Condenar firmemente la suspensión de los servicios de DirecTV, principal proveedor de televisión por cable del país, lo que constituye un fuerte golpe al derecho de los venezolanos a la libre circulación de ideas, de información y de contenidos de entretenimiento, en un momento en que la gente debe permanecer en sus casas a causa de la cuarentena por la COVID-19, acordó el Colegio Nacional de Periodistas a través de un comunicado.
Exponen que con 2,5 millones de suscriptores, DirecTV daba servicio a unos 10 millones de espectadores en todo el país, para quienes la televisión por cable era la única vía de información que tenía. El CNP lamenta que la administración de Nicolás Maduro, que controla la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, no haya sido capaz de ceder o acordar con la empresa una medida sensata ante las exigencias externas que pesaban sobre esta; por el contrario, Conatel prefirió exigir a la empresa el cumplimiento íntegro del artículo 11 de la Ley de Resorte-Me antes que el mal mayor: que una buena parte de la población se quedara sin el servicio, que también era usado para acceder a la radio. En muchos casos, y en el corto plazo, para dos de cada cinco venezolanos les será imposible emigrar a las otras proveedoras de televisión por cable ni tampoco podrán volver a la de señal abierta, puesto que los equipos de pantalla plana no permiten el uso de antenas de bigotes ni sustitutos. Hemos de recordar que los problemas de conexión a la Internet y las fallas en el servicio eléctrico, atribuibles a la pérdida de órbita del satélite Venansat Simón Bolívar y la desinversión pública y privada, y que continuamente impactan a la población son parte del panorama comunicacional sombrío del venezolano. El Estado está obligado a RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR el acceso de la población a la información, por lo que una actitud responsable de este era permitir que la gente siguiera viendo el resto de los canales de DirecTV mientras se dilucidaban con la OFAC los problemas legales de Globovisión y de PDVSA TV que se les atribuyen en Estados Unidos. Ese «todo o nada» es una actitud perniciosa que termina por hundir a Venezuela en el oscurantismo y la desconecta y atrasa más aún con respecto a las demás naciones latinoamericanas.
Destacan que el cierre de DirecTV produce la pérdida de 630 puestos de trabajo directo, con varias decenas de comunicadores sociales entre ellos, y de 2.500 indirectos, lo que pone en vilo a cientos de familias en un momento de acentuación de la crisis económica que veníamos sufriendo y que se profundizó aun más con la cuarentena.
El Colegio Nacional de Periodistas ha denunciado que CONATEL anteponga intereses políticos a su condición de órgano técnico en la regulación y administración del espacio radioeléctrico en el país, tal como lo ha demostrado su actitud al acosar, perseguir y amenazar con cierres programas de opinión e información, estaciones de radio y televisión, tanto nacionales como internacionales, de la que hemos sido testigos desde el cierre de RCTV en 2007 hasta hoy en día.
No obstante, este último hecho aludido ha palidecido ante la intransigencia de la administración de Nicolás Maduro al permitir irresponsablemente que una buena parte de la población de Venezuela se quedara sin señal de televisión por cable, con las acciones que permitieron el cierre de DirecTV en el país, que contribuye a vulnerar una vez más la libre expresión y al acceso a la información, consagrados en nuestra constitución y que forman parte de los Derechos Humanos, que son irrenunciables y fundamentales para el desarrollo de la población, asegura el CNP.
