El nuevo informe de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, sigue mostrando las grandes vulneraciones de los derechos humanos en el país. El último documento se hace eco con minuciosidad de la peligrosidad de las zonas mineras de sur del estado Bolívar y los daños que esto ha generado a los ciudadanos que allí trabajan y a las comunidades indígenas cercanas a estas zonas.
El equipo de Bachelet señala que la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) está controlada por grupos delictivos organizados. Estos imponen sus propias reglas, sacan beneficios económicos a todo lo que implica trabajar en estos territorios y aplican tratos crueles, asesinan y desaparecen a personas que no cumplan con su normativa.
El Arco Minero del Orinoco fue creado el 24 de febrero de 2016 por el gobierno nacional. Prometían —entre otras cosas— la explotación racional del mineral, mediante el uso de prácticas y tecnologías amigables con el ambiente sin el uso de mercurio, además de un plan de protección y promoción de los derechos humanos de los trabajadores para que los mineros dejarán de ser esclavos.
Desde ese momento y obligados por la emergencia humanitaria compleja miles de venezolanos migraron hacia esta zona buscando mejores oportunidades de vida. Las minas le ofrecían mejores entradas de dinero por la explotación de minerales.
Sin embargo, nada fue como lo propagandeado. Desde hace cuatro años el Arco Minero del Orinoco representa un área de alta contaminación, destrucción ambiental y que ha servido de combustión para la violencia en el sur del estado Bolívar, protagonizada principalmente por grupos armados amparados por las Fuerzas Armadas.
Lo expuesto por el Acnudh señala que los grupos armados no trabajan solos, sino bajo la complicidad de funcionarios de seguridad del Estado: “el tráfico y la violencia siguen siendo elevados debido a la existencia de un sistema de corrupción y soborno al servicio de grupos que controlan las minas; estos grupos pagan a algunos jefes militares para mantener su presencia y sus actividades ilegales”, exponen textualmente en el informe sobre la Independiencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco.
Acnudh también refleja un sistema de explotación laboral e infantil donde el más perjudicado es el trabajador minero y los pequeños comerciantes informales. Estas personas trabajan en condiciones peligrosas y están obligados a destinar un porcentaje de sus ingresos a los grupos armados.
Detallan que para trabajar en las minas estos grupos delictivos exigen a mineros que paguen entre el 10 y 20% del mineral extraído, y alrededor del 15 al 30% al propietario del molino donde se trituran las rocas para la extracción de oro.
Algo que genera bastantes beneficios económicos a los delincuentes, pero pocos dividendos a quienes se exponen a múltiples peligros para tener un mínimo de ingresos para vivir.
El equipo de la alta comisionada documentó además cinco casos de personas que habían desaparecido mientras trabajaban en las minas entre 2016 y 2020. Eso sin la preocupación de organismos del Estado para buscar a las personas que desaparecieron en condiciones de grave criminalidad.
“Los familiares que buscan a los desaparecidos denunciaron la falta de apoyo de las autoridades, incluidas las agencias de investigación, en sus esfuerzos por descubrir la verdad y obtener justicia”, señaló textualmente la oficina de Naciones Unidas, situación que ha sido reflejada en el trabajo de la Comisión (Codehciu) en la investigación Fosas del Silencio, publicado en La Vida de Nos.
Mujeres afectadas
El informe señala que la contaminación por mercurio en la explotación de oro puede generar daños graves a mujeres, quienes están en contacto directo con el agua, en particular en tareas domésticas. “Esto las expone a mayores riesgos para la salud, sobre todo en el caso de las mujeres embarazadas ante el peligro de los defectos neurológicos que el mercurio puede provocar en los fetos”.
La organización identificó un aumento desde 2016 de la prostitución, la explotación sexual y la trata en las zonas mineras, incluso de niñas adolescentes. “La prostitución se organiza ya sea en pueblos cercanos o dentro de las zonas mineras en las llamadas currutelas, que son barracones construidos con tablones”, determinaron, pero esta investigación apenas comienza.
Sumado a esto, tanto mujeres como hombres trabajan más de 12 horas diarias exponiendo su vida a enfermedades como paludismo, sin medidas de seguridad mínima lo que aumenta las probabilidades de morir tapiados por los movimientos de tierra en los grandes cráteres que genera la explotación del mineral aurífero.
Daños a pueblos originarios
Los pueblos indígenas informaron a la Acnudh sobre del aumento de la violencia y los actos de intimidación que desde 2018 se originaron por la presencia de órganos militares y bandas criminales que acabaron con la paz y la seguridad en sus comunidades.
Poblaciones indígenas denunciaron que la explotación ilegal de oro generó la deforestación de sus territorios, la contaminación de las vías fluviales, la fauna y la existencia de brotes de enfermedades infecciosas. Según estos grupos indígenas, la contaminación de los ecosistemas ha afectado sus dietas tradicionales dado que alteró medios de vida como la pesca, la caza y la cosecha.
Los grupos armados que aprovechan la explotación de oro también extorsionan y controlan la circulación de suministros esenciales como combustible y medicamentos. Miembros de comunidades indígenas informaron a la Acnudh de que estos grupos les imponían un pago en oro para obtener bienes y servicios para su desarrollo.
