Una jueza federal ordenó el viernes la liberación de niños detenidos con sus padres en las cárceles de inmigración de Estados Unidos, y criticó la detención prolongada de familias por parte del gobierno del presidente Donald Trump durante la pandemia de coronavirus.
La orden de la jueza Dolly Gee abarca a niños migrantes detenidos por más de 20 días en tres centros de detención familiar en Texas y Pensilvania y que son operados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Algunos han estado bajo custodia de las autoridades de inmigración desde el año pasado.
Gee señaló la reciente propagación del virus en dos de las tres instalaciones y estableció como fecha límite el 17 de julio para que los menores sean puestos en libertad con sus padres o sean enviados con patrocinadores.
Los centros de detención familiar “están ‘en llamas’ y no hay más tiempo para medias tintas”, escribió.
Según la orden de Gee, el ICE tenía 124 niños detenidos en sus centros para migrantes, que son independientes de las instalaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos para niños que viajaron sin compañía de un adulto y que tenían bajo custodia a unos 1.000 menores de edad a principios de junio. Las cifras en ambos sistemas han disminuido significativamente desde los primeros meses del gobierno de Trump debido a que Estados Unidos está expulsando a la mayoría de la gente que trata de cruzar la frontera o les requiere que esperen su proceso de inmigración en México.
Gee supervisa un viejo acuerdo judicial que rige el trato que el gobierno estadounidense da a los niños migrantes, conocido como el Acuerdo Flores. Su orden no aplica directamente a los padres que están detenidos con sus hijos.
La jueza dijo en su orden que el ICE puede no poner en libertad a los menores si no hay un patrocinador adecuado, si los padres renuncian a los derechos previstos en el acuerdo Flores o si hay una “falta previa inexplicada de comparecer ante una audiencia programada”.
Pero el mes pasado, la mayoría de los padres de familia se negaron a designar a un patrocinador cuando las autoridades del ICE les preguntaron de forma inesperada quién podría hacerse cargo de sus hijos si los adultos seguían detenidos, de acuerdo con abogados de las familias. La agencia señaló en ese entonces que realizaba una “revisión de rutina para la libertad condicional compatible con la ley” y con las órdenes anteriores de Gee.
Defensores de derechos de inmigrantes sostuvieron que el ICE debería liberar a todas las familias de los centros de detención, particularmente porque el coronavirus se ha propagado rápidamente a través de las instalaciones. En documentos entregados a la corte divulgados el jueves, el ICE informó que 11 niños y padres de familia han dado positivo al COVID-19 en el centro de detención familiar de Karnes City, Texas.
En el centro de detención de la aledaña ciudad de Dilley, por lo menos tres padres y niños, incluido un pequeño que cumplió 2 años esta semana, fueron colocados en aislamiento luego de que dos contratistas privados y un funcionario del ICE dieron positivo al virus.
Amy Maldonado, abogada que trabaja con familias bajo custodia, dijo que Gee “claramente reconoció que el gobierno no está dispuesto a proteger la salud y seguridad de los niños, lo cual es su obligación”.
“Necesitan tomar una decisión sensata y liberar a los padres para que cuiden a sus hijos”, comentó sobre el gobierno.
En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunos, sobre todo adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, puede causar afecciones más graves, como neumonía, e incluso la muerte. La mayoría de la gente se recupera.
Más de 2.500 personas que están bajo custodia del ICE han dado positivo al COVID-19. La agencia dijo que ha puesto en libertad a por lo menos 900 personas consideradas con mayor riesgo médico y que ha reducido las poblaciones en sus tres centros de detención familiar. Sin embargo, en unos documentos entregados a la corte el mes pasado, el ICE señaló que consideraba que la mayoría de la gente detenida representa un riesgo de fuga porque tenía órdenes de deportación pendientes o casos bajo revisión.
