Ante los posibles síntomas asociados al coronavirus, muchos pacientes prefieren aguantar los males en casa por el miedo a ser obligados a internarse y ser aislados en hoteles o peor aún, a ser criminalizados como «bioterroristas», como han sido calificado desde el gobierno de Maduro
La noche en la que Willy C. (identidad reservada) comenzó a sentirse mal se sintió aterrorizado. Tenía malestar general, dolor de garganta y de cabeza, síntomas que le apuntaban a que podía estar en la lista de nuevos contagiados por coronavirus, a pesar de que había tomado todas las previsiones posibles desde que inició la cuarentena y salía solo a comprar comida o hacer diligencias puntuales.
“Hicieron una visita casa por casa en mi edificio pero no dije que me sentía mal. No había tenido fiebre pero sí malestar en el cuerpo. A un conocido lo dejaron en un CDI en Guarenas por más de 15 días y aunque salió negativo todos los que estaban ahí tuvieron que pelear para que los dejaran irse. Te internan ajuro y aislado como si uno estuviera preso, en algunos lugares ni siquiera te dejan pasar comida. Además las pruebas se tardan muchísimo y hay que esperar el tiempo que a ellos les dé la gana para saber si era covid o no. Y mientras tanto uno ahí encerrado. Preferí esperar a ver si me sentía mejor. Había visto unos videos de esos hoteles con gente en hacinamiento y pensé que si uno no tenía coronavirus, ahí le va a dar”.
Aún así, Willy tenía miedo de que efectivamente pudiera ser positivo por covid-19 y al tercer día de malestar se fue a hacer la prueba rápida en un Centro de Diagnóstico Integral cercano a su casa, cerca de El Pinar en El Paraíso. “Desde el martes (7 de julio) se habían quedado sin pruebas y me rebotaron al (CDI) de Montalbán”.
Allá fue a parar el miércoles 8 de julio y esperó desde las 10 am hasta las 2 pm. Faltaban cuatro personas para que lo atendieran cuando salió la doctora a decir que se habían acabado los kits de pruebas rápidas y que tenía que hacerse la prueba en otro lado. “Éramos dos personas nada más con síntomas, los que habían llegado antes fueron a hacerse la prueba porque la necesitaban para los salvoconductos. La doctora había explicado que solo era para quienes tuvieran síntomas respiratorias pero eso no se cumplió. Igual pasaban, les hacían la prueba y cuando me iba a tocar a mí, me quedé sin saber”.
Willy desistió ese día, estaba solo y había pasado todo el día sin comer. Ya iba para el cuarto día con malestar y además tenía que peregrinar por centros de salud donde sabía que había pacientes positivos por covid-19. Al día siguiente llegó al Hospital Pérez Carreño, resignado a que lo dejaran recluido. “Ese día (jueves 9) estaba full y era una locura. Una persona conocida que trabaja allí me dijo que la sala de aislamiento estaba llena. Me dio miedo pero me pudo ayudar y logré que por fin me hicieran la prueba».
Aunque el resultado regularmente tarda 20 minutos, Willy esperó durante horas porque en todo el hospital solo cuatro médicos -entre ellos el director- pueden firmar para autorizar que se hagan las pruebas rápidas y en el laboratorio los devuelven si la orden no está firmada por esos médicos en específico.
El resultado de Willy fue negativo. Él mismo fue hasta el laboratorio en el piso 3 del hospital a buscar la prueba. «No entendía nada pero estaba desesperado, me quería ir. Había pacientes que andaban de aquí para allá porque los médicos y el personal de guardia no se dan abasto».
Una fuente interna del hospital confirma este procedimiento. «Los pacientes de aislamiento, ellos mismos llevan las muestras y buscan los resultados en el laboratorio. A un paciente que había dado positivo lo estaban buscando en el área (aislamiento) no sabían dónde estaba, tampoco estaba en emergencia. Nadie sabia de él, lo atendieron el martes (14 de julio) y sencillamente se fue a su casa. Corremos muchos riesgos y cada día se complica más tener control».
Una de las razones es que parte del personal se ha negado a quedarse de guardia o tomar las muestras en el área donde están internados los pacientes positivos porque ni siquiera cuentan con guantes ni tapabocas disponibles para laborar en cada jornada.
Hoteles y «trocheros»
Al menos 65 hoteles en el territorio nacional han sido utilizados por el gobierno para albergar a los venezolanos que deben guardar cuarentena cuando llegan al país en medio de la pandemia por el coronavirus, según datos de Alberto Vieira, presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven).
Las cifras oficiales señalan que la capacidad hospitalaria para atender pacientes con covid-19 es de 23.000 camas. Lo ratificó en marzo de este año el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Pero antes de que el país alcanzara los 10.000 contagiados, los anuncios del gobierno nacional indicaban que ya se estaban instalando carpas y habilitando hoteles sanitarios para atender pacientes asintomáticos.
