El Observatorio Venezolano de Migración (OVM) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) publicó este 27 de mayo su reporte situacional sobre cómo ha afectado a la población de migrantes venezolanos el contexto del COVID–19. Entre los hallazgos destaca que
Cuatro de cada 10 perdieron su empleo y 66% aseguró que depende de donativos para alimentarse, desde la entrada en vigencia de la cuarentena en los países donde residen.
Según el informe, 90% de los encuestados reportó una caída de sus ingresos, lo que repercute sobre las personas dependientes, pues 80% manifestó que tiene cargas familiares, dentro o fuera de Venezuela. “Los pronósticos apuntan a que quienes tienen responsabilidades por cargas familiares en Venezuela enfrentarán dificultades para el envío de ayudas económicas/transferencias al país y ello hará recular de nuevo la capacidad de consumo que había experimentado cierta reactivación en el año 2019”, alerta el documento del OVM.
El reporte hace referencia a hallazgos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) en 2018, que ubicaban en 500 mil los hogares que recibían remesas del extranjero, pero precisa que investigaciones recientes elevan la cifra a más de dos millones de hogares. También recuerda que el Banco Mundial estimó en 20% la caída de las remesas en todo el planeta por la pandemia.
1 de cada 4 no tiene dinero para comer
La casi totalidad de los participantes del estudio vive en Perú (29%), Colombia (23%), Ecuador (19%) y Chile (16%), con una fracción reducida de respuestas enviadas desde Argentina, España, Brasil y Panamá.
En el análisis de los datos se tiene en cuenta que la contención del coronavirus “ha generado pérdidas de millones de empleos y la consecuente caída de los ingresos por trabajo de las personas y en los hogares, siendo las personas migrantes un grupo de mayor vulnerabilidad por las condiciones de informalidad y precariedad de su inserción laboral”.
Así, la encuesta revela que 66% de los migrantes venezolanos en los países citados de América Latina dijo que depende en alguna medida de las donaciones para alimentarse; un 25% no dispone de dinero para comer y 33% reportó haber solicitado ayuda para alimentarse o alimentar a su grupo familiar; de esta fracción, 46% dijo no haber recibido el auxilio requerido.
Los venezolanos también han padecido el desalojo de sus viviendas (15%) y el corte de servicios básicos por falta de pago (11%). Otro 20% registra haber entrado en situación de irregularidad migratoria por la suspensión de los trámites legales y 15% ha tenido restricciones para acceder a los servicios de salud.
Del total de encuestados, 61% dijo estar de acuerdo con las medidas tomadas en el país donde reside para frenar el COVID-19; sin embargo, 52% opina que esos controles no tuvieron en consideración las necesidades de los migrantes. Para el momento de la encuesta, 61% manifestó no reportar síntomas de la enfermedad.
Retornar, ¿sí o no?
Los investigadores del OVM estiman que las cifras de retornados al territorio nacional, producto de la emergencia sanitaria, son “discretas”, en comparación con el volumen de la población que salió por tierra entre 2017 y 2019. Atribuyen ese comportamiento a las restricciones a la movilidad impuestas por diferentes gobiernos, en particular el de Colombia, que busca evitar un retorno “desordenado” a través de sus fronteras. A la incertidumbre sobre la situación de Venezuela, se suma que persisten los factores que provocaron esa migración forzada, con tendencia a agravarse.
A la pregunta “¿ha pensado retornar a Venezuela debido a las adversidades que enfrenta por la aparición del COVID-19?”, 16% respondió no saber y otro 20% no respondió la interrogante. Paralelamente, 31% dijo que sí considera regresar al país y otro 34% descartó la idea. Un 50% no cree que tenga en Venezuela mayores garantías para atender su salud.
“Regresar a Venezuela puede suponer contar, al menos, con un techo donde acobijarse y recibir algún apoyo de las redes familiares. En este contexto de la pandemia del COVID-19 los migrantes retornados pueden enfrentar dificultades en sus comunidades de origen por los estereotipos negativos y la estigmatización sobre ellos culpándolos de traer al COVID-19 en su regreso al país. En el caso de Venezuela se constata que el Gobierno Nacional contribuye a exacerbar esos sentimientos al incorporar en su discurso elementos recriminatorios, cuando en los reportes de morbimortalidad por el COVID-19 permanentemente remarca que los casos son traídos por los migrantes que retornan, o cuando adopta cierto rol paternal, por un lado, para acusar de traidores a la Patria a los venezolanos que migraron, y por otro lado al expresar su magnanimidad para recibirlos de vuelta haciendo ver que en su país si van a encontrar la atención en salud que otros países (aparentemente) le han negado. Toda esa carga negativa en el discurso oficial puede acarrear serias dificultades en la reintegración social de los migrantes retornados”, reflexionan en el informe.
