En una amenaza creciente contra cualquier recuperación, por pequeña que sea, de la economía venezolana, se está convirtiendo la insaciable voracidad tributaria de los gobiernos nacional y municipales en el país, ya que en el último mes se ha registrado una verdadera oleada de incrementos desproporcionados de impuestos y tarifas de servicios públicos.
Un ejemplo concreto, son los municipios del este del Área Metropolitana de Caracas, donde las tarifas de Aseo Urbano se han incrementado alrededor de 10 veces, a tal punto que una oficina mediana puede llegar a pagar más de 90 dólares al mes, por este concepto, revela la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados.
Explican que bajo el amparo de la promoción del Petro, como moneda convertible, más de 80% de las Alcaldías ha dolarizado sus impuestos, ahora expresados en el token criptográfico gubernamental, con incrementos que van entre 1.000% y 4.000% de la mayoría de los tributos, junto con la imposición de multas en divisas estadounidenses, que pueden llegar a miles de dólares.
Estima la fira que algún analista ingenuo podría decir, que el gobierno parece ser víctima del espejismo económico que ha generado y ha decidido actuar como si el país estuviese en el pico de un proceso de recuperación, pero no cabe pensar así. Lo que indica esta voracidad es una aplicación distinta de los controles, a través de la toma de la mayor cantidad posible de divisas en circulación.
El mensaje es evidente: ya no se trata de limitar las divisas que en un 95% generaba la industria petrolera, sino de capturar la renta que genera el sector privado, a través de una presión tributaria que se va haciendo progresivamente intolerable y que corre el riesgo de reducir la oferta de bienes y servicios y colocar en peligro de operación un número importante de empresas.
Advierten que en los primeros dos meses del año hemos visto un ajuste monetario tan precario como frágil, resultado de un descomunal ajuste en la reducción de emisión de liquidez monetaria y reducción del gasto público, por un lado, y del agresivo corte del crédito bancario, por el otro.
En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana se analiza el impacto de la estrategia de voracidad fiscal que el gobierno nacional y la mayoría de las administraciones municipales han venido aplicando en un contexto de crisis económica.
A nivel regional, específicamente en el caso del municipio Iribarren,en el estado Lara, los empresarios e incluso los particulares, también están reclamando los costos exorbitantes de las tasas impositivas y de servicios como el Aseo Urbano y Domiciliario, que han registrado incrementos irracionales.
