María Corina Machado, Antonio Ledezma, Diego Arria, Humberto Calderón Berti, Asdrúbal Aguiar, Enrique Aristeguieta Gramcko y Carlos Ortega, pidieron en un comunicado una «acción internacional para la liberación y la paz de Venezuela».
A través de su cuenta en Twitter, la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, señaló que esta acción serviría para «detener el genocidio de la población venezolana y la desestabilización de las democracias liberales del hemisferio que perpetra el régimen criminal, es urgente, es una prioridad y responsabilidad de Occidente».
«Alzamos nuestras voces al mundo. Hay que actuar ya», acotó Machado.
En el documento, el grupo de políticos venezolanos firmantes del acuerdo, manifiestan que «urge de la comunidad internacional una nueva y precisa condena de la farsa electoral en la que avanza el régimen despótico en esta hora, en complicidad con falsos actores de oposición democrática. Ella cuenta con mecanismos políticos y jurídicos a su alcance».
Agregan que existen mecanismos por medio del cual se pueden generar acciones concretas «como el principio universal de Responsabilidad de Proteger (R2P), las obligaciones que impone la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y en lo regional, el apoyo que a la acción colectiva multilateral facilita el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). No pueden permanecer más como letras muertas. Una acción internacional que le devuelva la paz y su identidad a Venezuela es impostergable».
A continuación, el comunicado íntegro:
Desde el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela alzamos la voz en apoyo a las exigencias de los familiares de los más de 400 presos políticos civiles y militares que el régimen mantiene tras las rejas en condiciones contrarias al ordenamiento jurídico y siendo sometidos a procedimientos que infringen las normas y tratados internacionales.
Tras tres meses de la declaratoria de Estado de Alarma por Covid-19, la situación de quienes se encuentran privados de libertad en Venezuela se agrava. Se les mantiene aislados e incomunicados, sin posibilidad de recibir visitas y en algunos casos, sin permitirles recibir alimentos y medicinas, teniéndolos bajo régimen de incomunicación y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Además, el hacinamiento, la desnutrición, las enfermedades y las afecciones preexistentes exacerbadas por las condiciones de confinamiento -aunadas a la falta de atención médica- hacen más vulnerables a los detenidos y expone a toda la población de reclusos a un contagio masivo en un momento en el que aumentan los casos por Covid-19 en todo el territorio nacional.
En ese sentido, rechazamos el estado en el que se encuentran quienes están recluidos en los sótanos de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en donde comparten espacios mínimos alrededor de 200 personas, todas en condiciones infrahumanas y expuestas permanentemente a tortura y tratos crueles.
La comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado criminal, así como los casos y condiciones en las que se encuentran quienes han sido arbitrariamente detenidos por causas políticas, han sido evidenciadas, documentadas y expuestas por los Organismos Internacionales en sus múltiples Informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, es necesario que la comunidad internacional avance, de manera urgente, en la ejecución de acciones concretas que garanticen la protección de la vida e integridad de los presos políticos.
Por todo lo anterior y ante el evidente incumplimiento por parte del régimen de Nicolás Maduro del Memorando de Entendimiento firmado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, así como la manifiesta inexistencia de protección de las garantías fundamentales y del acceso a la justicia, exigimos:
- Que los representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, haciendo valer su condición de oficiales de las Naciones Unidas, ingresen a los sótanos de la DGCIM y constaten el estatus físico y mental de las personas ahí recluidas.
- Se otorgue inmediatamente fe de vida y se proceda a evaluación médica de cada uno de los Presos Políticos recluidos en las sedes de Dgcim y Sebin, así como en las cárceles de Ramo Verde, La Pica, Santa Ana, Tocuyito, Inof y demás centros de reclusión.
- La liberación de los presos políticos y todas aquellas personas privadas de libertad que cuentan con boletas de excarcelación y/o padecen de afecciones de salud que ponen en riesgo su vida e integridad, así como de todos aquellos a quienes les corresponden medidas alternativas por cumplimiento de la pena y/o sobreseimiento de las causas.
- El cumplimiento de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como reglas Mandela, así como el cumplimiento de El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Finalmente, hacemos un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA), a las Naciones Unidas y a toda la Comunidad Internacional a ejercer toda la presión necesaria para el otorgamiento y cumplimiento de estas medidas humanitarias previstas por organismos internacionales; el apoyo y la lucha por la libertad de los presos políticos es una tarea y un deber inaplazable, como es nuestro derecho ser amparados y protegidos ante la inexistencia de justicia en Venezuela.
Caracas, 17 de junio de 2020.
