Bolivia multiplicó por seis la cifra de fallecidos e infectados por coronavirus desde que levantó la cuarentena el 1 de junio y aún no alcanzaba el pico máximo de los contagios, mientras los servicios médicos y funerarios seguían rebasados en la nación andina.
La policía retiró 420 cadáveres de domicilios y vehículos entre el 15 y 20 de julio en cinco de las ciudades más grandes. Un 85 a 90% de esas personas murió con síntomas de COVID-19, según el jefe de la policía anticrimen, Iván Rojas.
La Paz y Cochabamba, en el centro del país, están reportando más casos.
Los servicios médicos tenían dificultades para hacer pruebas a fallecidos, mientras los hospitales están mermados por contagios en su personal, reconoció el asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero. Hasta el martes, el país registraba 62.357 positivos y 2.273 fallecidos, casi la misma cantidad de decesos que Argentina que tiene cuatro veces más población que Bolivia.
Mientras los familiares de los fallecidos esperan más de un día un certificado para poder gestionar los entierros, las funerarias no pueden retirar cuerpos porque deben seguir un procedimiento especial si la muerte es por el virus.
“Ahí está el cuello de botella”, dijo el jefe de una de las mayores funerarias de La Paz que solicitó el anonimato. Agregó que muchos médicos están expidiendo certificados falsos a fallecidos por la pandemia y eso está poniendo en riesgo al personal.
Semanas atrás varios cuerpos fueron velados en las calles de Cochabamba ante tales demoras.
Las funerarias incrementaron personal y son de las pocas actividades que han crecido con la pandemia. En el cementerio de La Paz, carros fúnebres hacen fila para ingresar a los muertos.
Ante la falta de espacios, la alcaldía sólo permite entierros de muertos del municipio y cobra un equivalente a 114 dólares por la cremación, pero está saturado. Un servicio privado de cremación cuesta el doble.
“Mi hermano murió con neumonía y no podemos encontrar funeraria. Tenemos que esperar hasta mañana. Mucha gente está pasando por lo mismo y nadie nos ayuda”, dijo entre sollozos Herminia Carpio el miércoles en la puerta del mayor hospital público de La Paz a la espera de recoger el cuerpo.
En los hospitales ya no hay camas disponibles. Una mayoría mantiene sus rejas externas cerradas con una letrero: “No hay espacio». Los medios reportan casos de fallecidos en las puertas.
“La pandemia ha puesto en crisis la capacidad estatal de respuesta”, opinó el sociólogo Renzo Abrezeze. La pandemia sorprendió al país sin un plan para afrontar la crisis y con un sistema de salud precario, según los expertos.
En medio de la emergencia crecen los pedidos para aplazar las elecciones presidenciales del 6 de septiembre ante el rechazo del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del ex presidente Evo Morales, exiliado en Argentina desde que renunció a finales del año pasado en medio de una violenta convulsión que provocó 36 muertes tras las fallidas elecciones de octubre.
Seguidores del exmandatario se han declarado “en emergencia” y amenazan con volver a las protestas si se aplazan los comicios. En las encuestas aparece de favorito el candidato del MAS, el exministro de Economía, Luis Arce, pero está bajando en la preferencia electoral.
La presidenta interina Jeanine Áñez, de la alianza derechista Juntos, acusa al partido de Morales de frenar créditos con su mayoría legislativa para combatir la crisis. La mandataria marcha tercera en las preferencias y su gestión de la crisis sanitaria, salpicada de escándalos de corrupción, están mermando sus opciones. El expresidente Carlos Mesa, de la centrista Comunidad Ciudadana, aparece en segundo lugar cerca de Arce.
Con una economía 70% informal, el gobierno suspendió gradualmente la cuarentena desde el 1 de junio en un esfuerzo por reducir el impacto social en la población.
