Freddy Bernal advirtió, refiriéndose a los autores de las publicaciones sobre Tienditas, que todo ciudadano que dirija «muestras de odio» o que inste a «alterar el orden público» y «llamar al levantamiento de la población» en videos públicos será detenido e imputado por crímenes de odio
El Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de Táchira, extensión San Antonio, dictó una medida privativa preventiva de libertad contra los ciudadanos Zuleima Mercedes Sánchez Bermúdez, Jeison Gonzalo Robles Nieto y Sergio Jesús Ángel, por cometer presuntamente los delitos de instigación al odio y resistencia a la autoridad.
Estos son los cargos de los que son acusados por haber grabado y publicado un video en la red social Instagram, en el que denuncian la existencia de un albergue ubicado en Tienditas, municipio Samuel Darío Maldonado, que disponen para que los venezolanos recién llegados de Colombia, que deben ser sometidos a aislamiento preventivo.
De acuerdo con una nota de prensa publicada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el video se «evidencia la instigación al odio y el llamado a la población en general al desacato del decreto emanado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en virtud de la pandemia del Covid-19».
El gobierno de Nicolás Maduro decretó un estado de alarma que establece la restricción de ciertas libertades de la población. Sin embargo, la persecución política en este contexto ha sido notoria.
A pesar de la permanencia de medidas de distanciamiento social que limitan la actividad y afluencia de personas en la calle, el régimen ha arrestado a casi 60 ciudadanos por motivos políticos en el último mes.
El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, denunciaba a inicios de mes que desde el inicio de la cuarentena, los cuerpos de seguridad del régimen habían arrestado a 23 personas por motivos políticos.
La cifra fue actualizada este 13 de abril, cuando Romero confirmó que son 53 los detenidos, por lo que la práctica se ha recrudecido en las últimas dos semanas.
El «defensor» de Táchira, Freddy Bernal, explicó la detención de los tres ciudadanos a los que le atribuyen la creación del video sobre los albergues, dejando claro que el régimen será menos contemplativo a la hora de arrestar ciudadanos, justificándose en la coyuntura que atraviesa el país.
Advirtió que todo ciudadano que dirija «muestras de odio» o que inste a «alterar el orden público» y «llamar al levantamiento de la población» en videos públicos será detenido e imputado por crímenes de odio.
«He ordenado la detención de todos y cada uno de ellos. Ya usted no verá esos videos, porque están en la cárcel. No lo vamos a permitir», sostuvo.
Almagro pide respetar DDHH de pueblos indígenas
Por otro lado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, instó al régimen de Nicolás Maduro a “detener la violación de los derechos humanos” sobre los pueblos indígenas.
“Exigimos al régimen Venezuela detener la violación de los DDHH en contra de sus pueblos indígenas que protestan por no contar con agua potable, alimentos y asistencia médica necesarias para enfrentar la crisis del Covid-19”, dijo este martes a través de su cuenta personal de Twitter.
Anteriormente, la organización no gubernamental venezolana Foro Penal publicó un informe en el que denuncia la situación de las comunidades indígenas en Venezuela frente a la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
“Han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados”, reza el informe.
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