En lo que va de 2020 la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) ha documentado cuatro desapariciones ocurridas en 2020, según su más reciente informe. El perfil de los desaparecidos comprende tanto mineros como comerciantes y, en general, todo aquel que tenga una vinculación con el negocio del oro.
El monitoreo actualizado de la organización defensora de derechos humanos registra 66 desaparecidos entre 2012 y 2020 en las zonas mineras del sur del estado Bolívar: 11 mujeres y 55 hombres; solo 11 han aparecido. Los casos han sido documentados desde julio de 2019 y sus historias publicadas en noviembre, en alianza con La Vida de Nos.
En ese período, el 2019 fue el año con más desapariciones documentadas: 22 personas desaparecieron entre marzo y diciembre del año pasado. Al menos el 50% de los desaparecidos manifestó que volverían a su hogar en los días próximos, y nunca llegaron.
 En Caroní se documentaron más casos de desaparición que en el municipio minero de El Callao | Fotos William Urdaneta | Archivo |
Algunos familiares emprenden la búsqueda de sus seres queridos por cuenta propia porque desconfían del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), otros emiten la denuncia y otros se resignan a que sus parientes ya no volverán y se entregan al luto, sin cuerpo, por miedo a denunciar, o por desconfianza hacia las autoridades competentes que, o subestiman el caso, o no tienen suficientes equipos para emprender la búsqueda.
13 personas acudieron al Cicpc para denunciar el caso de desaparición de sus familiares, cuatro parientes no acudieron a las autoridades por desconfianza. No se ha comprobado el estatus legal del 74,24% de las denuncias.
El proceso de búsqueda es aún más desesperante cuando tanto la víctima como sus familiares residen en otro estado, ajeno del estado Bolívar. El balance de Codehciu arrojó que 13 personas desaparecidas en Bolívar decidieron movilizarse desde Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Nueva Esparta, Mérida, Miranda, Sucre y Táchira hasta las minas del sur para dedicarse a la minería o a comerciar dentro de las minas y en ese contexto desaparecieron.
El 18,18% de las personas desaparecidas se dedican a la minería, mientras que el 12,12% se dedica al comercio informal dentro de las minas, en municipios urbanos o solo fue a vender un artículo en las minas y nunca regresó.
El Arco Minero del Orinoco (AMO) es el epicentro de una espiral de violencia en la que se enfrentan grupos armados irregulares, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y miembros del Ejército Nacional y Guardia Nacional Bolivariana por el control de los territorios mineros.
En medio del conflicto, mineros ilegales que vieron en los yacimientos del sur de Bolívar una oportunidad de soportar la emergencia humanitaria compleja que azota al país desde hace al menos 4 años y que deben someterse a condiciones de trabajo inseguras, deben pagar vacunas de lo que sacan en los yacimientos auríferos toda vez que líderes negativos imponen sus normas con castigos inhumanos.
Sifontes y Caroní encabezan la lista
Los municipios que registraron mayor cantidad de personas desaparecidas son Sifontes (26), Caroní (10) y El Callao (7). En Sifontes desapareció la mayoría de las personas de los casos documentados por Codehciu, es uno de los municipios mineros más violentos.
El pueblo de Tumeremo, en este municipio, responsabilizó por mucho tiempo al Ejército Nacional por cometer ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, abuso sexual contra las mujeres, confiscación del oro de los mineros artesanales y otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en complicidad con la guerrilla colombiana.
El hombre más despreciado del territorio fue el comandante Ernesto Solís, del Fuerte Tarabay. En varias ocasiones los habitantes se movilizaron hasta la sede de la Fiscalía en Caroní para denunciar todo tipo de violaciones a los derechos humanos atribuidas a él. El comandante fue asesinado en abril del 2020, se desconoce la autoría del suceso, pero los pobladores lo responsabilizan de las 400 personas desaparecidas contabilizadas por ellos desde que Solís tomó el control del lugar, hace 3 años. Las desapariciones de octubre del 2019 que denunciaron los pobladores, eran precisamente 5 comerciantes, no mineros.
 El 18,18% de las personas desaparecidas se dedican a la minería, mientras que el 12,12% se dedica al comercio informal dentro de las minas, se desconoce la ocupación del 60% de las personas que desaparecieron |
En Caroní desaparecieron 10 personas, la mayoría son comerciantes en las zonas mineras o solo fueron a vender algún artículo en las minas, como Diego Salazar y Emmanuel García, que tenían un puesto de compra y venta de oro en el Centro Comercial Mamy de Alta Vista en Ciudad Guayana.
La mayoría de los casos documentados están ubicados en zonas dominadas por el pranato minero, por el no menos agresivo Ejército Nacional o donde incluso opera la guerrilla colombiana.
En El Callao la situación no es menos violenta. De las siete personas desaparecidas, tres desaparecieron en las minas Yin Yan, Cuatro Esquinas y Nuevo Callao. Esta última queda en el sector Nacupay, uno de los sectores más peligrosos y que está en disputa desde que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) entrara en junio de 2019 y apresara al pran líder del sector apodado el Morocho.
De todos los casos monitoreados en este municipio, solo una persona apareció, una mujer joven que se dedica a vender comestibles dentro de las minas. Sin embargo, su familia perdió nuevamente contacto con ella, la última vez que llamó informó a un familiar que ella ya no tiene consigo su documentación de identidad. Es común en las zonas del sur del estado Bolívar que el pranato minero retenga los documentos de identidad como una forma de control, de hecho, la mayoría de las víctimas que el Cicpc encuentran muertas en zonas mineras están sin documentos de identidad y con los rostros desfigurados para no ser identificados, esto de acuerdo con el monitoreo de Codehciu.
Todas las personas que pudieron ponerse en contacto con sus familiares residen en estados lejanos a Bolívar, en Miranda, Anzoátegui y Sucre. Aunque los parientes pudieron comunicarse, vuelven a perder el contacto por amenazas dentro de las zonas, porque la persona no tiene teléfono o por la poca cobertura telefónica que hay en el lugar. La incertidumbre es algo que siempre acompañará a familiares de personas que deciden trabajar al sur del estado Bolívar.
La minería se expande, el hambre del oro comienza a morder las tierras de lo que antes eran territorios sagrados, ancestrales y patrimonios de la humanidad, como el Parque Nacional Canaima, y desde ahí ruegan que no llegue el pranato minero que ya azota todas las zonas mineras del estado Bolívar, a unas más que a otras y cuyos índices de violencia también engrosan las cifras de personas desaparecidas.
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