A pegar carreritas ha puesto el inquilino temporal de Miraflores, a las autoridades regionales, comenzando por Carmelina y por el general Negro, con el caso de la jovencita de 17 años que dio positiva en sus pruebas del COVID-19 en la población de El Tocuyo, sin ningún tipo de sutilezas el sustituto “ordenó” al ministro de salud a la mandataria regional y al militar que le dieran prioridad a este caso y se montaran en forma prioritaria sobre el mismo, ya que podría ponen alto riesgo los esfuerzos que está haciendo el régimen para impedir la proliferación de la pandemia. El tema tiene que ser objeto de una investigación minuciosa y detallada, ya que la joven involucrada no ha viajado al exterior, al parecer no ha tenido contacto con personas portadoras del virus, por lo que se desconoce la forma como se contagió, pero lo más grave es que la investigación implica determinar el entorno familiar, sus contactos en los últimos días, las zonas, amigos, vecinos visitados y a partir de allí iniciar las pesquisas sanitarias para determinar cuántas personas pueden haber contraído la enfermedad por esos contactos. La tarea no es fácil, es como buscar una aguja en un pajar, pero también es cierto que hay que iniciar las pesquisas con la prontitud que el caso amerita, porque los riesgos que se están corriendo son muy altos, no solamente para el entorno familiar de la joven, sino para los vecinos y para todas aquellas personas con las cuales haya tenido contacto, así que a ponerse los patines.
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Las improvisaciones en el ámbito del gobierno regional continúan a la orden del día. En efecto, por órdenes de Carmelina a partir de las 2:00 pm nadie podrá andar circulando en Lara, pero resulta que el viernes a las 3:00 p.m no se conocía el decreto estableciendo la medida, tampoco los criterios sobre los cuales la misma estaría sustentada y el personal que estaría exento de su aplicación, pero lo más angustiante es que las gestiones que las personas interesadas realizaban ante las autoridades, con la finalidad de saber a qué atenerse, se tropezaban con una ignorancia supina, nadie sabía nada y, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, la radio y la televisión, nadie supo explicar si solamente portando el carnet del medio se podía circular, sin temor a que a alguien se lo lleven preso. Las respuestas fueron categóricas, hasta las 2 de la tarde todo el mundo, desconociendo que el estar debidamente informado, es un derecho establecido en la Constitución, de manera que a la hora en que estamos redactando esta información, no se tenía claro el panorama y no se sabía si la gobernadora haría una excepción con los medios, ojalá que se haya impuesto la sensatez y la sindéresis y hayan dejado a los medios realizar su trabajo, lo contrario sería una aberración totalitaria. Por cierto alguien explica que el Estado de Alarma solo faculta al presidente a limitar las garantías que allí se establecen, es decir que solo a través de un decreto presidencial se podrían establecer estas restricciones, ¿Estará esto ajustado a derecho?.
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Comienza a tomar fuerza en el ámbito doméstico, ante la gravedad de la crisis venezolana, ya de por sí bastante aguda y que se ha agravado con la presencia de la pandemia del COVID-19, la propuesta de la constitución de un Gobierno de Emergencia Nacional, a través del cual se pudieran adoptar una serie de acciones como las de gestionar recursos ante los organismos financieros multilaterales para aliviar la situación vulnerable en que ha quedado el aparato productivo venezolano, como consecuencia de las medidas aplicadas para evitar la propagación del coronavirus, que si bien son las mismas que se han aplicado en el ámbito mundial, no es menos cierto que esta nueva crisis se suma a la que ya venía padeciendo el pueblo venezolano desde hace bastante tiempo. De allí que haya llamado la atención la posición pública de los industriales venezolanos, a la cual se han adherido otras organizaciones, al plantear la necesidad de este Gobierno de Emergencia Nacional, que tiene el respaldo de numerosos gobiernos del mundo, que entienden que mientras no se resuelva la problemática política nacional, resultará muy cuesta arriba, resolver los problemas económicos, de crisis energética, fallas en los principales servicios públicos, porque para afrontar la solución de todos y cada uno de ellos se requiere de ingentes cantidades de dinero, que el régimen no tiene y tampoco puede lograrlo en los mercados financieros internacionales, debido a su imagen de mal pagador, habiendo caído en default con varias de las acreencias que no fueron honradas oportunamente.
