El gobierno de Donald Trump está dispuesto a levantar las sanciones sobre Venezuela en apoyo a una nueva propuesta de formar un gobierno de transición que represente a aliados tanto de Nicolás Maduro como de Juan Guaidó, dijeron funcionarios estadounidenses.
El plan, que el secretario de Estado, Mike Pompeo, presentará en las próximas horas, refleja una propuesta formulada por Guaidó que revela cómo ante el temor creciente por el coronavirus, que amenaza con abrumar el sistema de salud ya colapsado la economía paralizada, Estados Unidos revive sus intentos de apartar a las fuerzas armadas de Maduro.
El llamado “Marco Democrático para Venezuela” obligaría a Maduro y Guaidó a dar un paso al costado y entregar el poder a un consejo de estado de cinco miembros, el cual gobernaría hasta la realización de elecciones generales a fines de 2020, de acuerdo con un resumen de la propuesta a la que tuvo acceso The Associated Press.
Saab cita a Guaidó a comparecer ante el MP por supuesto plan de magnicidio #31Mar
Cuatro de los miembros serían elegidos por mayoría de dos tercios de la Asamblea Nacional, que preside Guaidó. El quinto miembro, que sería presidente en funciones hasta la realización de las elecciones, sería designado por los otros cuatro miembros del consejo. Ni Maduro ni Guaidó serían miembros del consejo.
“La esperanza es que este esquema promueva la selección de personas que gozan de amplio respeto y conocidas por su capacidad de colaborar con la otra parte”, dijo el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, en una explicación preliminar del plan. “La gente del mismo régimen ven esto y comprenden que Maduro debe partir, pero a los demás nos tratan bien y con imparcialidad”.
En el comunicado, Abrams expresa que Estados Unidos no apoya a ningún partido político en particular en Venezuela, sino el regreso de la democracia y cree que todos los partidos, incluyendo el PSUV, deberían poder competir en igualdad de condiciones, en elecciones libres y justas.
«Esto significa el fin de los enjuiciamientos injustos que han dejado a decenas de miembros del Parlamento en el exilio, cuatro en prisión y muchos más excluidos de postularse para un cargo, incluido el Sr. Guaidó, que continuaría como presidente de la Asamblea Nacional hasta nuevo parlamentario y elecciones presidenciales», expuso.
El plan esboza los requisitos de Estados Unidos para levantar las sanciones que pesan sobre los funcionarios de Maduro y la industria petrolera, la fuente de casi todos los ingresos externos de Venezuela.
Si bien los acusados de abusos graves de los derechos humanos y el tráfico de drogas no se beneficiarán con el alivio de sanciones, los individuos que están en la lista negra debido a sus posiciones en el gobierno _miembros de la corte suprema, el consejo electoral y la asamblea constitucional_ sí lo serán.
Cliver Alcalá se habría declarado inocente ante la justicia de EE.UU #31Mar
Pero las sanciones solo desaparecerán cuando el consejo esté funcionando y las fuerzas extranjeras -cubanas o rusas- se vayan del país.
El diplimático Abrams, añade que el propósito de las sanciones es privar al régimen de los ingresos que utiliza para la represión, o robar a través de la gran corrupción, y obligar al régimen a aceptar las elecciones presidenciales. «Maduro nunca ha negociado de buena fe sobre ese tema central. Las elecciones a la Asamblea Nacional por sí solas no constituyen una solución política«, dice.
«Esperamos con ansias el día en que se celebren elecciones, se establezca un nuevo gobierno democrático y se puedan levantar las sanciones. Esperamos restaurar una vez cerca Venezuela-EE. UU. relaciones, para ayudar a los migrantes y refugiados venezolanos desplazados por la crisis a regresar a su amado país, y ver a los niños de Venezuela compartir nuevamente la generosidad natural de su país», resaltó.
Durante meses, Estados Unidos ha utilizado las presiones económicas y diplomáticas para tratar de quebrar el apoyo de las fuerzas armadas a Maduro, y la semana pasada fiscales estadounidenses acusaron al presidente, el ministro de Defensa y el titular de la corte suprema, entre otros, de narcotráfico y lavado de dinero.