La investigadora de Asuntos Sudamericanos de Amnistía Internacional resaltó que en el informe de la misión de este organismo para la determinación de los hechos se establecerán responsabilidades individuales a la cadena de mando del gobierno chavista en cuanto a violaciones a DDHH por la política de represión
“La mayor preocupación para Amnistía Internacional (AI) en cuanto a la afectación del Covid-19 a Venezuela va de la mano con lo que hemos venido denunciando en los últimos años y hemos documentado múltiples casos y es el establecimiento de una política de represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro, porque esa política podría exacerbarse para de alguna forma limitar la información y la circulación de información veraz de la situación actual de la pandemia en el país, cuántas personas son portadoras del virus, cuántas están siendo atendidas, qué insumos y capacidad instalada tiene el gobierno para atender a estas personas y la efectividad del tratamiento y control de la pandemia”.
Esta afirmación la hizo Valentina Ballesta, investigadora de Asuntos Sudamericanos de AI, quien aseguró que las organizaciones de DDHH tienen el reto de garantizar que la información veraz en cuanto a denuncias de falta de tratamiento, atención o de acciones para detectar el nuevo coronavirus, puedan salir a la luz.
En entrevista para TalCual, la investigadora alertó que se trata de información muy sensible y que quienes hagan las denuncias correrán el riesgo de convertirse en un objetivo de la política de represión de Nicolás Maduro. “No sería la primera vez que pasa en el país. Tenemos casos de personas expertas en algunos temas que han denunciado irregularidades o que, por no estar de acuerdo con la política gubernamental, han sido señaladas y perseguidas en el pasado. Tenemos denuncias sobre dos médicos, uno fue detenido y ya puesto en libertad y del otro estamos verificando su situación actual”, indicó Ballesta.
Trabajar en redes y coaliciones ante la política de represión
-Dadas estas restricciones que se han establecido al libre tránsito de los ciudadanos ¿cómo pueden desenvolverse los activistas de DDHH en Venezuela?
-Las organizaciones van a tener dificultades, pero la ciudadanía también. En la situación actual que presenta el país sabemos que muchos de los bienes esenciales son de difícil acceso y la población está acostumbrada a buscar en distintos sitios para satisfacerlas. Entendemos que puedan ser necesarias algunas medidas de restricción de movilidad. Sin embargo, tienen que crearse mecanismos para poder subsanar esa falta de acceso o satisfacción de los derechos más básicos como el tema del agua.
“En cuanto a las organizaciones de DDHH es el momento para que trabajen en redes y coaliciones; va a ser muy importante, toda información debe ser verificada, tenemos que hacer un trabajo muy serio de filtrar el tipo de información que se está compartiendo y a la vez abarcar la mayor cantidad de territorio posible porque no vamos a poder movernos con total libertad”, indicó Ballesta, quien señaló que actualmente hay muchas redes que en estos momentos están fungiendo de canales informativos, de confirmación y activismo enfrentando la política de represión de Nicolás Maduro.
Puerta giratoria de la política de represión
-¿Cuál es su opinión sobre la actualización del informe sobre Venezuela, por parte de la Alta Comisionada de los DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en donde se insiste en la situación de violación de DDHH y se registran nuevos casos?
– Para AI, cualquier tipo de escrutinio internacional sobre situación de DDHH en el país es indispensable, importantísimo. Tenemos que ver en su conjunto las actualizaciones de Bachelet este año, no son aisladas, vienen de un mandato muy fuerte del consejo de DDHH sobre el escrutinio que hay que hacer en materia de DDHH en Venezuela y tenemos la noción de que la situación sigue igual de grave, sigue resaltando el tema de las personas privadas de libertad por motivos políticos; no se puede negar que existe y ocurre este fenómeno que algunos llaman de “puerta giratoria” (salen algunos detenidos y entran otros), que no puede bajarse la presión y escrutinio que se hace a las detenciones arbitrarias para perseguir políticamente a las personas que son consideradas oponentes o contrarias al pensamiento al gobierno de Nicolás Maduro. Es un mecanismo que seguimos viendo estos días.
Ballesta aseveró que AI considera muy importante la presencia del equipo de la Alta Comisionada de DDHH en Venezuela, pero hizo énfasis en que el organismo tiene expectativas muy altas sobre la función que va a cumplir, por mandato del Consejo de DDHH, la misión de determinación de los hechos, encargada de establecer responsabilidades personales y posibles líneas de mando en relación a las violaciones de DDHH cometidas en Venezuela, gracias a la política de represión de Nicolás Maduro, misión que tiene proyectado entregar su informe en septiembre.