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Lo que menos quisiéramos en esta sección, es ser voces agoreras o portadores de malas noticias, pero lamentablemente pareciera un hecho irreversible que el ciclo de siembra de invierno, que se inicia a finales de abril y mediados de mayo, “está prácticamente perdido” como lo dijo el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, cuando quisimos conocer las expectativas que había entre los agricultores, tomando en consideración que es el más importante del año; pero si bien es cierto que en el campo están las tierras, los agricultores tienen la mejor disposición de continuar haciendo lo que saben que es producir los alimentos para las mesas de los venezolanos, no es menos cierto que no pueden hacer milagros, no tienen semillas, agroquímicos, ni fertilizantes, a estas alturas no han podido preparar las tierras para la siembra, carecen igualmente de los repuestos para las maquinarias y equipo y además la inseguridad en el campo les está haciendo la vida cuadritos; no tienen financiamiento bancario y tampoco disponen de divisas para adquirir los insumos en los mercados internacionales, a lo que ahora se suma la falta de gasolina, lo que les impide sacar sus cosechas hasta los centros de consumo. Si se pierde este ciclo, el futuro de la alimentación de los venezolanos, estará bastante comprometido, porque lo poco que se produzca, si llega a los mercados para su comercialización, tendrá que pagarse a precios de oro, por eso algunas personas han alertado que quien se salve del COVID-19, correrá un alto riesgo con la hambruna que se avizora.
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Esta semana pasada, circuló profusamente por las redes sociales de la región, la detención de un alto funcionario de la Dirección de Hacienda Municipal de la Ciudad Madre, este inocente pajarito al parecer llevaba en las alforjas nada más y nada menos que 400 litros de gasolina, siendo escoltado dizque por un oficial de la PNB. Por supuesto surgen algunas preguntas inocentes: ¿En cual de las estaciones de servicio de la entidad le suministraron el combustible? ¿Quién ordenó la entrega? ¿Qué chapa presentaron para que les entregaran la gasolina sin problemas? Preguntas que están a la espera de repuestas por parte de la sociedad larense, sobre todo aquellos conductores que no han podido ponerle gasolina a sus vehículos o han tenido que pasar muchas horas en largas colas para poder llenar sus tanques. Pero la guinda de esta torta pública y notoria, es que a estos personajes detenidos en flagrancia, o como se dice en criollo, con las manos en la masa, por otros funcionarios policiales, según el reporte que emitieron, fueron puestos en libertad de inmediato dizque a través de gestiones realizadas supuestamente por la burgomaestre, quien como todos saben, tiene “vara alta con Carmelina” y es lo que le permite avalar este tipo de tropelías, que se están cometiendo a diestra y siniestra en la región, donde la anarquía por parte de los enchufados es total.
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A propósito, un conocido bufete de abogados de Lara alerta que a uno de sus clientes, quien necesitaba de gasolina para una planta, contacto a unos funcionarios castrenses cuyo lema ahora es “el dólar es su divisa”, encargados de vigilar y controlar la distribución del combustible, sin ningún tipo de problema le vendieron la gasolina, un bidón de 20 litros, cobraron por el producto y la persona salió rumbo a su residencia; sin embargo, a dos o tres cuadras fue detenido en un “punto de control” , por supuesto de la misma gente, cuando le interrogaron dijo que el combustible era para una planta y que se lo habían vendido en la estación de servicio sin ningún problema; por supuesto, le dijeron que esto es ilegal y que para que las cosas no trascendieran, tenía que pagarles 300 dólares. Como el afectado no pudo obtener el dinero se lo llevaron detenido al 100+21 y desde allí lo remitieron al MP, hasta donde se trasladaron los abogados, quienes señalan que a su cliente le están violando todos sus derechos, al debido proceso, el acceso a sus abogados defensores. Vaya este mensaje para el Jefe de ese estamento, quien hace pocos días amenazó a sus subalternos, hasta con medidas de destitución, si seguían circulando denuncias sobre matracas con el combustible por parte de los funcionarios, audio que también circuló profusamente, pero por lo visto, al general Negro no le está parando su personal ni media pelota. De tal manera que no hay que caer en este tipo de trampas, por que los personajes de ética y moral nada conocen, o se le olvida cuando ven los billetes verdes.
