Considera el Observatorio Venezolano de Prisiones que, a pesar de la declaratoria de emergencia como consecuencia de la aparición del coronavirus COVID-19, que mantiene completamente cerrados los penales, los tribunales deben trabajar para darle la boleta de excarcelación a las personas que hayan cumplido su pena.
La doctora Carolina Girón, directora de esta organización no gubernamental, al ser entrevistada por Elimpulso.com, dijo que ya en el centro penitenciario 26 de Julio, de San Juan de los Morros, estado Guarico, murió un recluso, a causa de tuberculosis, cuando ya hacía tiempo de haber terminado su castigo.
Ningún decreto de emergencia puede ser utilizado para la privación ilegítima de las personas que ya han cumplido su pena, expuso.
Son responsables todos los funcionarios relacionados con el sistema penitenciario: administradores de los penales, fiscales, jueces y autoridades del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Aún no se sabe cuántos reclusos ya han completado el tiempo de sus sentencias y, como no hay actividad tribunalicia, siguen encarcelados porque la cuarentena se ha extendido.
Ninguna visita
Desde el 13 de marzo, hace 133 días, cuando se implantó la cuarentena por el COVID-19, quedaron prohibidas todas las visitas a los internados en las cárceles del país.
Desde entonces, ni familiares, ni abogados, salvo los trabajadores de los penales, pueden ingresar a los centros de reclusión.
Esa medida ha ocasionado protestas de los internos, no sólo porque les impiden tener contacto con sus parientes, sino que no reciben medicinas, ni alimentos, ni agua, regularmente, sino en ocasiones.
Aparte de esos aspectos, tanto los privados de libertad como sus familiares se angustia. Estos por no saber en qué condiciones se encuentra y aquellos porque tampoco saben cómo han estado viviendo estos días de incertidumbre. No hay información de parte y parte.
Limpieza irregular
El Observatorio también llama la atención de la falta de aseo y protección ambiental, ya que por lo general se realizan los operativos de limpieza y desinfección cada mes cuando debieran ser, por lo menos, dos veces diarias.
Hay que tomar en cuenta que en las cárceles existe un gran hacinamiento y, por lo tanto, se requiere garantizarles un servicio de aseo a las personas que se encuentran privadas de su libertad, a fin de evitar que se enfermen.
Es de acotar que también la escasez de agua es un problema, porque las autoridades sanitarias exigen el lavado de manos, pero si no se consigue el preciado líquido es imposible cumplir con esa recomendación.
El Observatorio señala que los Derechos Humanos prima sobre todo, motivo por el cual el decreto de emergencia no puede permitir hechos graves, como personas que se mueran dentro de las cárceles por enfermedad o que cumplan su pena y se les siga privando de la libertad.
