A medida que se ha extendido la pandemia de COVID-19 en Venezuela y específicamente en el estado Zulia, se ha desarrollado una ofensiva gubernamental a nivel nacional y regional a fin de silenciar a los gremios que difunden la realidad que sucede en la geografía nacional y regional.
En esa dirección se persigue a periodistas de radio, prensa y televisión, a empresarios de los medios que publiquen informaciones y a integrantes de los gremios profesionales de la salud agrupados en esta Intergremial (Enfermería, Bioanalistas, Médicos, Odontólogos, Nutricionistas, Veterinarios), quienes han denunciado la grave situación que afecta actualmente y que impactará a la población en general ante la carencia de materiales médicos básicos, para atender los contagiados que abordan diariamente las instalaciones sanitarias de la región zuliana.
En el caso concreto del estado Zulia, la persecución del gobierno regional ha arreciado contra el Colegio de Enfermería en particular con la presidenta del gremio la licenciada Hania Salazar, quien, por convocar al personal de enfermería a registrar la situación apremiante de los diferentes centros sanitarios, ha sido amenazada con ser encausada por cometer delitos penales.
Esta amenaza ha comenzado a concretarse con la convocatoria por parte de la Jefa de Enfermería del Ejecutivo Regional al personal de salud, a testimoniar ante la Fiscalía denunciando a la presidenta del gremio, siendo claro que el propósito es levantar un expediente fraudulento y así privarla de libertad.
Esta grave situación ha determinado que la Intergremial de Salud del estado Zulia representada en esta ocasión por Hania Salazar del Gremio de Enfermería y de María Valladares presidenta del Colegio de Bioanalistas, apoyadas por el Secretario Ejecutivo de la CTV, Froilan Barrios; hayan solicitado el apoyo de la ONG de DDHH Aula Abierta a fin de documentar la violación de DDHH, en materia de libertad de expresión, libertad sindical y el derecho constitucional a la salud integral.
Esta iniciativa ha facilitado el contacto con la delegación de la Comisión de DDHH de las Naciones Unidas asentada en Caracas, quienes han recibido la denuncia formal ante el hostigamiento permanente por parte del Poder Ejecutivo Regional, así también se les solicitó la observancia permanente ante cualquier atropello del Ejecutivo contra el Gremio de Enfermería y su presidenta Hania Salazar, y del resto de afiliados de los diferentes gremios de la Salud en el Estado, amenazados ante la inoperancia gubernamental frente a los efectos de la pandemia de coronavirus que ya causa estragos en la región zuliana.
En ese contexto se da el caso de como en diferentes centros de la salud del Estado Zulia, el personal representado en la Intergremial de Salud es obligado a trabajar en condiciones precarias, sin aire acondicionado, con uniformes inapropiados por las altas temperaturas, con carencias de materiales médicos, siendo amenazados por directores de estos centros con ser denunciados ante la Fiscalía si pretenden renunciar a sus cargos.
Por lo expuesto, le hacemos un llamado al gobierno regional a la sensatez, ya que no pretendemos politizar ni confrontar a las autoridades, por el contrario, pretendemos unificar esfuerzos en beneficio de la comunidad zuliana, por tanto es incomprensible que se persiga a comunicadores sociales, a profesionales de la salud, a ciudadanos en general que aspiramos al bien común y fortalecernos conjuntamente con el apoyo de los gobernantes para enfrentar eficazmente este grave mal que azota a la humanidad.
