El gobierno de Nicaragua confirmó el martes que las próximas elecciones generales se celebrarán el 7 de noviembre de 2021 y anunció una ampliación del plazo para la legalización de los partidos políticos participantes.
La decisión está plasmada en una resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE) aprobada el lunes y recién publicada en el diario oficial La Gaceta.
La resolución señala que la actual pandemia del coronavirus ha limitado los procesos de certificación de personalidad jurídica —el estatus legal— de las organizaciones políticas, requisito indispensable para participar en procesos electorales. Por lo tanto, “resuelve ampliar el plazo para la obtención de personalidad jurídica hasta cumplirse todos los requisitos en un máximo de 5 meses antes del día en que se celebren las próximas elecciones de autoridades nacionales el 7 de noviembre de 2021”, indicó la resolución.
Políticos opositores reaccionaron de inmediato en contra de la disposición del CSE por considerar que tal medida implica una reforma de facto a la Ley Electoral, lo cual es potestad exclusiva de la Asamblea Nacional. Es un “procedimiento nulo y viciado” porque la Ley Electoral solamente puede ser modificada mediante una reforma parcial a la Constitución Política, dijo el abogado y dirigente opositor José Pallais.
Según el CSE, la ampliación del plazo busca asegurar “la participación de las organizaciones políticas debidamente acreditadas así como la certificación de su personería jurídica de acuerdo a las condiciones y requisitos que se establecen en la ley”.
Es la primera vez que el tribunal electoral confirma la fecha exacta de las elecciones presidenciales previstas para 2021.
Tras la revuelta social que estalló en abril de 2018 y que dejó cientos de muertos, heridos y detenidos por la policía, la oposición exigió al presidente sandinista Daniel Ortega adelantar los comicios por considerar que su gobierno no era democrático y debía renunciar a su cargo. Él rechazó esos reclamos.
El exguerrillero de 74 años, que gobernó por primera vez en la década de 1980, regresó al poder mediante elecciones en 2007. Volvió a postularse dos veces más (2011 y 2016) y fue declarado ganador en medio de denuncias de fraude electoral.
El analista Eliseo Núñez dijo a un medio digital independiente que la resolución del CSE, controlado por magistrados allegados a Ortega, podría ser “una carnada” para que los partidos de la opositora Coalición Nacional abandonen esa alianza, formada el 25 de junio pasado, y busquen inscripciones individuales, lo cual dividiría el voto antisandinista.
En el mismo sentido, el disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS, centroizquierda) emitió un comunicado “rechazando” la resolución del CSE, a la que calificó como “migajas” y “una burla” a quienes han demandado “elecciones limpias, transparentes, competitivas y adelantadas”.
“Sólo habrá condiciones para unas elecciones libres, con el pleno restablecimiento de las libertades y derechos ciudadanos, con una verdadera y profunda reforma electoral, el cambio total de los integrantes del CSE y la depuración del sistema electoral”, señaló el informe del MRS, movimiento opositor a Ortega y que fue proscrito por el tribunal electoral en 2008.
Mientras tanto, el gobierno anunció que se encuentra “preparado” para reanudar las operaciones de vuelos comerciales en el aeropuerto internacional “Sandino” de Managua, que ha estado cerrado desde el 28 de abril, debido a la pandemia de coronavirus.
El aeropuerto abrirá “con todos los cuidados y las medidas de protección”, dijo la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, en sus habituales declaraciones de mediodía a medios oficiales.
Anunció que por disposición del Ministerio de Salud se pedirá a los viajeros una constancia de prueba negativa del COVID-19 realizada 72 horas antes de ingresar a Nicaragua, y se rechazará a aquellos extranjeros que presenten “fiebre o síntomas respiratorios”.
“Los aviones tienen que ser fumigados y cumplir con todos los requisitos” sanitarios, agregó Murillo.
El gobierno de Ortega ha sido cuestionado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por no tomar medidas de distanciamiento social y prevención del contagio de coronavirus y, por el contrario, promover aglomeraciones al aire libre y en espacios cerrados.