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Señales de malestar se están repitiendo con mucha frecuencia, en las últimas semanas, en las distintas estaciones de gasolina a lo largo y ancho de todo el país, los videos de peleas, incluso entre mujeres circulan profusamente por las redes, así como las kilométricas colas; las demostraciones de los motorizados esta semana pasada en Valencia, donde participaron por lo menos 2.500 personas, tiene que haber puesto a pensar al gobernador drácula, quien obligatoriamente tiene que haber hecho llegar el mensaje a la capital. El ejecutivo está consciente que con el caso de la gasolina, está sentado en un barril de pólvora, que se trata de un tema muy sensible porque tiene incidencia en todas las actividades que se realizan en el país, no hay que olvidar que el 90% de los productos alimenticios, medicinas, electrodomésticos se transportan por carretera, de allí que se deben estar tomando todas las medidas para resolver este problema; por supuesto, la capacidad de maniobra del régimen es muy limitada; por eso es que ya mucha gente le está planteando a Guaidó que traiga la gasolina que produce Citgo, idea que no parece descabellada y debe ser puesta sobre la mesa de las discusiones, para el momento en que se estén buscando las soluciones, ya que al final del día, esto es lo único que le interesa a la gente, nada les importa quién es el responsable de que esto haya ocurrido, así lo dijo Luis Vicente León el boos de Datanálisis.
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Desafortunadas e infelices, por decir lo menos la exposición que hizo una maestra en la televisión oficial, donde se puso en evidencia que no existe ningún control, sobre todo de la calificación y las credenciales de las personas que participan en estos programas en vivo, mucho menos de los excesos y atropellos que se cometen contra la inteligencia del pueblo venezolano. A esta jovencita en una demostración de las más crasa ignorancia, dijo en su exposición que en Venezuela existía una gran represa, la de El Guri, que era la que le distribuía el agua a todo el territorio nacional, habrase visto tremendo despropósito, pero no rectificó, sino que lo repitió de nuevo como si hubiese hecho un gran descubrimiento. Las reacciones de los propios maestros, docentes egresados del Pedagógico, no se hicieron esperar y por las redes sociales no tuvieron ninguna compasión con esta jovencita, quien suponemos aún no debe haber salido del lugar donde se ocultó, ante tal cúmulo de cuestionamientos a su exposición. La conclusión de muchos, es que debe haberse graduado en algunas de las misiones del régimen y después en la universidad bolivariana. Pero en su descargo y para ser objetivos tenemos que reconocer, que no tiene culpa el ciego, sino quien le da el garrote. La verdad que no quisiéramos en estos momentos, estar en sus zapatos.
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Aun cuando algunos personajes afirmaban que los comentarios de la semana pasada sobre lo que ocurre en el CMI eran “puras mentiras”, al día siguiente contactaron a una periodista ex trabajadora de un canal regional y la encargaron de las redes sociales y la pusieron a dar la cara como jefa de prensa, caso este que debe ser revisado por el CNP regional, porque es tiempo de que haga valer sus derechos y el de sus agremiados; es público y notorio que en muchas instituciones regionales, no cumplen con tener en sus dependencias de prensa a periodistas colegiados. Confiamos en que esta nueva contratada del CMI se dé a respetar y no se preste a las comiquitas de la jefecita y de su combo de costosos asesores. Asimismo, los trabajadores han puesto a circular por las redes sociales, audios en los que denuncian que el salario que perciben no les alcanza para nada, reclamando que la Cámara debería dotarlos periódicamente de una caja o bolsa con alimentos, para poder enfrentar la cuarentena, resultando lo más significativo que las personas se identifican plenamente, lo que evidencia la crítica situación por la que atraviesan, sugiriéndole a Cheluis que hable con Isbelia, ya que es muy cómodo ordenarles “permanecer en sus casas”, pero no les ayudan a resolver problemas vitales como son la alimentación y los medicamentos. A propósito, de la forma más extraña y sorpresiva al parecer desaparecieron dos un par de radios portátiles (WT), aseguran que ya la denuncia fue puesta ante el CICPC; sin embargo, dentro de la institución, todos saben quién fue el responsable del extravío.
