La doctora Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano; el coronel José Rangel Terán, exmiembro de la Junta Interamericana de Defensa; y el doctor Miguel Soto, abogado constitucionalista y docente universitario, aseguran que hay un asedio a militares y ciudadanos
La presunta invasión paramilitar, la madrugada del domingo, desde Colombia por vía naval a la bahía de Macuto, en el litoral central de La Guaira, es motivo para que el régimen, aprovechándose de la cuarentena por el temor al contagio del coronavirus Covid 19, intensifique una fuerte persecución política e impida las reacciones que, desde hace dos semanas, comenzaron por el agravamiento de los problemas de los servicios públicos, sobre todo por la falta de gasolina.
Coinciden en esta apreciación, al ser consultados por Elimpulso.com, la Dra. Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano; el coronel José Rangel Terán, excomandante general de la Policía de Lara, exsegundo comandante de la Policía de Caracas y exmiembro de la Junta Interamericana de Defensa; y el doctor Miguel Soto, abogado constitucionalista y docente universitario.
Difícil saber lo que ha pasado
Dice la San Miguel que la situación es confusa y muy peligrosa después del domingo.
Es difícil saber lo que ha pasado, confiesa. Porque se acusa a los Estados Unidos, por un lado y por el otro a Colombia de una invasión muy particular, precisamente cuando se profundiza la crisis social, económica y política del país. Durante varios días consecutivos se producen balaceras entre bandas delictivas en Petare, decenas de presos mueren en un motín en Guanare, se registran manifestaciones por falta de gasolina en diversas partes, aumentan los precios de los comestibles, se dispara el precio del dólar y, en fin, no hay respuesta a los graves problemas nacionales.
Se habla de ocho muertos en Macuto por parte de voceros del oficialismo y por un sector de la oposición se denuncian ejecuciones extrajudiciales que nos llevan al recuerdo del capitán Rafael Acosta Arévalo y del policía Oscar Pérez. No se sabe en verdad la identidad de todos los fallecidos, ni el número total de detenidos.
Macuto puede ser utilizada para intensificar la persecución no sólo contra dirigentes y activistas políticos, sino contra ciudadanos que no militan en organizaciones políticas.
Cuando no hay información precisa, no se puede saber lo que ocurre en el país y las violaciones a los Derechos Humanos que se sucedan con las detenciones. Se está viviendo una situación confusa, delicada, peligrosa.
Lo que faltaba
Nada inteligente, ni real, ni entendible resulta la supuesta invasión naval por la bahía de Macuto, ya que el régimen habla tanto de una operación paramilitar como de la actuación de narcotraficantes y de contratos con una empresa de seguridad de los Estados Unidos, expresa el coronel Rangel Terán.
De inmediato, antes que todo quede esclarecido, hay que tomar en consideración los aspectos siguientes:
- Este régimen, además del asesoramiento de los cubanos, recibe los consejos de sirios, iraníes, chinos y rusos, cuyas realidades son distintas a las del pueblo venezolano. En veinte años no se ha dejado ideologizar y se mantiene firme en su lucha democrática.
- Hay un grupo de traidores a Juan Guaidó, que le hace el juego al régimen. Basta citar al chavista Cliver Alcalá Cordones, quien tan pronto le pusieron los Estados Unidos a su cabeza, denunció que 26 fusiles ocupados por el gobierno de Colombia iban a ser utilizados en un atentado contra Maduro por el capitán Pantera, Robert Colina Ibarra, el mismo de que han dicho voceros del oficialismo que murió en Macuto el domingo. No se puede precisar la verdad de este hecho.
- La supuesta invasión dará comienzo a una caza de brujas, como ocurrió con el asunto de los drones del 4 de agosto del 2018, que presuntamente fueron echados a volar para matar a Maduro. Esta persecución puede ser más feroz, porque el régimen se encuentra aislado y desesperado.
- Algo muy raro aparece en el somero relato oficialista, ya que se habla de la muerte del capitán Antonio Sequea Torres, quien era un torturador del régimen.
- Extraño también resulta que aparezca la copia de un supuesto contrato entre un tal Jordan Gondreau, dueño de una empresa de seguridad de los Estados Unidos, con Juan Guaidó por la suma de 212 mil dólares para actuar contra Maduro. No se comprende que un contrato privado sea divulgado y mucho menos si existe la intención para lo cual fue acordado. Esto no puede creerse.
- La supuesta invasión paramilitar según el propio Diosdado Cabello, fue financiada por el narcotráfico, lo cual también es increíble porque si el Cartel de los Soles se ocupa del tráfico de drogas no va a permitir que se atente en un país donde opera a sus anchas.
- Los militares realizan operaciones por sorpresa y si esta era una operación de ese tipo, no podrían saberlo, como dijo Cabello, “unos tipos sapos” que aquí, no de Colombia, alertaron al régimen. Esto es muy raro.
- La presunta invasión es lo que faltaba para darle carácter de heroicidad a Maduro, Cabello, Reverol y Rodolfo Marcos Torres y José Miguel Domínguez Ramírez, el jefe de las FAES. Macuto será la bahía de Cochinos de Maduro y éste no tardará en condecorar a todos ellos por, como dicen ellos, salvar a su comandante y a la revolución.
Contradicciones y censura
El doctor Miguel Soto, abogado constitucionalista y docente universitario asegura que este régimen se ha caracterizado por sus contradicciones en hechos graves, como cuando fue asesinado el concejal Fernando Albán, quien se encontraba detenido en la sede del Sebin, bajo las más estrictas condiciones de seguridad. Dijeron que se lanzó al vacío cuando no podía dar un paso sin ser vigilado por los funcionarios. Aparte de ser un fiel creyente religioso y no tener intenciones suicidas, no tenía motivos para hacerlo aunque fuese sometido a torturas.
En este caso de la presunta invasión, el país se encuentra en situación muy precaria y la gente está por reventar ante el cúmulo de problemas, porque no sólo le falta el agua, sino que los apagones de luz son prolongados por varias horas y llegará el momento en que será de días.
Contrasta este hecho con lo que pasa en Nepal, que es un pueblo muy pobre, hay racionamientos, pero se le informa a la población las horas en que se le suspenderá el servicio. Eso está planificado. Aquí, no hay nada planificado.
No sabemos, por tanto, qué pasó en Macuto, aunque exista todo tipo de versiones, entre las cuales no falta la de que el enfrentamiento fue por drogas.
Ahora vendrá una ola de persecución buscando a presuntos implicados en esa invasión y la búsqueda será tan extensa que no escaparán los apartados territorios del sur del país. El encierro decretado por el coronavirus ayudará a que se hagan allanamientos y tendrá cancha abierta la represión para violar los artículo 43 y 49, que garantizan la vida y el debido proceso, pero que aquí son desconocidos por los cuerpos de seguridad.
Si el régimen quisiera que la gente tuviera certeza de lo que pasó, entonces, apele a la ley y a la Constitución, que obligan a realizar una investigación exhaustiva.
No lo que hace el fiscal general, que actúa como juez y de una vez hace pronunciamientos como tal, presentando supuestas evidencias sin haber procedido a nombrar los fiscales que se encarguen de efectuar el peritaje investigativo. Es por eso que lo que ha dicho el régimen siembra dudas y jamás tendremos la verdad de lo ocurrido