Durante la transmisión del parte oficial de casos el sábado 11 de julio, el ministro de Salud, Carlos Alvarado le aseguró al mandatario Nicolás Maduro que la ocupación hospitalaria estaba por debajo de 40% en Caracas y Miranda pero en los municipios fronterizos como Guasdualito (Apure), Gran Sabana (Bolívar), en San Antonio del Táchira y en Maracaibo, estado Zulia, sí se había sobrepasado la capacidad. Apenas cuatro días después, el incremento exponencial de casos en la Gran Caracas fue el marco de referencia para anunciar que las instalaciones del Poliedro también serían utilizadas para albergar pacientes.
«Tengo un familiar que está en un CDI esperando los resultados de la prueba PCR pero han pasado 21 días y ya no tiene síntomas. Le dijeron que puede que lo trasladen a un hotel. Entendemos que hay que tomar medidas pero no explican nada, no dan respuestas, todo lo que dicen es que tienen que esperar, tienen que esperar ¿la gente no tiene derecho a saber sus condiciones, a tomar decisiones sobre su propia salud?», cuestiona Ana Velásquez, familiar de un paciente presuntamente contagiado de coronavirus, residente en el estado Miranda.
Más que el miedo a la enfermedad, a las personas se les van sumando otros temores: aislamiento indefinido, los problemas con la comida y la precariedad de los espacios donde muchos pacientes aseguran que comparten habitaciones sin poder guardar distanciamiento físico, durmiendo en colchonetas y sin servicio de agua regular. Y uno más grave que se pone de relieve a través del discurso oficial: la posibilidad de ser criminalizado.
El discurso oficial apuntó a incentivar la idea de «la denuncia» entre los mismos ciudadanos aunque se trate de una condición imposible de determinar a simple vista, que además requiere de pruebas específicas para confirmar si se trata de un caso positivo, una cadena de situaciones que no depende de los posibles afectados.
Cual guion de película de espionaje, diversos funcionarios y el mismo gobernante Nicolás Maduro ha insistido en repetir desde la vocería oficial el calificativo de «armas bioterroristas» para referirse a los pacientes que han resultado positivos por covid-19 y que han ingresado al país durante la cuarentena.
De acuerdo con la vocería oficial, la multiplicación de contagios por coronavirus en el país se debe, principalmente, a los venezolanos que han retornado desde otros países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Incluso, Maduro ha recalificado el término y lo ha llamado «el virus colombiano».
Tarek William Saab, fiscal general designado por la constituyente, afirma que entre 30 mil y 50 mil migrantes han retornado por las trochas desde Colombia, de los cuales, “cerca de 3.000 regresaron como portadores del coronavirus” y dice que desde los pasos fronterizos con controles migratorios se han contabilizado 65.967 ingresos al país, “3.660 positivos al coronavirus”, lo que a su juicio es lo que “ha ocasionado la proliferación de contagios en aproximadamente diez estados y 40 municipios del país”.
Estas declaraciones las ofreció Saab el martes 7 de julio, cuando Venezuela registraba 7.411 casos confirmados de coronavirus. Según sus cálculos, para la fecha, 89,8% de los casos positivos en el país pertenecían a venezolanos retornados.
Sin embargo, las cifras ofrecidas por Nicolás Maduro en el reporte del sábado 11 de julio contradicen las dadas por Saab. El mandatario enfatizó que “la mitad de los casos por covid-19 en Venezuela son importados”; es decir, 4.588 personas, y detalló que estos casos provienen de los siguientes países: Colombia (3.287), Brasil (441), Perú (124), Ecuador (98) y otras naciones (78).
La sumatoria de Maduro alcanza la cifra de 4.028 y excluye a 560 pacientes que supuestamente ingresaron al país con covid-19. Pero esta no es la única desigualdad en el registro, pues la diferencia de casos entre la data manejada por Tarek William Saab y la de Nicolás Maduro es de 2.072 casos.
La pandemia da para todo
Para contener el arribo de migrantes por pasos ilegales, Saab informó que se están realizando procedimientos en los que se han aprehendido a varias personas por ser guías o trocheros: 13 personas están privadas de libertad por pertenecer a estas supuestas mafias y 23 tienen medida cautelar por ingresar de forma ilegal al país.
Los delitos que se le imputan a estas personas son: “Tráfico ilegal de personas, instigación a la desobediencia de las leyes, propagación de la epidemia, incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad, favorecimiento bélico, corrupción entre particulares y asociación”.
Para Marino Alvarado, activista de derechos humanos de la ONG Provea, «la estigmatización de los retornados es una criminalización de los más pobres que son quienes se están regresando, para que además, “el gobierno de Maduro termine de darles la estocada penalizándolos por algo de lo que no son responsables (tener coronavirus)”.
