Solo superado por el área metropolitana de Caracas, la capital, el Táchira es el estado del interior de Venezuela que concentró más casos, 48 en total, de violaciones a la libertad de expresión durante 2019. Así lo refiere el Reporte Anual del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYSve), divulgado este jueves.
El top 5 lo completan Lara y Apure, con 33 casos cada uno, el Zulia, donde esa ONG documentó 25 registros, y el también andino estado Mérida, con otras 28 restricciones y acciones de violencia contra periodistas y medios de comunicación.
Explica IPYS en su informe anual que “el estado Táchira fue el segundo más afectado por las limitaciones a la libre expresión”. Esta entidad acumuló 48 alertas entre las cuales destacaron 20 hechos por agresiones físicas y seis por uso abusivo del poder estatal.
“Una de las situaciones de mayor riesgo que se vivió en este estado fue la hostilidad que dominó en la frontera con Colombia, cuando ocurrieron 17 casos de restricciones al trabajo periodísticos por detenciones, ataques, robos y amenazas contra equipos reporteriles que estuvieron en la zona durante la cobertura de las movilizaciones por la ayuda humanitaria”, expone la investigación.
534 casos en un año
El trabajo del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela detalla que el abuso del poder estatal, las agresiones y restricciones de acceso a la información pública hacia periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, marcaron el año pasado como “el de mayor retroceso histórico en las libertades informativas en el país”.
En el informe, disponible en la web de la organización, se señala que el sistema de monitoreo y alertas de IPYS, que incluye corresponsales-investigadores en el Táchira, totalizó al menos 534 casos que acumularon 1.032 violaciones a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información pública de los periodistas y ciudadanos durante los 12 meses de 2019. La cifra superó incluso a la registrada en 2017, cuando se contabilizaron 518 casos.
El reporte elaborado bajo la dirección ejecutiva de Marianela Balbi, indica que “el Estado autoritario fue el principal agresor contra la libertad de expresión en el país”.
Asimismo, arroja que la mayoría de los incidentes ocurrieron en los primeros seis meses del año en un contexto de conflictos sociopolíticos que a lo largo de 2019 coartaron los derechos comunicacionales de los venezolanos, en medio de apagones y una crisis profunda de derechos humanos que afectaron a todo el territorio nacional.
De acuerdo con datos del informe de IPYSve, en 2019 se dieron 512 violaciones por uso abusivo del poder estatal, 326 por agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación social, 81 limitaciones de acceso a la información pública, 70 casos de censura previa, 21 acciones legales administrativas, 15 casos de censura interna y cuatro casos de impunidad.
Cuatro propuestas
IPYS Venezuela plantea cuatro recomendaciones para salvaguardar y mejorar las condiciones de libertad de expresión y del ejercicio del periodismo en el país, que pueden servir de guía para el Estado, el gremio periodístico, los medios de comunicación y los propios periodistas:
1.- Asegurar protección efectiva a periodistas y defensores de derechos humanos que sean objeto de actos de intimidación, amenazas y/o ataques para que puedan ejercer su labor de manera libre y sin restricciones.
2.- Mejorar y garantizar el acceso a la información pública y datos abiertos a través de la aprobación de una ley de acceso a la información pública.
3.- Fomentar mecanismos de seguridad digital que protejan y fomenten la libertad para opinar y la difusión de información en las plataformas digitales, y se garantice internet como derecho humano.
4.- Ofrecer programas de formación para el mejoramiento de las capacidades periodísticas, así como en materia de derechos digitales.
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