Inicio de procesos penales
“Creemos que esto va a venir a complementar el trabajo que ha hecho la Alta Comisionada. Es un grupo de expertos independientes que nos aseguran imparcialidad, y que también tienen recursos suficientes para un nivel de escrutinio y verificación que va a ser clave sin duda alguna para dar verdad justicia y reparación a las víctimas de violaciones de DDHH”, resaltó la investigadora.
-¿A qué acciones puede conducir la presentación del informe?
-El ideal es que se abran procesos penales e investigaciones, tanto a nivel local como internacional. Este tipo de informe que se producen en estas comisiones de investigación deben servir en un proceso jurisdiccional específico. Este tipo de documento va a permitir señalar hacia dónde van las responsabilidades y que un tribunal penal pueda establecer si la persona es responsable penalmente, y por supuesto las sanciones.
Acotó Ballesta que en Venezuela se sabe que las posibilidades son pocas para enjuiciar a los responsables actuales de las violaciones a DDHH mediante la política de represión de Nicolás Maduro, pero advirtió que las autoridades de Nicolás Maduro no deben olvidar que hay dos vías que podrían dar justicia internacional: el examen preliminar de la Corte Penal Internacional y países que tengan la posibilidad de activar, si dentro de su legislación lo tienen contemplado, algún tipo de investigación penal en contra de autoridades venezolanas.
Más arbitrariedad
-Desde el Gobierno se ha amenazado con acciones contra distintas ONG de DDHH en cuanto a investigarlas por recibir financiamiento externo. Se les ha acusado de buscar la desestabilización e incluso de ir contra los intereses de la patria
-Sin duda alguna es una gran preocupación para AI. El Gobierno de Nicolás Maduro ha tenido sus amenazas a las organizaciones de la sociedad civil desde hace algunos años. Sin embargo, creemos que esto puede materializarse en cualquier momento y por ello hacemos un llamado a la comunidad internacional para insistir que esto coartaría los DDHH y va en contra del Estado de Derecho que amparan las funciones naturales de organizaciones de la sociedad civil, como la veeduría y contraloría que ejercen. Lo que se plantea en este momento como es la aprobación (vía la Asamblea Constituyente convocada por el Presidente y no por el pueblo) de un proyecto de ley con algunos tipos penales abiertos. Algo que no es técnicamente muy preciso, y que lo que va a propiciar es mayor arbitrariedad.
“Hemos denunciado que uno de los mayores riesgos que corre la sociedad venezolana es el altísimo grado de arbitrariedad con que funciona el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, el establecer una ley que trate de limitar la función de las organizaciones de la sociedad civil a través de mecanismos arbitrarios, se incorpora a estos mecanismos de control y de represión que intenta imponer el gobierno. Las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza, y eso vendría a sumar en esa política de represión y expondría la labor de defensores de DDHH que están todos los días luchando por defender y reivindicar los derechos más básicos en Venezuela”, expresó Ballesta.
Hecho histórico
-¿Puede tener esperanza el pueblo venezolano de ver justicia en esos casos de violaciones de DDHH?
-Sí. Al entender que en Venezuela los caminos de justicia están lamentablemente coartados y obstaculizados por la coyuntura, creemos que la visión tiene que ser hacia la justicia internacional. Tenemos la oportunidad de un hito, un hecho histórico que va a ser la presentación de este informe de la comisión de determinación de hechos que por primera vez pueda adentrarse en casos específicos, emblemáticos, que pueda determinar líneas de mando y por lo tanto dar algo de verdad, justicia y reparación a las víctimas. Eso sirve para que en el momento en que la sociedad pueda obtener verdad y justicia, que haya reparación a las víctimas y podamos empezar a construir los mecanismos para que hechos como estos no se repitan.
-¿Existe un ejemplo actualmente de un país en que una comisión de determinación de hechos haya presentado su informe y se haya procedido a abrir juicios?
-Sí, un ejemplo reciente es el de Myanmar, donde la misión de determinación de hechos hizo un trabajo exhaustivo y profundo sobre cadenas de mando, etc y eso está nutriendo una investigación en la CPI.
