El gobierno de Estados Unidos impuso este viernes sanciones financieras al comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo, por negarse a desmantelar a las fuerzas paramilitares durante y después de las protestas de 2018 en el país centroamericano.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha bloqueado “todos los bienes e intereses” del alto jefe militar nicaragüense que, agregó, “está alineado políticamente con el presidente Ortega”.
Según la OFAC, Avilés Castillo «se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018”. Añadió que “los militares proporcionaron armas a la parapolicía que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas”, añadió.
La OFAC aplicó iguales sanciones al ministro de Hacienda, Iván Acosta, quien “ha seguido organizando un importante apoyo financiero al régimen de Ortega”. También acusó a Acosta de amenazar a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de presos políticos.
La medida congela los activos estadounidenses de los dos funcionarios y prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones con ellos.
“Ni nos vendemos, ni nos rendimos. Jamás”, dijo a The Associated Press la oficina de la vicepresidenta Rosario Murillo en un coreo electrónico haciendo referencia a Augusto César Sandino, el patriota nacionalista que se enfrentó a una intervención militar de Estados Unidos en 1927.
La noticia fue celebrada por la oposición nicaragüense. “Hoy se dio un fuerte golpe al régimen de Daniel Ortega”, tuiteó el dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga.
El gobierno de Ortega ha llamado “vendepatrias” y “traidores” a los líderes opositores por cabildear en Washington a favor de medidas de presión sobre la administración de Ortega.
Consultado por AP, el director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, dijo que Avilés y Acosta “son los únicos responsables de estas sanciones, porque se las ganaron con su actuación”. Chamorro recordó que su movimiento cívico le exigió a Avilés disolver los grupos paramilitares durante el diálogo nacional de 2018 y 2019 cuando “denunciamos el uso de armas largas por parte de esas fuerzas y la necesidad de que el ejército actuara para desarmarlas”.
Por su parte, la excomandante guerrillera Dora María Téllez, disidente sandinista, dijo que el general Avilés “si tiene un mínimo de decoro y respeto a la institución debería apartarse del Ejército”. Agregó que en todo caso, la sanción al alto cargo militar significa “su muerte civil desde el punto de vista económico”, pues ya no podría autorizar ni admnistrar operaciones financieras de la entidad castrense.
El Ejército de Nicaragua a través del Instituto de Previsión Social Militar, maneja decenas de empresas de construcción, farmacia, inversiones, hotelería y complejos residenciales, así como el Hospital Militar y el Banco de Finanzas (BDF), este último en sociedad con el consorcio financiero panameño Grupo Motta.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que esta decisión respalda “la política de los Estados Unidos de exigir responsabilidades a las personas y entidades que son los principales promotores del mal gobierno de Ortega, que cometen graves abusos de los derechos humanos y tratan de silenciar las voces en favor de la democracia en Nicaragua”.
Desde 2017, el gobierno de Donald Trump ha sancionado a una veintena de altos funcionarios, familiares y allegados a Ortega, entre ellos su esposa y vicepresidenta, dos de sus hijos y los principales jefes de la policía, el Parlamento y el Tribunal Electoral.
