Las aduanas terrestres y marítimas de México estarán a partir de ahora en manos de los militares para que haya seguridad y se evite la introducción de drogas y armas, según anunció el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La decisión de “rescatar las aduanas”, dijo el mandatario, se tomó por la mala administración de los puertos, el mal manejo de las instalaciones y la corrupción existente y supone dar nuevas funciones a las fuerzas armadas que, desde que López Obrador llegó al poder, acumulan cada vez más tareas, desde la construcción de grandes infraestructuras, al cultivo de árboles.
“Las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina y lo mismo en el caso de los puertos del país», indicó en conferencia de prensa desde Manzanillo, en la costa del Pacífico, donde han sido decomisadas toneladas de cargamentos de droga y precursores químicos en la última década.
El responsable de Aduanas, Horacio Duarte, explicó que el personal será “propuesto” por el ejército y la marina, que algunos militares ya se han incorporado y que todos trabajarán “bajo la coordinación, bajo el mando que estamos ejerciendo desde la Administración General de Aduanas”, lo que sugiere que, al menos en lo formal, la máxima autoridad sería civil aunque las palabras del presidente parecían indicar que, en la práctica, será lo contrario.
Hace casi un año López Obrador había reconocido que “todo lo que tenía que ver con aduanas estaba muy podrido”, que estaba ”secuestrado” por la delincuencia organizada y que las autoridades habían sido sus cómplices pero que ya se estaba limpiando. Sin embargo, esa limpieza no tuvo los objetivos deseados y decidió cambiar al responsable de las aduanas en abril, cargo para el que designó a Duarte.
Las denuncias de corrupción en aduanas son un problema en México desde hace décadas.
Manzanillo ha sido uno de los puntos más afectados -en 2010 se llegaron a asegurar 200 toneladas de precursores para hacer metanfetaminas- pero también ha sido destacada la corrupción en otro puerto del Pacífico, el de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, adonde llegan aparentemente desde Asia gran parte de los cargamentos de fentanilo y productos químicos para fabricar esta y otras drogas.
Por otra parte, los puentes internacionales del fronterizo estado de Tamaulipas, por donde pasa la mayor parte del comercio con Estados Unidos son, según los expertos, puntos estratégicos para el tráfico de drogas y armas.
Además, existe un considerable contrabando de combustible, de maderas finas y de especies protegidas.
En anteriores administraciones las fuerzas armadas ya habían tomado el control de algunos puertos por periodos determinados. En 2013, por ejemplo, la Marina tomó control del de Lázaro Cárdenas porque el cártel de los Caballeros Templarios se había apoderado de ese enclave y participaba, entre otros negocios, del comercio de hierro.
No obstante, las funciones del ejército se han multiplicado en los 20 meses de gobierno de López Obrador. Creó a la Guardia Nacional -integrada fundamentalmente por militares-, legalizó su participación en las labores policiales, y los militares lo mismo transportan víveres en catástrofes y medicinas durante la pandemia, que manejan excavadoras y se encargan de las obras del nuevo aeropuerto de Ciudad de México.
Duarte explicó que el objetivo de la estrategia anunicada el viernes será combatir todo tipo de contrabando de drogas, armas y dinero; generar más seguridad y aumentar la recaudación. Pero, además, continuar con la depuración de funcionarios.
Según dijo, en este momento hay seis investigaciones abiertas, cinco funcionarios fueron retirados de sus cargos y dos más dimitieron.
Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encargada de rastrear operaciones sospechosas, destacó en una entrevista con The Associated Press en mayo una de estas investigaciones que transciende administraciones.
Según explicó Nieto, se trata de un exlegislador del Partido Revolucionario Institucional que fue designado administrador aduanal del puerto de Progreso, Yucatán (sudeste) por el actual gobierno de López Obrador y que presuntamente traficó con pepino de mar, maderas finas y «tiburones con cocaína adentro”.
La UIF detectó movimientos sospechosos en casinos con dinero que, aparentemente, fue a parar a la campaña electoral del PRI de 2018.
No quedó claro el viernes si las aduanas de los aeropuertos se incorporarán a este nuevo esquema de funcionamiento y el Servicio de Administración Tributaria no respondió de forma inmediata a AP sobre este tema pero actualmente ya son militares fuertemente armados los que realizan las inspecciones en muchas de estas instalaciones.
La fórmula presentada para las aduanas recuerda la que se implantó en el Instituto Nacional de Migración desde el año pasado cuando se puso a varios militares en activo o retirados como jefes regionales de la institución pero bajo mando civil.
