El director institucional de la Fundación de Derechos Humanos en el estado Anzoátegui, Alcides Magallanes, aseguró que las detenciones de ciudadanos que incumplen la cuarentena e irrespetan las normas de prevención contra el COVID-19 empeoran el hacinamiento en calabozos policiales, lo cual ocurre desde hace algunos años.
Sostuvo que a los detenidos por esta causa les imputan delitos de resistencia a la autoridad y los ponen a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público (MP), pero mientras les realizan las respectivas audiencias de presentación son encerrados con los demás presos que ya padecen diversas enfermedades contagiosas.
“Esto también puede traer consecuencias terribles para quienes ya se encuentran dentro porque se desconoce si los individuos aprehendidos están o no contagiados con coronavirus”, expresó Magallanes.
La coordinadora general de la organización, Milagros Carmona, detalló que de acuerdo con los registros que maneja la institución, diariamente se realizan entre 5 y 10 detenciones por parte de la Policía del municipio Simón Bolívar (Polibolívar) y que a la fecha se contabilizan 150 personas aún no liberadas.
Integridad comprometida
Aseveró que la misma situación compromete la integridad física de los procesados. Para dar ejemplo de ello Carmona mencionó el caso de, al menos, seis detenidos por incumplimiento de cuarentena a los que se les sumaron cargos de homicidio por el fallecimiento de un reo tras una riña el mismo día que ingresaron en el calabozo de Polibolívar en Las Casitas.
Además refirió que actualmente el mencionado reclusorio, con capacidad para 30 individuos, alberga a 200.
Los activistas aseguraron que, junto con familiares de los detenidos, envían denuncias por excesos policiales a la Defensoría del Pueblo, pues manifestaron que algunas veces los funcionarios actúan de forma inhumana.
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