Con las afirmaciones hechas desde el gobierno, de que los retornados son los principales responsables de los contagios en el país, Alvarado asegura que “hay una política de gobierno de hacerlos ver como responsables de la expansión de la covid-19”, a pesar de que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales explicó con fundamentos científicos que se iban a multiplicar los casos sin tener nada que ver con los retornados, sino con el avance de la pandemia: «sin negar que algunos venezolanos regresados tengan la enfermedad», reconoce el activista.
El Centro de Derechos Humanos y el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad Metropolitana presentaron un documento con consideraciones legales frente al avance en la criminalización de las personas diagnosticadas con covid-19, en el cual explican que el decreto presidencial de emergencia, con vigencia desde el 13 de marzo, no cumple con las normas del derecho internacional de DDHH «por lo que consideramos que el decreto, que es criticable desde muchas perspectivas, es violatorio de derechos humanos. Establece de forma amplísima la posibilidad de responsabilizar a personas naturales y jurídicas, excluyendo a las personas jurídicas estatales».
El documento explica con antecedentes históricos y jurídicos, otras situaciones legales ocurridas en contextos similares (VIH y la crisis del Ébola) por lo que señala con preocupación que el Ministerio Público va hacia una avanzada en el «uso del derecho penal como herramienta de persecución política a la disidencia y que la actuación fiscal contraría las recientes directrices dadas por el sistema universal de protección de Naciones Unidas sobre el manejo de la pandemia por covid-19».
A juicio del representante de Provea, la responsabilidad de la expansión del coronavirus en el país “es del Estado por no haber sabido canalizar bien la atención médica y el aislamiento adecuado a las personas que han retornado”. Marino Alvarado condena que estos venezolanos estén siendo confinados de manera indigna, donde pasan hambre, están hacinados y no se les garantiza un tratamiento médico adecuado y certero “estimulando así que la gente se venga por las trochas”, afirma.
El Centro de DDHH y el Observatorio de Bioética y Derecho de la Unimet especifican que una de las peores consecuencias derivadas es «que a las personas se les ha vendido la idea de que las violaciones de derechos humanos en este contexto están justificadas por razones de seguridad sanitaria, los que nos pone en el falso dilema entre seguridad y libertad, en tiempos en los que el miedo puede sacar lo peor de cualquier persona».
El Centro de DDHH de la Unimet ha contabilizado, al 13 de abril de 2020, al menos 28 casos de detenciones arbitrarias, amenazas o actos de intimidación en el contexto del estado de alarma
Para Provea la lógica estatal de querer resolver todo lo relacionado con el contexto del coronavirus con alcabalas represivas, lugares de confinamiento con la Guardia Nacional y sin la presencia de médicos, deteniendo a quienes no cumplan alguna medida “no contribuye a generar confianza, sino dificultades”.
Desde el punto de vista legal, el documento presentado por la Unimet indica que «plantearse que tanto el que contagia a una persona con dolo como el que lo hace por negligencia deben ser penalmente responsables constituye una generalidad que no puede ser expuesta ligeramente, porque puede ser usada en Estados como el venezolano para la criminalización de todo el que sea diagnosticado y puede conllevar a consecuencias tan atroces como la detención de una persona por el simple hecho de ser portadora de covid-19 y no por su conducta».
La ubicación de personas en centros de cuarentena que no cumplen condiciones de salubridad o la obligatoriedad de hospitalización en áreas saturadas, parecen ser los primeros pasos en este esquema represivo y genera la consecuencia previsible de temor que, como ocurrió en el siglo XX cuando inició la epidemia por VIH, las personas contagiadas con covid-19 tendrían miedo de hacerse las pruebas diagnósticas, poniendo a Venezuela en una situación de mayor riesgo frente a la pandemia.
Alvarado también afirma que el Gobierno “al calificarlos, prácticamente, como bombas químicas que andan deambulando por todo el país, esparciendo el virus” lleva a los migrantes a evadir los controles fronterizos.
El activista de DDHH cree que el gobierno debe generar una política de dignificación de los lugares para aislar a los retornados y generar confianza para que se sientan seguros de volver al país, de cumplir la cuarentena y de someterse a las pruebas.
Por el contrario, desde las instituciones públicas, militares e incluso figuras vinculadas con la vida religiosa como el sacerdote Numa Molina, amplificaron la idea de que una persona contagiada con coronavirus -aunque ni siquiera lo sepa- intenta dañar a su entorno intencionalmente y es señalado como un delincuente.
Aunque Maduro intentó una disculpa, durante su alocución del domingo 19 de julio, al hacer referencia a las palabras usadas por el sacerdote quien llamó a los migrantes «trocheros infectados», el mandatario volvió a insistir en que las personas que él denomina trocheros «han contaminado ciudades enteras como Caracas, y estados como Miranda, Aragua y Carabobo», a pesar de que en los datos presentados desde hace un mes se revela que la proporción de los contagios comunitarios abrió una enorme brecha frente a los casos importados que ahora se convirtieron en minoría.
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