Rechazar el anuncio del régimen de la culminación del período académico 2019-2020 a través de actividades escolares a distancia, en virtud de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, el cual se hizo sin considerar modificaciones en el calendario escolar y sin consultar a los docentes y sus gremios, a los padres, representantes y estudiantes y sus organizaciones civiles, para el cumplimiento del Derecho a la Educación, acordó la Asamblea Nacional.
El acuerdo fue presentado por la presidenta de la Sub Comisión de Educación de la Asamblea Nacional la Diputada por el estado Lara, Bolivia Suárez, donde se plasma la situación del sistema educativo del país. Sobre el deterioro acelerado de la calidad de la educación, especialmente en los planteles oficiales que se refleja sin duda en la infraestructura escolar, los servicios de agua, gas, electricidad, transporte, seguridad y alimentación escasean y en muchas instituciones han desaparecido sin que el Estado responda oportuna y eficazmente.
El documento señala que es fundamental consultar a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y a las Escuelas de Educación de las Universidades Nacionales y Privadas, a las federaciones sindicales y organizaciones civiles de docentes, estudiantes, padres y representantes del sector educativo, a los fines de diseñar y articular un plan de apoyo inmediato a la educación básica en sus distintos niveles y modalidades, como parte de la defensa de la educación como derecho humano fundamental, para presentarlo, considerarlo y aprobarlo en plenaria de la Asamblea Nacional.
Se exhorta a la comunidad educativa nacional a exigir a quienes hoy deben responder por las políticas y ejecutorias del Subsistema de Educación Básica a garantizar el disfrute pleno del Derecho a la Educación de millones de niños y jóvenes, y responsablemente reiniciar el año escolar previa consulta con los actores fundamentales del subsistema, esto es, docentes, estudiantes y padres y representantes, de acuerdo son las condiciones de cada proyecto educativo.
Se exige en el documento que el Programa de Alimentación Escolar responda a las necesidades de la población escolar, de acuerdo con los niveles y modalidad de cada proyecto educativo y sea gestionado por los representantes de cada comunidad educativa y no por actores político-partidistas que promueven la discriminación y exclusión en poblaciones vulnerables como son los niños y jóvenes cursantes del Subsistema de Educación Básica.
Establece el acuerdo que se debe realizar cuando se superen las restricciones que impone la cuarentena por el COVID-19, conjuntamente con las organizaciones civiles estudiantiles, magisteriales, de padres y representantes, una evaluación del plan y de las condiciones en que haya quedado el sistema educativo, a fin de tomar las decisiones políticas a que haya lugar para hacer valer la dignidad del Magisterio y el derecho a la educación de calidad y sin discriminación, en Venezuela.
La Asamblea Nacional y el Presidente Interino Juan Guaidó reiteran su acompañamiento y apoyo al Magisterio y la familia venezolanos en su lucha por la defensa del Derecho a la Educación, los derechos laborales de los trabajadores del sector educativo y la garantía de protección a los estudiantes de educación básica en estas duras circunstancias en que la restricción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales afecta severamente el ambiente de libertad y pluralidad que debe reinar en nuestros planteles, señala el acuerdo.
