La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) ha sido -desde su creación en 2016- el epicentro de la violencia armada, tratos crueles, inhumanos y degradantes y las desapariciones de personas vinculadas a la minería ilegal y a la comercialización de productos con el oro como medio de pago.
137 personas han muerto en territorios mineros del estado Bolívar, entre 2019 y lo que va de 2020, de acuerdo con el más reciente monitoreo de violencia armada y ejecuciones extrajudiciales de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).
45% de las víctimas no han sido identificadas por órganos policiales por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos, por múltiples heridas de bala en sus rostros y por carecer de documentos de identidad. Las organizaciones defensoras de derechos humanos luchan para que las víctimas que no han sido identificadas no sean solo números, sino huellas de un patrón de violencia que el Estado venezolano no frena.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expuso este miércoles en Ginebra las múltiples violaciones de los derechos humanos en medio de la anarquía minera al sur de Bolívar y reconoció que quienes dominan la zona son bandas criminales en complicidad con efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas, por lo que tienen patente de corso para delinquir, asesinar, torturar y desaparecer a quienes no cumplan con el orden establecido por ellos.
El aumento de la violencia surge a medida que la minería ilegal gana espacios por la agudización de la crisis económica, mientras que el Ejecutivo no pone orden pues se beneficia de la actividad como alternativa económica frente a una industria petrolera en declive.
Los más violentos
El municipio que encabeza la lista de ejecuciones extrajudiciales y homicidios como resultado de enfrentamientos entre grupos criminales y Fuerzas Armadas es Sifontes, con 47 fallecidos y 2 heridos. Estos últimos son dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) heridos en una incursión militar que dejó un saldo de cinco muertos en El Pariche, en marzo de 2019.
En El Callao murieron al menos 41 personas, mineros y miembros de grupos armados irregulares en su mayoría. Este es el segundo municipio minero más violento. Fue allí donde ocurrió una de las muertes más emblemáticas del 2020 en el estado Bolívar: el asesinato del cultor Carlos Clark, quien también era minero y dueño de la mina Las cuatro esquinas. Clark fue el fundador de la agrupación de calipso La Nueva Onda y grupos armados lo acribillaron luego de que denunció la invasión de su mina, cuyo desalojo logró con ayuda de la Guardia Nacional.
Rosalba Mara Valdez, una exconcejala de El Callao, también fue asesinada por grupos armados en diciembre de 2019 en la entidad callaoense. Valdez fue presidenta de la Cámara Municipal de El Callao y candidata a la Alcaldía en 2008 y también había sido sacada de su casa a la fuerza por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en una oportunidad. Había denunciado la incursión de grupos irregulares en las minas de El Perú, Nacupay y Los Caballos.
En este pueblo minero se han documentado hasta 10 asesinatos en menos de 48 horas.
Si bien la violencia armada al sur del estado Bolívar es mayor, los enfrentamientos y homicidios se han diseminado hacia municipios urbanos como Caroní, donde han muerto 15 personas en año y medio, sin ignorar el subregistro.
En este grupo está el líder de la banda Zacarías, conocida por tener el control de los sectores mineros El Perú, Nuevo México y Finlandia en El Callao. El hombre fue asesinado junto a otros tres miembros de la banda.
En el municipio Caroní también murió este año un efectivo de la Policía del estado Bolívar (PEB) y su cuñado, que estaba vinculado a una banda delictiva que opera también en El Callao, de acuerdo con el parte oficial.
Víctimas de “El sistema”
Los mineros y comerciantes informales son los más perjudicados por el conflicto. Codehciu documentó el asesinato de 39 mineros y 2 comerciantes entre 2019 y lo que va de este año, en su mayoría a manos de grupos criminales o bandas delictivas vinculadas indirectamente con el pranato minero.
17 de estos mineros fueron asesinados por sujetos que no pertenecen a agrupaciones criminales, a menudo otros mineros. Los asesinatos fueron perpetrados tanto con armas de fuego como con armas blancas, como machetes.
El oro es el elemento que desencadena los frecuentes enfrentamientos entre bandas delictivas, disputas entre mineros, asesinato de denunciantes y activistas; así como la desaparición de mineros, comerciantes y quien guarde relación con la compra, venta o extracción de este mineral o el contrabando de combustible. De estas consecuencias no han escapado cultores ni dirigentes políticos en el periodo de estudio.
Comunidades indígenas y no indígenas que quedan en medio del conflicto minero intentan sobrevivir a la zozobra, toda vez que familiares de desaparecidos emprenden la búsqueda por cuenta propia o se resignan a la pérdida. Codehciu documentó la desaparición de 66 personas entre 2012 y 2020 en su más reciente informe.
Entre 2019 y lo que va de 2020 al menos 63 miembros de bandas delictivas relacionados al pranato minero también perdieron la vida en enfrentamientos con el Ejército, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Dgcim. 66% de los miembros de grupos criminales murió en enfrentamientos con el Ejército.
De acuerdo con los partes oficiales, todos estaban vinculados al robo, extorsión, homicidios y cobros de vacuna, como se le conoce al porcentaje del oro extraído que debe pagarse al grupo criminal que domina la zona. Sin embargo, estas ejecuciones extrajudiciales también son una violación a los derechos humanos, por lo que la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establece consideraciones sobre la investigación y el juzgamiento de conductas punibles constitutivas de graves violaciones de los derechos humanos o de crímenes de guerra.
El conflicto armado sigue cobrando vidas mientras las víctimas colaterales como mineros y comerciantes informales se enfrentan al epicentro de la violencia para sobrevivir a la emergencia humanitaria.
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