituye un manejo irregular del uso de la violencia legítima por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en situaciones que ponen en duda la vigencia del artículo 43 de la Constitución que establece que ninguna autoridad podrá aplicar la pena de muerte en Venezuela.
Un caso que involucra a las FAES en la muerte de dos hombres en marzo pasado, dado a conocer por la agencia de noticias Reuters, revela otro hecho poco conocido: algunos oficiales del escuadrón son criminales condenados. Según documentos presentados por los fiscales del caso al menos dos oficiales procesados por participar en estas muertes cumplieron penas de prisión antes de unirse a las FAES.
“Los documentos, que incluyen autopsias, informes balísticos, testimonios de oficiales y archivos de personal, muestran también que por lo menos tres miembros del mismo grupo, que no están siendo procesados por la mortal operación, tienen antecedentes penales”, indica la agencia.
Diversos actores, mismos patrones
Una constante en este tipo de muertes es que los familiares desmienten las versiones policiales y militares sobre supuestos enfrentamientos; sin embargo, muchas veces no denuncian estos hechos por miedo a represalias y piden a la prensa que no difundan sus nombres verdaderos.
Euclides Rafael Fajardo Rivas, de 32 años, quien residía en el sector Los Clavellinos de San Félix (Bolívar), murió tras recibir dos disparos, según contaron sus familiares al diario Primicia. Alrededor de las 5:30 de la mañana funcionarios del FAES estaban afuera de su vivienda y lo llamaron para que saliera, al hacerlo accionaron sus armas de fuego contra él, dejándolo muerto en el sitio.
El hermano, que también vive en la misma calle, intentó acercarse para auxiliarlo y los funcionarios lo impidieron. La información oficial reseñada en el Eje de Investigaciones contra Homicidios de Ciudad Guayana refiere que mientras funcionarios de las FAES realizaban labores de inteligencia en el asentamiento Los Clavellinos, alrededor de las 8:30 de la mañana, Fajardo abrió fuego contra ellos, causando un enfrentamiento.
Una reciente investigación periodística de la agencia Reuters citó a Derrick Pounder, un forense galés especializado en torturas y ejecuciones extrajudiciales, quien luego de ver las heridas de bala en los cuerpos de varias de las personas muertas en operativos de las FAES puso en duda que hayan ocurrido en el “contexto dinámico de tiroteos”.
La actuación de las FAES ha sido emulada por otros cuerpos de seguridad, según evidencian casos documentados por FundaRedes, copian un patrón que, en muchos casos, incluye acecho y extorsión a las víctimas, generalmente expresidiarios, a quienes acosan para obtener dinero. Algunos desaparecen durante horas o días y luego sus cuerpos son hallados en parajes apartados, los reportes oficiales reseñan los hechos como resistencia a la autoridad o enfrentamientos.
La hermana de un hombre asesinado a principios de 2020, cuyo cadáver fue hallado en la autopista San Cristóbal-La Fría, aunque él vivía en Palmira, municipio Guásimos, dijo a activistas de FundaRedes que aun cuando su hermano era expresidiario había pagado su delito y luego de una condena de 10 años retomó la libertad; sin embargo, desde el momento de su liberación comenzó a ser chantajeado por funcionarios del Comandando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (CONAS), organismo a manos del cual murió meses después alegando enfrentamiento.
“Él sentía mucho miedo de la persecución, un día me contó que en Palmira un funcionario una vez lo interceptó y le mostró una foto que me tomó. Otra vez me dijo que los funcionarios le escribían y le mandaron unas fotos de armas y una calavera (…) Ocurrió lo de siempre, quedó herido y lo trasladaron al Hospital Central y allá murió, nadie me llamó para avisarme del hecho, aun cuando él estaba plenamente identificado (…) Esa misma semana mataron a un chamo que tenía casi el mismo tiempo de mi hermano de haber salido de la cárcel; es decir, seis meses. Ellos sí denunciaron a la prensa. A esa gente los persiguen, saben dónde viven”, relató la mujer a FundaRedes.
“En abril en Táchira, Mérida y Trujillo hubo como cuarenta casos de ejecuciones, y en cada caso son dos y tres muertos, y todos tienen la misma línea”, acotó uno de los familiares que se ha dedicado a hacer seguimiento a las muertes relacionadas con este tipo de situaciones.
Parientes de Énder Torres Rojas, de 33 años de edad, aseguraron que el hombre estaba durmiendo en su casa, ubicada en el barrio Las Parcelas, sector Santa Rosa, en Cabimas (Zulia), cuando llegaron funcionarios del Conas y de la Policía Municipal de Cabimas (Policabimas) y después de vejarlo y golpearlo a él y a su esposa “lo ajusticiaron y le tiraron un revólver al lado”.
Según reportes oficiales a Torres lo señalaban como miembro de la banda de “Adrián y Sleiter”.
“Esto no fue más que una vulgar venganza de un funcionario de Policabimas que le había jurado a Énder que al salir en libertad lo mataba”. Él había pagado una condena por un hecho confuso hace seis o siete años. Denunciaron que los oficiales actuantes usaban un expediente del Ministerio Público para simular un requerimiento de solicitud. “Ellos sabían muy bien que por esa causa ya Énder había pagado su condena en la Cárcel Nacional de Trujillo, y apenas hace dos semanas que había salido en libertad (cuando lo mataron)”, dijeron en declaraciones que fueron recogidas por la prensa local.
Testimonios
Otro caso similar es el de Dylan José Zerpa, de 22 años de edad, que murió de varios disparos la noche del 15 de febrero de 2020 cuando un grupo de encapuchados llegó a su residencia en la calle Alí Primera del sector 25 de Marzo, en San Félix (Bolívar). Andry Zerpa, madre del joven, relató a un medio de comunicación que llegaron en varios vehículos cerca de las 8:00 de la noche: “Dijeron que estaban en un procedimiento, pero no mostraron una orden de allanamiento que avalara lo que decían. Nos sacaron a la fuerza, a todos menos a mi hijo, luego se escucharon disparos y ellos salieron (…) Nos decían que no había pasado nada y que no había muertos, pero luego de eso vimos pasar un carro y allí montaron el cuerpo y se lo llevaron”.
En las poblaciones más cercanas a la línea de frontera las ejecuciones extrajudiciales son llevadas a cabo por militares de la Guardia Nacional que suelen señalar a las víctimas como integrantes de grupos paramilitares o de bandas delincuenciales que actúan en estas regiones.
Las ejecuciones extrajudiciales violan el derecho a la vida consagrado en el artículo 43 de la Constitución y en el 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ello FundaRedes presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República el 22 de junio de 2020 en la que exhortó al fiscal Tareck William Saab a ordenar y dirigir una investigación penal por estos hechos para que quede constancia de lo ocurrido con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación de los hechos y la determinación de responsabilidades, así como solicitar acciones para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que haya incurrido estos uniformados en el ejercicio de sus funciones.
Desde 2014 FundaRedes ha denunciado constantemente las violaciones al derecho a la vida de los venezolanos en la frontera que han sido de conocimiento de instancias nacionales como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República a las cuales se les ha solicitado iniciar investigaciones de los hechos y emprender acciones para proteger a esta población vulnerable, frenando la actuación de los grupos armados irregulares, pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta.
