Tres contratistas de defensa estadounidenses que estuvieron cautivos durante cinco años a manos de rebeldes de las FARC están más cerca de cobrar una sentencia de 318 millones de dólares contra sus antiguos captores, luego de que un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una apelación de un empresario venezolano sancionado cuyos activos quieren reclamar.
El magistrado Clarence Thomas se negó a escuchar la apelación de emergencia presentada por Samark López, manteniendo el fallo de un tribunal federal de apelaciones que entregó inmediatamente más de 53 millones de dólares de las cuentas bancarias del empresario en Estados Unidos que habían sido incautadas previamente, aunque el fallo del tribunal de apelaciones está siendo impugnado.
Sin embargo, su equipo de defensa dijo que no existe evidencia, ni la certeza, que conecte directamente a López con los rebeldes que mantuvieron cautivos a los tres estadounidenses, salvo su relación con un funcionario venezolano que supuestamente tenía vínculos con el grupo.
Y si los hombres logran obtener el dinero, podría permitir que víctimas de los rebeldes se adelanten a los acreedores venezolanos y a los opositores de Nicolás Maduro que buscan recuperar los bienes que supuestamente les fueron robados a través de la corrupción, de acuerdo con Russ Dallen, director de Caracas Capital Markets, el cual da seguimiento a los litigios que involucran a Venezuela. Mencionó la decisión en un reporte emitido el jueves.
Los abogados de López depositaron sus esperanzas en una segunda apelación de emergencia presentada el martes ante la magistrada Sonia Sotomayor, de conformidad con las normas de la Corte Suprema.
Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes fueron capturados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2003, cuando su avión hizo un aterrizaje forzoso por problemas con el motor durante un vuelo que monitoreaba el tráfico de drogas. El piloto, Tom Janis, fue asesinado por los rebeldes.
Los tres trabajaban para Northrop Grumman. Fueron liberados hace 12 años junto con varias personas más, incluida la excandidata a la presidencia de Colombia Ingrid Betancourt, en un temerario rescate del ejército colombiano.
En 2012, un juez federal de Florida concedió a los tres hombres una indemnización de 318 millones de dólares a pagar de las cuentas bancarias y bienes incautados a individuos vinculados con las FARC, las cuales fueron designadas como grupo terrorista por parte de Estados Unidos.
Pero no habían podido recibir el dinero hasta que el presidente Donald Trump promulgó en 2018 la Ley de Aclaración Antiterrorista, que permite que las víctimas de grupos terroristas reciban activos incautados por el gobierno estadounidense bajo la ley “kingpin”.
La nueva ley permitió que los hombres fueran tras los activos de López bloqueados en Estados Unidos, que incluyen una cuenta de Citibank con 269 millones de dólares, dos yates, un avión y propiedades de lujo en Miami.
López es un poderoso hombre de negocios en Venezuela cuya fortuna creció gracias a los contratos gubernamentales obtenidos en las últimas dos décadas de mandato socialista. Fue sancionado por Estados Unidos en 2017 como “capo de la droga” junto con el entonces vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, por supuestamente lavar ingresos del tráfico internacional de narcóticos.
Pero los vínculos de López con las FARC son tenues, según su defensa, en la que está Dick Gregorie, un exfiscal de Miami con un largo historial de encarcelar a narcotraficantes. El año pasado, durante un juicio por el reclamo de los tres hombres sobre sus activos, expertos presentados por los demandantes —entre los que había un exagente de la DEA— afirmaron que López sólo tenía lazos indirectos con los rebeldes a través de su amistad con El Aissami, quien según las autoridades estadounidenses ayudó a las FARC a mover cocaína a través de Venezuela.
Las FARC no fueron mencionadas directamente cuando se sancionó a López y El Aissami en 2017, y los únicos cargos penales conocidos contra los dos hombres son por fletar vuelos privados en Estados Unidos, lo que violaría las sanciones, y no por narcotráfico.
“A pesar de estos hechos claros, los demandantes orquestaron la incautación de los bienes del señor López en Estados Unidos sin probar, como lo requiere la ley, que el señor López brindó apoyo material o ayuda a las FARC”, dijeron los abogados de López en un comunicado.
Los abogados pidieron a organizaciones de la comunidad jurídica que revisen la cuestión y se unan a su cliente en su intento de evitar que los demandantes confisquen bienes sin prueba de asistencia a una organización terrorista.
