Desde el momento cuando no se aclaró la nacionalidad de Nicolás Maduro, de acuerdo a la Ley, comenzó la usurpación de la Presidencia de la República pues tenemos en Miraflores a un sujeto que no pudo presentar su partida de nacimiento como venezolano exigida por la Constitución y hasta ahora no ha cumplido con el requisito en ratificación de la sospecha de ser colombiano y las autoridades del CNE anteriores, en violación a esta exigencia legal y formal, en debido momento deberán rendir cuentas por la violación a la Carta Magna.
El 6 de diciembre de 2015 se celebraron las elecciones parlamentarias para renovar la Asamblea Nacional, mediante votación universal, directa, secreta y personalizada con representación proporcional para el período constitucional comprendido entre el 5 de enero de 2016 y el 5 de enero de 2021.
Fueron las decimosextas elecciones parlamentarias desde 1947, cuartos comicios legislativos nacionales desde la Constitución de 1999 con la creación del actual órgano legislativo que sustituyó el antiguo congreso bicameral creado por Simón Bolívar y también las primeras celebradas después de la muerte de Hugo Chávez.
Las elecciones resultaron una contundente victoria de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, principal movimiento de oposición al régimen de Maduro, con 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional (56,2% de los votos) y la primera victoria electoral de peso para la oposición en 17 años.
La reacción del gobierno fue la designación y juramentación el 23 de diciembre de 2015 –entre gallos y medianoche por el parlamento saliente– de 34 magistrados en clara y descarada violación a la Constitución, por cuanto sus competencias habían cesado con la elección de la nueva AN. Así nació un TSJ usurpador y de allí se destaca la nulidad de sus actos con algunos “magistrados” escogidos sin cumplir los requisitos previstos en la Carta Magna, algunos con prontuario judicial.
Como se trata de un régimen de fuerza, desconocedor del orden legal, siguió como si no fuera con ellos y luego de instalada la nueva AN, para reducir la mayoría calificada alcanzada por la agrupación política opositora declaró vicios de nulidad en la elección de los diputados por Amazonas, luego de ser proclamados por el propio CNE. Como el parlamento los juramentara y se negara a aceptar la anulación por un órgano incompetente para ello, el TSJ írrito declaró a la AN “en desacato”, una aberración jurídica por cuanto un cuerpo o institución no puede entrar en esta calidad por corresponder a un acto personal o individual.
Que les importa, les sabe a carato. El máximo tribunal se convirtió en el costoso bufete del régimen respaldado por el peso de las bayonetas y una fuerza policial desmedida para la persecución y la violación de los derechos humanos en amplio record en la historia republicana del país, dejando en pañales a la dictadura del general Juan Vicente Gómez.
Ante el constante enfrentamiento con las competencias de la Asamblea Nacional, el indocumentado convocó la elección de una Asamblea Nacional Constituyente con el pretexto de redactar una nueva Constitución, órgano hasta hoy de tarea incumplida y próxima a cumplir tres años, elección realizada el 30 de julio de 2017, escogida en un ámbito territorial y sectorial, bajo control del CNE, de manera amañada y con elevada abstención a 537 de los 545 diputados a la írrita ANC con menos del 12 por ciento del padrón electoral, contrario al anuncio del órgano electoral que nadie sabe hasta ahora de dónde sacaron una abultada cifra nunca vista en las mesas de votación.
El mismo día la presidente del CNE, Tibisay Lucena, anunció el desarrollo de las votaciones con gran tranquilidad: «La gente está saliendo de sus casas para expresar su soberanía a través del voto» asegurando que más de 99,5 % de los centros de votación estaban abiertos y que «99 por ciento y más de la población venezolana está votando en este instante en todos los centros del país».
Los 28 países miembros de la Unión Europea y una veintena más de naciones del mundo libre y democrático desconocieron de inmediato la elección fraudulenta de ese parapeto ilegal, convocado por Maduro de modo irregular solo reconocido por sus socios y beneficiarios de la economía venezolana Cuba, El Salvador, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Rusia, Siria e Irán mientras Uruguay pedía no instalarla hasta luego de un diálogo «sincero», ya que a su juicio podría «deteriorar la democracia».
De nuevo mancillando a la maltrecha Carta Magna, el parapeto constituyente se dedicó a asumir las competencias de la legítima AN, a recibir las cuentas del indocumentado, a designar funcionarios y embajadores, ente otras usurpaciones, actos todos de total invalidez.
A esta apretada relación de las principales acciones del régimen con el fin de perpetuarse para siempre en el poder, saquear las riquezas naturales para llenar sus bolsillos, destruir sus instituciones desde Pdvsa hasta hospitales y escuelas, además de arruinar a la sufrida población venezolana, agreguemos que aquel TSJ nacido en los apuros del cese de la anterior AN ahora designó sin facultades para ello a un CNE de militantes y amigos del régimen para atornillarse más.
Por si fuera poco, ese írrito TSJ hizo lo nunca antes cometido en Venezuela desde que Páez en 1830 sacara al país de las entrañas de la Gran Colombia, el sueño del Libertador Simón Bolívar: robarse los símbolos y valores de los partidos políticos para entregárselos a una banda de facinerosos para armar una nueva tramoya política con unas elecciones fraudulentas y apoderarse de la AN y armar como un Lego una mayoría que le pueda apoyar las miles de sinvergüenzuras y la destrucción final de esta sufrida Tierra de Gracia como la llamara Cristóbal Colón en carta a los reyes.
Juan José Peralta
