El artículo 83 de nuestra Constitución Nacional expresa la importancia de la salud para la población, al establecerla como un derecho fundamental para todos los ciudadanos, que debe ser garantizado por el Estado a través de sus políticas públicas. Es así, como cada venezolano tiene el derecho de contar con un sistema de salud eficiente, con servicios adecuados y capacidad para atender a quien lo necesite.
El derecho a la salud fue reconocido en una primera instancia por la etapa democrática de nuestro país (1959-1999), tiempo en el cual el Estado se dio la tarea de fortalecer el sistema de salud nacional mediante la construcción de hospitales y la implementación de diferentes programas sociales para erradicar las enfermedades que afectaban al país. Un ejemplo de esto fue el trabajo del doctor Arnoldo Gabaldón, quien organizó la primera campaña nacional contra la Malaria, haciendo de Venezuela el primer país del mundo en erradicar la enfermedad. Esto evidencia que contábamos con una gran variedad de profesionales en el sector salud, graduados de nuestras ilustres universidades. Sin embargo, tras dos décadas de chavismo, la realidad ha cambiado para peor.
En la actualidad, el estado de los hospitales venezolanos es paupérrimo. A pesar de aquello que dice la propaganda mentirosa del régimen, los hospitales nacionales están sumamente deteriorados por la falta de mantenimiento, el gran grado de corrupción, una pésima administración y nula inversión. No solo las fachadas se encuentran en pésimas condiciones, estos centros de salud no cuentan con las herramientas ni insumos médicos necesarios para atender a los pacientes, solo en el 2019 más de 400,000 personas que padecen enfermedades crónicas no tienen acceso a las medicinas y tratamientos. (Informe ACNUDH).Tampoco dicen que la mayoría de los hospitales fueron construidos durante el periodo democrático, mientras que las pocas edificaciones del régimen se encuentran incompletas o no funcionales por su propia corrupción.
Asimismo, nuestros indicadores de enfermedades están peor que nunca. Somos el único país de la región que experimenta un aumento de enfermedades en la población. Aproximadamente 500 mil casos registrados de malaria en el país, (OMS), convierten a Venezuela en el Estado con mayor número de casos en el continente. De igual forma ocurre con la tuberculosis, que registró más de 11.000 casos solo el año pasado, siendo un aumento del 40% desde el 2014 (OPS). Casos similares ocurren con el dengue, mal de chagas, sarampión y fiebre amarilla.
Además, otros indicadores han aumentado negativamente, como la mortalidad infantil en un 40% (ONG save the children) y la mortalidad materna, cuyo última cifra publicada por el régimen en el 2016 evidenció un aumento del 63%, siendo el 50% de los casos tratables con medicamentos simples, que lamentablemente faltan en el país (Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela). Sumado a esta alarmante situación, más de 26 mil médicos venezolanos han migrado a otros países en búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida (Federación Médica Venezolana), cifra que representa un tercio de los profesionales en salud que había en el 2014. De esta forma Venezuela se queda poco a poco sin médicos capacitados y preparados, afectando a toda la sociedad.
En la emergencia actual causada por el COVID-19, nuestro país sufre de una profunda crisis y retroceso en el sistema de salud, que ha degradado el nivel de vida de millones, haciéndolos más susceptibles a los daños de la pandemia. La salud es un derecho fundamental de los venezolanos y por lo tanto merecemos que sea respetado y garantizado por el Estado. Por eso, necesitamos cambiar el modelo político actual, por una democracia plena, donde se respeten todos nuestros derechos, se promueva el bienestar y desarrollo social.
Stalin González
