Antes de entregarse a la DEA por intermedio de la Policía colombiana, el general retirado Clíver Alcalá Cordones hizo unas declaraciones a la prensa en las que afirmaba haber venido trabajando desde hacía muchos meses, no sin tropiezos y en colaboración con la oposición representada por Juan Guaidó, en la conformación de una unidad por la libertad de Venezuela que habría ejecutado una supuesta operación militar quirúrgica en contra de ciertos objetivos estratégicos culpables del desastre en que se ha convertido el país. En sus declaraciones, además de al propio Guaidó, el general aprovechaba de inculpar al consultor político J.J. Rendón, a ciertas autoridades norteamericanas y a otras personalidades.
De todas las hipótesis desarrolladas alrededor del significado de tales declaraciones, ¿cuál podría ser tomada como cierta? A nuestro juicio, Clíver Alcalá no hacía otra cosa que cooperar con el gobierno de Nicolás Maduro en la deslegitimación de la causa opositora. De hecho, una traducción nítida de sus afirmaciones sería que «las tácticas de la oposición son violentas, contemplan el golpe de Estado y, por tanto, se alejan de la tolerancia y las prácticas democráticas»; un mensaje falso que, evidentemente, no transmite el espíritu de la lucha opositora, pero que estaba bien dirigido a la comunidad internacional, así como a contribuir grandemente con la desinformación y la campaña de confusión permanente a la que nos tienen acostumbrados.
¿Por qué es importante volver sobre un tema que pareciera reiterado hasta el cansancio? En primer lugar, para que la campaña de desinformación no gane la partida: la lucha por la democracia ha sido tomada por muchos venezolanos como un bien moral o, si se prefiere, como un imperativo. Pero en segundo lugar, porque, consciente o inconscientemente, los gobiernos autoritarios saben que la legitimidad de la lucha por la democracia comienza con el compromiso del liderazgo con los valores de la tolerancia y la moderación, el rechazo de la violencia y una cultura profundamente democrática. Por tanto, valdrá la pena aclarar la naturaleza de la búsqueda opositora, tantas veces como haga falta.
¿De qué va entonces la causa opositora venezolana? Lo primero que habría que aclarar es que no está dirigida a la mera sustitución de agentes políticos (es un asunto que la realidad contemporánea del país ha demostrado como ineficaz); y mucho menos por métodos violentos. La causa opositora venezolana tiene como objetivo la sustitución de un sistema de gobierno injusto, por una democracia, por métodos civiles y pacíficos. Además, está planteada en términos gradualistas. Es decir, dirigida a restituir en primer término a una democracia de mínimos, o lo que se conoce como «Democracia electoral»: un sistema de gobierno (de nivel nacional), que otorga a la gente con igual derecho de ciudadanía, los medios para elegir y sustituir a sus líderes políticos en elecciones regulares, significativas, libres y justas. Luego, con el esfuerzo sostenido de todos, abriremos paso a una democracia de máximos, o si se prefiere, de «calidad».
¿Por qué regulares? Las elecciones son regulares cuando son realizadas en el intervalo constitucional establecido, por lo que la lucha opositora reivindica la prohibición de retrasos, suspensiones o adelantos electorales fuera de la Ley, como los ocurridos en 2016 con el referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro (suspendido indefinidamente a través de una medida cautelar de un tribunal de instancia), las elecciones regionales (aplazadas por seis meses hasta 2017), o las elecciones presidenciales de 2018 (adelantadas por la inconstitucional ANC, de diciembre a mayo del mismo año).
¿Por qué significativas? Las elecciones deberían tener resultados consecuentes. Es decir, ellas deberían definir quién ejerce realmente el poder efectivo en el país. Por tanto, ninguna autoridad debería poseer facultades o dominios reservados de poder, ni estar por encima de los mecanismos electorales de control y sustitución. Asimismo, ninguna autoridad superior (llámese el ejército, o diseñada ad hoc, como la ANC en el caso de la victoria de la oposición en las elecciones a la Asamblea Nacional de 2015 o la Autoridad Única del Distrito Capital en el caso de la victoria del alcalde Ledezma en las elecciones al Distrito Metropolitano) debería tener la capacidad para anular los resultados electorales desagradables al oficialismo.
¿Por qué libres? Las elecciones son libres cuando en la ley y en la práctica se ponen muy pocas barreras para entrar a competir electoralmente y a los candidatos y sus partidos se les permite hacer campaña y movilizar sus apoyos con libertad. También son libres cuando la ciudadanía, sin miedo a que existan represalias, puede reunirse y defender públicamente sus preferencias y votar bajo absoluto secreto. Un bajo o inexistente clima de violencia es también un indicador de libertad electoral, especialmente si a ese bajo clima de violencia se le acompaña de otras libertades, como el derecho a una prensa independiente, a expresarse libremente, o del ejercicio de los derechos de movimiento, reunión y asociación.
¿Qué significa que sean justas? Las elecciones son justas cuando existen un campo y unas reglas de juego razonablemente nivelados entre los partidos de gobierno y oposición. Esto implica, entre otras cosas, la existencia de una Administración electoral neutral, competente y profesional, así como unos cuerpos de policía, militares y jueces políticamente independientes. También implica un diseño adecuado de los distritos electorales y que los cargos públicos ocupados por políticos oficialistas no abusen de su poder para favorecer a los candidatos de su partido. Finalmente, habrá justicia en las elecciones cuando se permita un amplio acceso a los medios de comunicación de masas, haya supervisión internacional e independiente de los procesos de votación y conteo y, a diferencia del diseño corporativo de las elecciones de la fraudulenta ANC, se concretice el acceso universal al derecho a sufragar, sin exclusiones, restricciones ni amañamientos de ningún tipo.
Estos son los pilares de la lucha de una mayoría de venezolanos de bien que aspira tener un liderazgo a la altura del enorme compromiso democrático que ella conlleva. Un compromiso que se aleja de cualquier forma de imposición de un líder por otro por medio de la violencia, y que más bien se acerca a la restitución de un sistema plural que construye su legitimidad con la tolerancia, la moderación, la responsabilidad ante la ley, el sufragio y los controles.
Héctor J. Pantoja Pérez-Limardo
