Unirse a la denuncia sobre lo sucedido en la madrugada del pasado martes 9 de junio de 2020, respecto de la abogada y activista de derechos humanos del Municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara, Milagros Rodríguez, quien fue arbitrariamente detenida en la ciudad de Sanare, acordó la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención las Víctimas.
Se recuerda que la abogada Rodríguez fue privada de su libertad, mientras estaba a la espera de adquirir gasolina en una estación de servicio de la localidad, cuando reclamó a efectivos de la policía estadal, que controlaban el servicio, el esquema de distribución empleado para el suministro.
“Resaltamos que esta nueva detención arbitraria se da en el medio de un contexto de amenaza, persecución y hostigamiento fortalecido en ocasión al estado de alarma decretado por la usurpación que ha dado lugar a un conjunto de abusos de poder y violaciones derechos humanos. Concretamente, esto se circunscribe además en un ambiente de criminalización de la labor de protección, defensa y promoción de los derechos humanos”, señala la Comisión.
Advierten que el Poder Fáctico se ha encargado de implementar una política hostil y adversa en contra del desarrollo de las actividades de los defensores de derechos humanos por medio del empleo de un discurso estigmatizante, discriminatorio y de desprestigio que ha promovido una estructura de violencia que ha llegado a afectar la vida e integridad personal de los defensores en distintos entornos, incluso los no asociados directamente con su labor.
Destaca asimismo, que la detención arbitraria además sucede en el marco de una crítica situación de escasez general de gasolina que azota principalmente a las ciudades del interior país, circunstancias a las que se le suma el nuevo sistema de venta que impone en los venezolanos un costo desproporcionado que muy difícilmente pueda ser asumido por los ciudadanos, vista la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. Ello, producto de la pérdida del aparato productivo petrolero atribuible a la negligencia del régimen usurpatorio.
Se recuerda que la defensora Milagros Rodríguez no se encontraba cometiendo delito alguno, por el contrario, hacía un reclamo legítimo de los derechos que tiene como venezolana a recibir un trato equitativo en el acceso a bienes y servicios de calidad, consagrado en el artículo 117 de nuestra Constitución. Y en virtud de la falta de una orden judicial de aprehensión que faculte a los funcionarios policiales a proceder al arresto, esta Comisión Presidencial para Derechos Humanos se halla en el deber de catalogar tal acción como una detención ilegal y arbitraria.
El Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, rechaza categóricamente la detención arbitraria de Milagros Rodríguez y en tal razón exige que se proceda a su inmediata liberación sin restricciones y el pleno respeto de sus derechos como defensora consagrados en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.
“A tales efectos, nos encontramos elevando la presente denuncia ante organismos internacionales, incluyendo: (i) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; (ii) el Mecanismo de Seguimiento para Venezuela (MESEVE); (iii) la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y; (iv) la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos”, aseguró.
