Cuando existía la posibilidad de que por vía constitucional se le encontrara una salida a la crisis política, a través de un nuevo Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, tomándose atribuciones que no le corresponde, procede a modificar los circuitos electorales, aceptando un planteamiento de lo que se ha denominado “la mesita”, encabezada por Felipe Mujica, quien representa un ala del Movimiento al Socialismo.
Viola la Constitución de la República porque se atribuye funciones del Poder Legislativo y desarticula la Ley Orgánica de Procesos Electorales, afirmó el ingeniero Daniel Orellana, máximo dirigente de Voluntad Popular en el estado Lara.
En declaraciones a Elimpulso.com, manifestó que las últimas cuatro directivas del CNE han sido designadas por el TSJ, sencillamente, porque la Asamblea Nacional no lo había hecho en los plazos constitucionales.
Pero, ya los factores adversos de la oposición y el régimen habían llegado a un consenso para escoger a los miembros del CNE, pero no se había terminado el procedimiento porque los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela dejaron de asistir a las reuniones destinadas a ese fin.
Sin embargo, el propio disidente de la oposición Luis Parra, cuestionado por la comunidad internacional y reconocido por el TSJ de Nicolás Maduro, había expresado públicamente su apoyo al comité escogido por la legítima Asamblea Nacional para que escogiera la directiva del poder electoral.
Claramente, el TSJ ha incurrido en contradicciones, arbitrariedades y errores muy graves. Los más resaltantes son:
- Mantener el criterio erróneo, ilegal y absurdo de que la Asamblea Nacional se encuentra en “desacato” y, en consecuencia, desconocerle su autoridad.
- Darle legitimidad a Luis Parra como presidente de una Asamblea Nacional, tras más de cinco meses de haberse producido un hecho irregular en la designación de la directiva de ese organismo, que constitucionalmente preside Juan Guaidó.
- Desconocer la oposición mayoritaria, que ha estado apegada a la Constitución y que tiene el pleno reconocimiento de la comunidad internacional, para congraciarse con “la mesita” que ha hecho un planteamiento violatorio de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
- La decisión del TSJ, en lugar de aplicar justicia ciñéndose a la Constitución y a la propia Ley Orgánica de Procesos Electorales, agrava aún más la crisis política, por cuanto se abandona la vía constitucional y pacífica para ahondar el conflicto entre el régimen y la oposición formal.
- Esta situación no sólo deja mal parado al TSJ, algunos de cuyos integrantes tienen sanciones de la Comunidad Europea, Estados Unidos y Canadá, porque los magistrados que han dado ese paso quedan como ignorantes de los más elementales principios legales y pierden seriedad ante la comunidad internacional y el país democrático.
El ingeniero Orellana, a nombre de su organización política, hizo un llamado a los partidos políticos y a la sociedad civil, en general, para continuar esforzándose para conseguir la ruta que nos permita recuperar la democracia.
El objetivo tiene que ser lograr el gobierno de emergencia nacional, en el cual tendrían responsabilidades algunos gobernantes regionales afines al régimen y, por supuesto, personas de espíritu demócrata, que trabajen por resolver la crisis que hace insoportable el desenvolvimiento de la república
