Una protesta a pocos metros del Edificio Padrón, el cual fue invadido a inicios de la cuarentena por parte de colectivos armados, hicieron este viernes un grupo de líderes vecinales acompañlados de los propietarios de los inmuebles invadidos.
El Frente en Defensa del Norte de Caracas señaló que, durante la cuarentena se está viviendo una nueva oleada de tomas ilegales, bajo la complicidad de la alcaldesa de Libertador, Erika Farías. Revelaron que en los últimos 100 días al menos 15 inmuebles han sido invadidos solo en la capital.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, acusó directamente a Erika Farías de respaldar a colectivos armados asociados al régimen de Nicolás Maduro para que sin mayor poder, ejecuten invasiones a inmuebles usando de excusa la cuarentena del Covid-19.
“En estos últimos tres meses se han multiplicado las violaciones a la propiedad privada, a inicios de la cuarentena, el 6 de mayo, invasores tomaron por la fuerza el Edificio Padrón, en la parroquia San Pedro, donde funcionan cuatro industrias con más de 40 años de fundadas y más de 60 empleados. Los tomistas alegaron tener apoyo de la Síndico Procuradora del municipio Libertador Cristina Fazzini”, dijo.
Rojas reveló que además del caso del inmueble Padrón, han invadidos tres inmuebles más, tan solo en la parroquia San Pedro en medio de la cuarentena, como fueron la Torre Domus, un apartamento en el edificio Orión y otro en la Urbanización Humboldt, el cual está en poder de un funcionario de la Fuerza de Acciones Espaciales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
“En algunos casos como los dos primeros, la presión vecinal obligó a que los cuerpo de seguridad del Estado ejecutaran el desalojo de los invasores, pero otros, como donde hicimos la denuncia hoy aún permanece tomado y a los propietarios de las industrias no les permiten si sacar sus productos. Estas empresas producían desde morrales, carteras tapabocas hasta artefactos electrónicos como reguladores de voltaje, todo eso ha sido desvalijado por los colectivos”.
El luchador social señaló que la propiedad privada es un derecho humano pero en Venezuela para la dictadura de Nicolás Maduro, su violación es una política de Estado, y en estos momentos usan la excusa del Covid-19 para darles rienda suelta a los colectivos armados para invadir sin restricciones.
“La parroquia Catedral, en una de las más azotadas ya que en menos de una semana sufrió dos invasiones la primera la de un local comercial entre las esquinas Punceres a Cují, el cual sigue tomado por miembros de un consejo comunal, y el otro fue el edificio General Páez, donde 40 tomistas secuestraron a los propietarios de los comercios, no y fue sino hasta las 2am, y por presión vecinal, que la fuerza pública logró desalojarlos en la madrugada”, afirmó.
Perdidas de un millón de dólares
Eduardo Martucci, de Industrias Power Line C.A., narró cómo la noche del 6 de mayo, alrededor de las 10:30pm, le notificaron que existía una situación de invasión en su local del Edif. Padrón. Inmediatamente le notificó la irregularidad al FAES y se dirigió al comercio. En el sitio, los invasores expresaron al FAES y a los empresarios, que actuaban por órdenes de la Síndico Procuradora, Cristina Fazzainni.
“En cuanto los funcionarios policiales procedían a ingresar al inmueble recibieron una llamada por radio indicando que se retiraran del lugar, y quien estaba al mando nos dijo que teníamos que dirigirnos al Ministerio Público, cosa que efectivamente hicimos, la Fiscalía 73 está llevando el caso, fuimos a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República pero vemos que no hemos recibido mucho apoyo y no dan una respuesta efectiva”, relató Martucci, indicando además que la pérdida de su negocio está por el orden de un millón de dólares.
“Tengo 70 años, 40 de los cuales me he desarrollado como fabricante de equipos electrónicos, se habla de que el en el país la prioridad es la producción y están matando 4 empresas productivas, y dejando a 50 trabajadores sin empleo”, manifestó el empresario, quien aprovechó para dirigirse a las autoridades nacionales: “hago un llamado a los funcionarios del gobierno para que restituya la legalidad, porque se está violentando el estado de derecho, se está violentando el derecho humano al trabajo, nosotros que le estamos haciendo un aporte al país, es terrible la frustración de ver que llega la policía y dice que no pueden hacer absolutamente nada porque tienen órdenes superiores de no actuar”.
Por su parte, Jorge Campomar de Diseños Vera Moda C.A., afectado también por la invasión contó las pérdidas causadas por esta arbitrariedad. “Materia prima, mercancía terminada para el Día de las Madres, materiales, herramientas y maquinarias, no nos han permitido sacar nada. Para mí, mi empresa es mi vida, me gusta lo que hago, tengo 72 años con 45 años en Venezuela”.
Campomar también hizo un llamado a las autoridades a que “defiendan a los pequeños industriales y a todos los talleres externos que dependen de nuestra actividad, también a empleados que viven en zonas populares como Antímano y el junquito, que la decepción es total de ver que en lugar de defender al que está trabajando y haciendo algo por el país, defienden a la invasión, al que no hace nada, promoviendo la vagancia y la falta de respeto hacia la propiedad privada”, afirmó
