La fiscalía general de los Estados Unidos debe presentar las pruebas que tiene contra Nicolás Maduro y los demás funcionarios, que están siendo acusados de pertenecer a una agrupación delictiva que, durante varios años, ha introducido drogas en ese país.
Al emitir su opinión a Elimpulso.com, el Dr. Julio Portillo, exdocente de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y exembajador en República Dominicana, precisa que la acusación es contra determinadas personas y no contra el país como pretende hacer ver el régimen.
En el caso de investigación por tráfico de drogas de un país a otro, existe el precedente de la acusación formulada el 4 de febrero de 1989 contra Manuel Antonio Noriega, presidente de facto de Panamá, por los delitos de crimen organizado, lavado de dinero y narcotráfico en su alianza con uno de los carteles colombianos. Meses después fue capturado tras la invasión a esa nación. Se le condenó por causarle daño a la salud del pueblo estadounidense a través de drogas ilegales. Son las mismas causas que se argumentan contra Maduro y varios funcionarios.
Otros datos
Desde hace cierto tiempo, se ha venido hablando de la existencia del Cartel de los Soles, en el cual se involucran a militares de alto rango y no ha habido una explicación al respecto. Una vez más surge el señalamiento en la acusación que ha hecho el fiscal general de los Estados Unidos.
Lo que llama más la atención es que existen señalamientos de que esos funcionarios tienen y disfrutan de bienes inmobiliarios de lujo, así como llevar vida de ricos, lo que no se puede justificar con los salarios que devengan en las instituciones a las que pertenecen. Es por ello que ahora existe la oportunidad de saber la verdad.
Otro hecho que amerita interés es que se le ha puesto precio a Nicolás Maduro y a otros funcionarios, lo cual los hace muy inseguros porque su propio entorno podría prestarse para cobrar recompensas, dijo Portillo.
No se puede olvidar que los datos facilitados por los allegados al general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza élite para acciones en el exterior de la Guardia Revolucionaria de irán sirvió para que los estadounidenses usaran el dron como arma de destrucción. Requieren por tanto de medidas de seguridad extremas para ser llevados a los tribunales, si se presentan las pruebas, que dada la severa acusación están obligados a mostrar los que han hecho las investigaciones.
