El diputado a la Asamblea Nacional y uno de los presos políticos del régimen, cumple 700 días detenido en los calabozos del Servicio Bolivariana de Inteligencia Nacional (Sebin).
Requesens fue detenido sin orden judicial, el 7 de agosto de 2018, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), aun cuando goza de inmunidad parlamentaria. La detención ocurrió en su residencia y junto a él fue detenida su hermana Rafaela Requesens.
Durante las primeras horas de detención a ambos les fue negado el derecho de comunicarse con sus familiares y abogados quienes desconocían el sitio donde se encontraban detenidos. Rafaela fue liberada después.
Al día siguiente el Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura de Maduro, decretó su detención como flagrante, aún cuando está siendo implicado en un hecho ocurrido (magnicidio en contra de Nicolás Maduro) el 4 de agosto del 2018, tres días antes de su detención.
La detención arbitraria, aislamiento, no acceso a abogados, interferencia del Ejecutivo, el uso político de confesión incriminatoria, son condiciones que propician el crimen internacional de la tortura.
Al respecto, el Grupo de Trabajo de la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha exigido en reiteradas oportunidades, no solo su liberación inmediata, sino que el régimen le ofrezca “una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.
No obstante, la dictadura ha rechazado todas las recomendaciones de la ONU y demás mecanismos de derechos humanos y ha mantenido de manera ilegal, secuestrado al diputado, como una especie de rehén político.
