Además de más de treinta frente armados colombianos que actúan impunemente en la zona fronteriza y estados, hay grupos criminales que operan en todo el territorio nacional, denunció el Dr. Javier Tarazona.
El presidente de la organización no gubernamental Fundación en Defensa de los Derechos Humanos (FundaRedes), en declaraciones para Elimpulso.com, expuso que el incendio de los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Mariches, parroquia Petare, estado Miranda, evidencia que aquí se ha impuesto la anarquía porque el régimen no tiene control, ni garantiza seguridad alguna a los ciudadanos, ni a los bienes de la gente ni del Estado.
Esa denominada operación Sodoma, perpetrada por un supuesto Frente Patriota Venezolano, es la demostración de que nada ha valido la inversión en la enorme cantidad de armamento chatarra y de la conformación de organismos militares y policiales, porque la criminalidad y la delincuencia organizada se han apoderado del país.
Ni siquiera existen las mínimas condiciones de seguridad y resguardo para el patrimonio público, tal como ha quedado evidenciado con la destrucción de las máquinas y demás equipos del CNE que se encontraban en los depósitos de Mariches.
Tenemos cualquier cantidad de funcionarios sirviendo de guardaespaldas a personeros que ocupan cargos públicos, pero dejan sin seguridad a la ciudadanía.
Aquí reina la anarquía, la criminalidad y la impunidad. Están operando más de treinta frentes colombianos irregulares en la frontera y en estados venezolanos. Además hay diseminados por todo el territorio más de cien grupos fuertemente armados y con la posibilidad de que ese número se incremente porque el régimen está armados a civiles bajo el pretexto de que es necesario defender la revolución.
Las investigaciones que siempre son anunciadas cuando se produce un hecho como el incendio de los galpones del CNE son para dilatar la responsabilidad del Estado.
Graves amenazas
Al momento en que el Dr. Tarazona se comunicaba con Elimpulso. com recibía una declaración del Ministerio Público, mediante la cual le daban cuenta que ese organismo se confesaba incompetente para responder por la integridad física de los activistas de FundaRedes en el Apure y otros estados fronterizos.
A través de este medio, dijo, alertamos a la comunidad internacional de que existen amenazas de muerte contra quienes defendemos los Derechos Humanos a través de FundaRedes y que el Estado le da la espalda a los ciudadanos indefensos.
