Este jueves 2 de julio (fecha, por cierto, negra para el régimen), el Colegio de Abogados del estado Lara divulgó un Comunicado que firma su presidente, José Luis Machado Astudillo, el cual, aparte de la inquietud y la extrañeza que enseguida produjo en mí, dio lugar a ciertas preguntas, que trataré de intercalar, sin mayores comentarios.
Lo primero que se lee en el escrito en cuestión es que el mismo se suscitó luego de un encuentro institucional con la Juez Rectora de la entidad, el presidente del Circuito Penal, la Fiscal Superior y la Secretaria General de Gobierno.
Se sugiere que lo tratado allí fue con el propósito de “mejorar el sector justicia”, especificándose el ánimo común de “flexibilizar” registros y notarías. ¿Qué se logró con miras a encarar semejante drama?: el compromiso de los funcionarios locales de “interceder ante el Gobierno Nacional”, a objeto de “presentar propuestas viables documentadas”.
Luego de tal introducción, como si la sola enunciación del compromiso burocrático bastara y, además, como si en el país hubiese algún antecedente, remoto o reciente, capaz de abrirle paso a la esperanza de rectificación por parte de quienes tienen secuestrada a la dama ciega, el mismo texto cambia de tópico y, de repente, tan solo unas líneas más adelante, pasa de la angustia gremial por “mejorar el sector justicia”, a lo que quizás (o sin quizás) era la materia que, en el fondo, movía a los funcionarios de marras al producir el cónclave: la “situación política”. El asunto electoral.
Es entonces cuando en el Comunicado, a partir del sexto parágrafo, se deslizan ciertas consideraciones que no dudo en calificar de alarmantes. Veamos:
Dice el honorable presidente de los abogados que “ha consecuencia (sic) de la Tramoya Judicial en que nos encontramos”, se requiere de “UNIDAD MÍNIMA” (en mayúsculas, pero mínima, si nos atenemos al texto). Esto, añade, permitiría “aprovechar los pocos espacios que aún ha permitido el Gobierno Nacional”. Y, en medio de ese escabroso escenario, el Comunicado llama a ejercer el derecho al sufragio y, ¡atención!, escarba mucho más hondo en sus enunciados: “Es oportuno dar un voto de confianza a los órganos jurisdiccionales de la Administración de Justicia Venezolana y a la Justicia Militar”. Aparte de un implícito aval al CNE fraguado por la dictadura con sus ávidos serviles, ¿se propone también reconocer y bañar de loas al TSJ ilegítimo, al nefando fiscal Saab, a los patibularios entogados de Padrino, que no se cansan de aplicar sus códigos de guerra a civiles, incluidos sus abogados defensores, reos de “rebelión”, “traición” y cuanto desmán revolucionario se les ocurra?
Por último, el comentado papel repudia los ataques que desde las redes sociales se difunden, “para destruir el honor, dignidad y personalidad de las personas que ejercen cargos públicos”. Cita puntualmente dos ejemplos, a saber: las críticas de Patricia Poleo a la Fiscal Superior “en ocasión al ciudadano que padece síndrome de Down” (cero alusión al dato, injustificable por salvaje, de que ese joven fue apresado durante una protesta por deficiencias en los servicios públicos, en El Tocuyo).
El otro caso es el del “incidente” en que se vieron involucradas la abogada Eva Sofía Leal Bastidas y una teniente de la GNB. El suceso del joven con Down y el de la abogada Leal Bastidas, golpeada ésta última con brutal saña por una uniformada mientras era sometida, contra el suelo, y aun así la amenazaron con llevarla a juicio militar; estos dos hechos tan sensibles para los larenses, están insertos en los argumentos del Comunicado abogadil, a la hora de invocar un cese a la difamación en perjuicio del honor y dignidad de “quienes ejercen cargos públicos”.
1) ¿Qué relación hay entre el encuentro con los funcionarios y las propuestas políticas y de sumisión que se desgranan en un mismo texto?
2) Cuando se habla de “Gobierno nacional”, ¿se olvida que existe un Presidente interino reconocido por 50 países?
3) Al desaprobar la vocación calumniosa de la Poleo, ¿por qué no se equilibra la recriminación, incluyendo también a esas pestilentes bazofias televisivas llamadas Zurda Conducta y La Hojilla? Y,
4) ¿Qué futuro tan incierto nos espera si atendemos el llamado a reivindicar a los desalmados que persiguen, vejan y torturan a los opositores por el delito de protestar, y glorificamos a jueces cebados en el ejercicio del terror de denegar toda justicia?
José Ángel Ocanto
