En diversos medios internacionales se dio a conocer la noticia de que su santidad el papa aprobó una nueva ley que promueve la transparencia, el control y la competencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos del Estado del Vaticano y la Santa Sede. En una carta apostólica Francisco ha manifestado la necesidad de una buena administración de los bienes públicos, y para permitir una gestión más eficaz de los recursos, ha decidido aprobar un conjunto de normas destinadas a favorecer la transparencia en el manejo de los fondos, que hasta ahora se administran con mucha discreción.
Esta noticia es bastante pertinente para discutir la influencia de la moral en las finanzas públicas. Cuando hablamos de corrupción solemos imputar las culpas a la ausencia de moral, a la viveza criolla, a la maldad humana. Pero es que hasta en el Vaticano – institución conformada por hombres entregados a Dios y que suponemos se preocupan por cumplir los 10 mandamientos – hay problemas de corrupción que merecen ser tratados mediante leyes que garanticen transparencia y procedimientos auditables para el buen manejo de los fondos públicos.
El problema no parece ser ausencia de moral, parece ser un problema institucional. Si acudimos al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia internacional, nos damos cuenta que en Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia y en Singapur hay muy baja percepción de corrupción, a diferencia de Venezuela que ocupa el puesto 176/180 y se ubica como uno de los países con mayores niveles de precepción de corrupción del mundo. ¿Podemos afirmar que en Dinamarca hay políticos más honestos que en Venezuela? ¿solucionamos nuestros problemas sustituyendo a nuestros políticos por políticos daneses? No, en los países top del IPC lo que hay es un mejor arreglo institucional. No se trata de encontrar a los mejores políticos, o a los que digan ser los más honestos para que administren los fondos de las distintas administraciones en los diferentes niveles de gobierno. Se trata de conseguir un arregloque le permita a la ciudadanía auditar la gestión de sus políticos, indiferentemente del partido, tendencia, o incluso religión.
El dilema de la economía y la moral no solo se encuentra en el área fiscal sino que se extiende a otros ámbitos donde en Venezuela tenemos también harta experiencia. Por ejemplo, muchos recordarán la no tan alejada época de bachaqueros y raspa cupos. El bachaqueo, término producto de la neolengua chavista que hace referencia al arbitraje de bienes regulados en el mercado negro. Y los raspa cupos, término al que se le denominó al conjunto amplio de venezolanos que viajaban con la finalidad de acceder a un miserable cupo de dólares a tasa preferencial en medio de un sistema centralizado de administración de divisas.
En ambos casos, tanto en el acto de bachaquear como en el acto de raspar cupo, se le acusaba al venezolano de poca moral, de tener una actitud perjudicial contra sus compatriotas, e incluso se les transfirió parte de la culpa por la destrucción de la economía del país. ¿Es este un problema de moral? No, tal como ocurre con los problemas de corrupción, todo es cuestión de incentivos ante la ausencia o puesta en práctica de políticas públicas perniciosas. Particularmente en los casos mencionados, se trató de los incentivos que generó el control de precios de bienes esenciales, el control de cambios y el establecimiento de precios diferenciados.
Este último error de política económica se acaba de aplicar nuevamente en el caso de la gasolina, al establecer un precio “preferencial” de Bs. 5.000 por litro y otro precio – mal llamado “internacional” – 20 veces superior al preferencial, lo que incentiva el arbitraje, es decir, comprar gasolina a Bs. 5.000 y venderla en Bs. 100.000 (0,50$ a un tipo de cambio de Bs. 200.000 por dólar). De nuevo, si esto llega a ocurrir ¿podremos decir nuevamente que es un problema moral o identificaremos a tiempo la política destructiva de fijar precios diferenciados?
Nuestro problema no es de viveza criolla, de hecho bastante civilizado ha sido el venezolano en medio de tantos incentivos perniciosos. El arreglo institucional es una materia pendiente para una Venezuela que se quiera plantear seriamente un proceso de cambio y crecimiento sostenido. No hacemos nada apostando al libre mercado si arrastramos estos problemas.
Oscar J. Torrealba
