El aumento del número de diputados que decidió el CNE favorece a la revolución, profundiza la desconfianza en las venideras parlamentarias y no resuelve la proporcionalidad. Francisco Castro, director de Súmate, señala que un partido con 60% de los votos podría obtener el 90% de los curules
El aumento del número de diputados que decidió el Consejo Nacional Electoral (CNE), designado por la Sala Constitucional, favorece a la revolución y agrava desconfianza en las venideras parlamentarias. Pero, además, no resuelve la proporcionalidad.
La presidenta del CNE, Indira Alfonzo, anunció el 30 de junio el incremento de de 167 a 277 parlamentarios, basándose en un supuesto aumento poblacional del país.
Sobre esta decisión, el director de Súmate, Francisco Castro, advierte que «el incremento, en sí mismo, no resuelve los problemas de proporcionalidad del sistema electoral. Tememos que aumentar de diputados no obedezca a criterios técnicos orientados a mejorar la justicia de los mecanismos de transformación de votos en escaños».
Castro añade que los cambios introducidos de forma ilegal por el Poder Electoral no se traducirían en un sistema que distribuya con mayor justicia los votos. De allí su creencia de que el aumento de los diputados representa un elemento de mayor perturbación al sistema político que se podría traducir en un agravamiento de la crisis institucional del país.
«El incremento a 277 diputados es una violación flagrante y exagerada a la Constitución ya que modifica los cálculos de base poblacional, claramente establecidos en el artículo 186. Además, la inclusión de una supuesta lista nacional de 48 diputados incluso es una violación al sistema federal de gobierno que establece la Carta Magna», indica Castro.
El experto electoral refiere que los análisis preliminares apuntan a que un sistema como el planteado por el nuevo CNE no resolverá los problemas de sobre representación o de subrepresentación que se han utilizado como argumento. Agrega que hasta podrían agravarse esos problemas.
Para Castro, el CNE se extralimitó en las órdenes dadas por la Sala Constitución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en su sentencia 068 del 5 de junio de 2020.
Diputados en un sistema injusto
El director de Súmate cree que los cambios del sistema electoral favorecerán ampliamente a quien obtenga la mayoría de los votos en las parlamentarias realizadas bajo el nuevo sistema de asignacion de escaños.
«Unos cálculos preliminares indican que un partido con 60% de los votos podría obtener 90% de los curules. Esto no beneficia a la democracia, ni a la pluralidad, ni a la representación de las minorías, ni a nadie, solo beneficiaría al partido o coalición dominante. Podría ser la sobre- representación más grosera de la historia republicana venezolana», subraya Castro.
Asimismo, sostiene que los elementos técnicos como los modificados por el CNE no son comprendidos por los ciudadanos. Enfatiza que en ese contexto lo más preocupante son aspectos como la actualización del Registro Electoral (RE), la inclusión de mas de 2,5 millones de jóvenes en Venezuela que no han tenido oportunidad de inscribirse; y los mecanismos para que el sistema electoral garantice el votar sin intimidación ni coacción.
«No se habla de la configuración de un sistema que cuente los votos con transparencia. Además, el CNE no ha dado respuesta a las muchas interrogantes que aún hay sobre las denuncias de fraude en Bolívar, o sobre el aumento artificial de los votos en la Constituyente. Estos son elementos mucho mas dispersadores del voto opositor y mucho más centrales», argumenta Castro.
Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Raffali advierte sobre las intenciones del CNE, proclive a la revolución, al concretar los cambios en el sistema electoral.
“La reforma inconstitucional de la Ley de Procesos Electorales para crear un Parlamento paquidérmico, es parte de la estrategia totalitaria. Todo esto es un gran fraude continuado a los principios electorales previstos en la Constitución”, señaló Raffali, en su cuenta de Twitter.
El abogado también puntualizó que la ley electoral no puede modificarse con menos de 6 meses de antelación a las elecciones. Por ser parte de la Reserva Legal, solo la Asamblea Nacional (AN) puede reformar la Ley Electoral.
«La potestad reglamentaria del CNE no abarca la posibilidad de alterar el sistema electoral previsto en la ley», señaló Juan Manuel Raffali.
Se saltaron a la AN
Francisco Castro califica como ilegítima la vía que se tomó para los cambios electorales. «Es importante destacar que todos estos cambios al sistema electoral son materia Constitucional en primera instancia y de una Ley Orgánica (Lopre) en segunda instancia. Esto significa que todas estas modificaciones deben pasar por la aprobación de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Pretenden modificar el sistema político vía reglamentos es una aberración jurídica», puntualizó.
Castro recuerda que la razón constitucional por la cual el Parlamento es quien elige los rectores del CNE ,y con las 2/3 partes, es porque se trata de una elección de segundo grado, al ser el Poder Legislativo depositario de la representación popular.
«Pretender elegir el CNE desde el TSJ, como se hizo, es sin duda es una violación de este principio básico y sólo contribuye a agravar la crisis institucional», agrega.
Ignacio Ávalos, directivo del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) lamenta que las decisiones del nuevo CNE «no sean una buena noticia para el inicio del proceso comicial de las parlamentarias».
Ávalos mostró su preocupación porque la directiva comicial no resultara de un acuerdo político y del proceso del Comité de Postulaciones Electorales. De allí las dudas sobre la composición de un árbitro que sirviera para ir despejando la crisis política como génesis de la crisis institucional del país.
Asimismo, indica que el Poder Electoral no tiene potestad para aplicar la ley como lo hizo y menos para vulnerar la proporcionalidad establecida en la Constitución al incrementar el número de diputados.
«Los cambios en la proporcionalidad deben hacerse con base al censo poblacional y los datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Sobre qué base se hizo la modificación? Tendría lógica si la población creció, pero además no es potestad del CNE, sino de la Asamblea Nacional», puntualiza Ignacio Ávalos.
Diputados electos con nuevo árbitro
Sin entrar en opiniones políticas, subraya Ignacio Ávalos, el CNE es el árbitro de una contienda que comienza con varias fallas.
«Las dudas no se resuelven con los nuevos rectores y con los cambios. Las parlamentarias lejos de iniciar con un árbitro imparcial, lo hacen con un árbitro parcial hacia un lado, fruto del acuerdo del gobierno con un grupo de dirigentes de la mesita», esboza Ávalos.
Agrega que hacer una elección no es un proceso mágico. En ese sentido, al complejo cronograma comicial que se requiere, se suma la pandemia. Advierte que lo deseable sería realizar una contienda transparente y con garantías, algo diferente a las elecciones presidenciales de mayo de 2018 cuestionadas no solo por el país también por la comunidad internacional.
Refiere que una investigación hecha por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) en 2019, indicó que los procesos comiciales en América Latina requieren en promedio de 9 meses de preparación.
«Hacer un proceso electoral no es soplar y hacer botellas. Sí a eso se le agregan el impacto del incendio de los galpones del CNE sobre las máquinas, la necesidad de actualizar el software y de reestructurar los organismos regiones del Poder Electoral, la situación es más compleja», puntualiza Ignacio Ávalos.
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