Sin embargo, en vez de generarse políticas públicas para evitar más muertes y la pérdida de espacios ambientales, los que son valiosos para la siembra y la pesca, el Gobierno nacional ha promovido de forma continua la explotación de oro y la destrucción ambiental.
El Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, a través de la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.526 publicada el miércoles 8 de abril, determinó las áreas geográficas en las cuales la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM) podía ejecutar actividades mineras para la explotación del oro y diamantes en el Arco Minero del Orinoco.
En la resolución se consideraba como zonas estratégicas para la explotación de minerales ríos como el Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní, cuencas vitales para la Amazonía.
 El informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU expone que estos grupos delincuenciales reproducen el modelo del pranato que existe en algunas cárceles |
En el informe el equipo de la alta comisionada expuso que la expansión de la actividad minera es un factor perturbador en las formas de vida tradicionales de los indígenas y afecta su capacidad para mantener una relación espiritual con sus territorios.
Acnudh indicó que la expansión de la minería “han afectado considerablemente el derecho fundamental de los pueblos indígenas a la autodeterminación y sus derechos con respecto a sus tierras, territorios y recursos, a la conservación y protección del medio ambiente, y a vivir en paz y seguridad”.
El informe señaló que las autoridades policiales no han podido prevenir, investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería.
No obstante, pocas han sido las intenciones de funcionarios de seguridad del Estado por garantizar y respetar los derechos humanos en estas zonas. De los 16 enfrentamientos violentos que registraron desde 2016, ocho fueron ejecutados por cuerpos de seguridad del Estado.
En estos eventos violentos que organismos como la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) han catalogado como masacres, se asesinaron a mineros y a miembros de bandas criminales. El gobierno nunca dio explicaciones sobre estos hechos.
En 2018, el estado Bolívar tuvo la segunda tasa más alta de “muertes violentas” en el país por la explotación de oro. Fueron asesinados 107 personas de cada 100 mil habitantes. El Callao fue el municipio más violento de Venezuela, con 620 homicidios cada 100 mil habitantes. El segundo fue el municipio Roscio, Guasipati, con una tasa de 458 muertes por 100 mil personas, según datos de la organización no gubernamental, Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
“Ambos municipios con una criminalidad vinculada a la actividad minera legal e ilegal, a los grupos armados y a la presencia de los llamados sindicatos, a los que se suma la actuación letal y violenta de los operativos policiales o militares en la zona”, señaló textualmente el OVV.
Acceso a la justicia en Bolívar
Acnudh también habló sobre las irregularidades del sistema de justicia venezolano dada la falta de independencia que tiene los órganos que forman parte del proceso. Estas violaciones no han permitido el cumplimento correcto de los procesos ni lograr justicia para los afectados.
Indicaron de acuerdo a lo recopilado que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal. En el informe se establece que jueces esperan instrucciones para poder tomar decisiones dado el miedo a ser despedidos o sufrir represalias.
En el documento el equipo de la alta comisionada mostró su preocupación ante el continuo uso de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles como es el caso del sindicalista Rubén González. El secretario general del sindicato de trabajadores de Ferrominera Orinoco fue injustamente sentenciado a más de cinco años de prisión en un proceso viciado y por el que todavía sigue preso.
En los casos de violaciones del derecho a la vida presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad, la Acnudh detectó obstáculos estructurales para cumplir con las investigaciones.
 “Según las informaciones recibidas por la @OACNUDH, es frecuente que cadáveres de mineros sean arrojados en pozos abandonados que sirven de fosas clandestinas”, detalla el informe |
Detallaron que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) rinde cuentas al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el cual supervisa otros organismos encargados de la seguridad ya reconocidos por sus ajusticiamientos extrajudiciales, lo que significa un potencial conflicto de intereses para las instituciones del Estado.
Acnudh logró determinar que muchas de las investigaciones del Ministerio Público sobre presuntas violaciones de derechos humanos no todas lograban concluirse en los tiempos establecidos o si quiera terminarse. De las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por 766 miembros de las fuerzas de seguridad, solo un total de 505 agentes fueron acusados, 390 detenidos y apenas 127 fueron condenados.
Los bolivarenses conocen perfectamente estas violaciones. Uno de los casos más representativos en Bolívar -que coincide con lo establecido en el informe- es la masacre a la comunidad pemón de Kumarakapay, en el municipio Gran Sabana, en su intento por ayudar en el ingreso de la ayuda humanitaria en 2019.
A pesar de las medidas de autonomía de la etnia sobre su territorio, funcionarios de seguridad del Estado hirieron de bala a más de 12 personas y asesinaron a otras cuatro, de las cuales tres formaban parte de la comunidad indígena.
Olnar Ortiz, coordinador de Pueblos Indígenas en Foro Penal, señalaba para febrero de este año que “a pesar que hemos hecho las denuncias de manera formal ante las instancias de derechos fundamentales de la Fiscalía General de la República no se ha adelantado mayor investigación, no se ha acusado a nadie”.
Acnudh concluyó que estas irregularidades impiden que “el Poder Judicial ejerza su función clave como un actor independiente en la protección de los derechos humanos y contribuye a generar impunidad y la persistencia de violaciones de estos derechos”.
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