Los padecimientos capitalinos, que son muchos, palidecen ante el empobrecimiento en la vida de nuestras regiones, lo cual se ha agravado con la emergencia sanitaria que el grupo en el poder ha usado para someterlos más, en perjuicio de la institucionalidad, la descentralización y la propia existencia de sus habitantes.
No obstante la muy caraqueña línea paterna y mi afecto por esta ciudad, mi nacimiento y crianza, así como el cruce de provincianos e inmigrantes en mi sangre, me condicionan como un venezolano de provincia. Será por eso que además de la experiencia histórica nacional, me chocan el centralismo y sus derivados, como eso de llamar “el interior” a las regiones, como si Caracas fuera el “exterior”.
Veintiuna de las veintiséis constituciones que este país ha tenido han sido federales, pero ese federalismo predominante en la norma no lo ha sido en la realidad. Guzmán y Gómez fueron centralistas en su dominio de los Estados Unidos de Venezuela, como se llamó el país hasta el cincuenta y tres. También lo fue casi siempre la democracia civil, hasta las bienvenidas reformas de 1988 y 1989. Pero cualquier antecedente es nada ante el sancocho de inconstitucionalidad, arbitrariedad y tendenciosa improvisación que ha sido el caldo “morao” del Estado Federal descentralizado” bajo la maltrecha, aunque rescatable, Carta de 1999.
De las tres raíces del árbol ideológico original -¿Se acuerdan?- dos eran agua y aceite. La revolución tenía que ser, por bolivariana, centralista y por zamorana, federal. Esa contradicción original, siendo de buena fe, resultaba insalvable, pero aplicada con mala maña por insaciable apetito de poder en estado puro, resulta en una constitucionalidad magullada y una república desordenada donde campean las arbitrariedades.
Señaladamente en Nueva Esparta, región querida y particularmente castigada por las crisis, y el Táchira, pueblo admirable, hemos visto muestras recientes de esa arbitrariedad que muerde y además, enseña los dientes. Se vanagloria de su desprecio por la Constitución como si fuera un mérito.
Los “protectores” de los estados son constitucional y legalmente in-exis-ten-tes. Búsquelos que no están. Son un invento para “proteger” a las regiones de los “peligros” de la democracia. Si se “protege” a un estado de la decisión libre de sus propios habitantes, es que se considera peligroso al voto que es bueno si es por los míos y criminal si es por otro. Esa perversión es inaceptable y queda patentizada en el abuso máximo de designar como “protector” o “protectora” a quien perdió la elección. Es decir que Maduro sabe más de Táchira que los tachirenses, de Mérida que los merideños, de Anzoátegui que los anzoatiguenses y de Nueva Esparta que los margariteños y cochenses. Con el mal estado de la Constitución ¿Cómo no van a estar los Estados en mal estado?
Ramón Guillermo Aveledo
