Al reaccionar este martes en torno al informe anual que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el cual posicionó a Venezuela en el capítulo IV, en donde se encuentran los Estados forajidos en materia de violación de derechos humanos, la diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solorzano, dijo que “es una Vergüenza”.
“No es primera vez que Venezuela se encuentra en el capítulo IV, tiene muchísimos años allí. Es una vergüenza”, dijo Solórzano al referirse a los resultados expuestos por el organismo multilateral.
De igual forma, la parlamentaria sostuvo que la CIDH hace un resumen de la crisis compleja que vivió Venezuela en el 2019, en el cual destaca el quebrantamiento de todos los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro y registra que en consecuencia al fallido e ilegítimo proceso electoral de 2018 donde se amañó la elección presidencial, y conllevó posteriormente, a que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumiera el cargo de presidente encargado de Venezuela.
En el área judicial, el “TSJ de Maduro ha violado de manera reitera la institucionalidad democrática y ha impedido el ejercicio de las tareas que corresponden constitucionalmente a la Asamblea Nacional”, afirmó.
“El poder judicial está secuestrado por el régimen de Maduro y la falta de independencia de poderes evidentemente genera inestabilidad democrática y, a su vez, persecución política”, aseguró.
La diputada por Encuentro Ciudadano manifestó que en el informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfatiza que los trabajadores de la prensa son víctimas de acoso y persecución por parte de los cuerpos de seguridad de la dictadura, como lo son las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Asimismo, registra a Venezuela como uno de los países más pobres del mundo, al tiempo, que mencionan de manera alarmante, el nivel de pobreza, la crisis de salud, el mal funcionamiento del sistema educativo, la violación de los derechos laborales, el alza de femicidios, las condiciones de hacinamiento de los privados de libertad, el incumplimiento al derecho ciudadano del agua y el secuestro de la autonomía universitaria.
La legisladora enfatizó que el informe recalca sobre las fuertes campañas de estigmatización y hostigamiento del régimen contra el trabajo de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, que denuncian la grave crisis humanitaria y sistemáticas violaciones de DDHH en el país, especialmente a quienes critican y demandaban reformas del sistema gubernamental.