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Por cierto también llega hasta nuestra mesa de redacción un audio de la comunidad de Quebrada Arriba, parroquia El Blanco del municipio Torres, en la cual los vecinos expresan su profunda inquietud y preocupación, ante las informaciones que les están llegando en torno a la supuesta intención del gobierno regional de abrir tanto en el liceo y la escuela Trinidad Samuel, sendos centros donde al parecer serían ubicados unos 150 refugiados, advirtiendo que esto mantiene “consternada” a toda la comunidad, porque ante la lamentable realidad de la pandemia que azota al mundo, y ante las múltiples necesidades de esta zona que carece de todo, agua no tratada, basura, exposición de excretas a cielo abierto, en el ambulatorio no hay ni siquiera un tensiómetro, tampoco ambulancia, no hay gasolina, no hay gas, para que ahora vengan a agregar otro problema “con esta pandemia que está matando a la humanidad por completo”, de allí que como vecinos de Quebrada Arriba hacen un llamado al burgomaestre del municipio Torres y a los representantes de la comunidad, que quieran un poquito a la población de QA, que no expongan a pueblos lejanos que están sufriendo las penurias, que se están muriendo de mengua, para que les vengan a profundizar la crisis que de por sí allí están padeciendo. Advierten que los vecinos se van a organizar por manzanas, por calles para defenderse, porque no están dispuestos a permitir que estos centros de educación que pretenden habilitar como refugios, están en pleno corazón del pueblo de Quebrada Arriba y los va a afectar a todos, advirtiendo que quieren morir decentemente y cuando Dios lo mande, no cuando otro lo disponga, advierten que hay otros lugares donde estas personas pudieran ser ubicadas, emplazando a las autoridades que tienen que ver con esta situación, a “ponerse las manos en el corazón”, ya que los habitantes de esa región quieren darle un futuro a sus hijos y nietos, considerando que es injusto que además de todas las calamidades que padecen, ahora les pretendan agregar el COVID-19. El que quiera escuchar, que oiga el clamor de la gente.
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Mucho trabajo han tenido en los últimos meses las organizaciones periodísticas gremiales, a lo largo y ancho de todo el país, porque nunca antes la arremetida en contra de los medios de comunicación y de sus trabajadores, ha sido tan violenta y recurrente. En estos momentos se ha convertido en un altísimo riesgo escribir cualquier información sobre el COVID-19 a través de las redes sociales, léase Twitter, Instagram, Facebook o Telegram, ya que las reacciones del alto gobierno o de los cuerpos de seguridad, depende en gran medida, de la interpretación que los funcionarios le den a lo que el periodista, en cumplimiento de su trabajo de informar, derecho que está contemplado, no solamente en la Constitución Nacional, sino en la Carta de los Derechos Humanos, haya escrito para que el ciudadano de a pie sepa a qué atenerse en torno a lo que está aconteciendo a su alrededor. El último caso del cual se tuvo conocimiento, fue el del colega Sergio Novely, quien está viviendo en los Estados Unidos desde hace cerca de un año o un poco más, a quien le hicieron una “visita de cortesía” a su vivienda, la cual tiene rentada a gente que ni siquiera es su familia, y de esa residencia, según el propio periodista, se llevaron varias computadoras y teléfonos, que por supuesto nadie sabe en qué momento van a devolver, si es que acaso esto ocurre, lo cual es muy poco probable. Definitivamente, el estado de derecho dejó de existir en Venezuela y si por alguna circunstancia algún colega cae en desgracia, solo le queda apelar ante el Foro Penal Venezolano y/o ante la Corte Celestial, así que Dios nos agarre confesados.
Juan Bautista Salas
