El Estado Lara es la entidad en la que la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) ha sido más letal, cometiendo la mayor cantidad de ejecuciones, con una altísima responsabilidad de la gobernación que ha alentado sus actuaciones, asegura el abogado, activista de derechos humanos y directivo de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Marino Alvarado.
Hizo referencia a que recientemente se creó en esta entidad federal, la Brigada de Acciones Especiales, que también se ha caracterizado por sus actuaciones letales, señala el activista, defensor de los derechos humanos y directivo de la ONG.
El experto, fue consultado en torno a la muerte de una funcionaria del CICPC en extrañas circunstancias, cuando presuntamente hizo caso omiso a una señal de “Alto” en un puesto de control en una a de las salidas de Fuerte Tiuna.
Explicó que en cualquier ciudad de Venezuela un ciudadano está expuesto a una detención, a torturas, afirmando que es impresionante la manera como los cuerpos policiales y militares están actuando en el país, con la complicidad del Defensor del Pueblo y del Fiscal General impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente.
Explicó Alvarado que cuando un ciudadano en un punto de control no acata la voz de alto, los funcionarios pueden anotar la placa, las características del vehículo, pero en ningún momento disparar. Recuerda que la muerta de la funcionaria del CICPC no es el primer hecho, haciendo referencia al caso del asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad Santa María, por parte de funcionarios del DIM en Caricuao, siendo la reacción del movimiento estudiantil bastante fuerte y fue uno de los factores que obligó al gobierno de Chávez a promover la reforma policial en el 2006, que pretendía construir una policía respetuosa de los derechos humanos, afirmando que desafortunadamente los resultados han sido totalmente lo contrario.
“Hoy tenemos un CICPC, la FAES que es un componente de la Policía Nacional, que realiza miles de ejecuciones en el país, no estamos hablando de cientos, son miles de ejecuciones que realizan tanto el CICPC como la FAES”, señala.
Resistencia a la autoridad = Ejecución
Recuerda el directivo de PROVEA que las cifras que le da el gobierno, es de más de 5.000 asesinadas en resistencia a la autoridad, señalando que esta resistencia a la autoridad, en la gran mayoría de los casos son ejecuciones.
“Del Estudio que nosotros hemos venido haciendo al FAES, al que le hacemos un seguimiento muy riguroso a nivel nacional, la gran mayoría de las personas son asesinadas en sus casas, llega el FAES allana sin ninguna orden judicial, detiene a la persona, la ejecuta, en algunos casos delante de la familia o sonsaca a la familia pero lo ejecuta en su casa, para luego en una lógica de rapiña se toban todo lo que pueden, es impresionante, hemos recibido denuncias que se roban hasta los juguetes de los niños”.
Afirma que PROVEA hace el seguimiento del FAES a través de un monitoreo permanente, afirma que tienen una red de personas, organizaciones en alianzas, se monitorea la actuación de los cuerpos policiales, especialmente del FAES debido a la propuesta que hizo Michelle Bachelet de disolver esta cuerpo policial, recordando que en el informe no se plantea reformar el cuerpo, sino disolverlo.
“Es tan letal, sobre todo en el estado Lara, que es la entidad donde hay mayor cantidad de ejecuciones, y hay una altísima responsabilidad de quien en este momento tiene la gobernación del estado, que ha alentado mucho la actuación del FAES en forma tan violenta, pero también vale decir que el ministro Reverol le da mucho apoyo a la actuación del FAES, por cierto lo vimos en el Carnaval cuando desfiló con una carroza, mientras que asesinan a jóvenes en los sectores más pobres del país, quieren aparentar otro rostro, más humanitario, pero de humanitario no tienen absolutamente nada; además, algo que también está comprobado, es la presencia en el FAES de integrantes de colectivos, esto ha quedado demostrado, de hecho en los pocos casos donde han muerto funcionarios del FAES, casualmente los muertos son integrantes de colectivos, esto ocurrió durante la masacre del Junquito, de Oscar y más recientemente, hace como dos meses, murió también un funcionario del FAES, casualmente era también un integrante de un colectivo”.
Ratifica que la FAES es un componente de la Policía Nacional Bolivariana, que nació en la idea, que no es mala, de tener una policía especial, entrenada, que atendiera casos especiales, pero hoy se ha convertido en un organismo policial aparte, que actúa de manera rutinaria, que no actúa solo en acciones especiales, utiliza armas de guerra y es utilizado también, por la desconfianza que tiene el Gobierno, tanto al Cuerpo de Investigaciones, como al Sebin y lo ha venido utilizando también como un cuerpo para la represión política. Dijo que en su estructura formal, responde al ministro Reverol, pero en la práctica responde tanto a Reverol como a Maduro.
Admite que luego del informe Bachellet no se ha producido ningún cambio, al contrario, en este caso especialmente Maduro, ha alentado el funcionamiento de este cuerpo, ha planteado su expansión en todo el país, el FAES mata tantas personas como el CICPC, pero no está en todo el país y su letalidad es mayor.
“Para darte una cifra, en lo que fue el mes de enero de 2020, el FAES asesinó 65 personas, si no me falla la memoria, su actuación es bastante letal y si sumamos todo lo que hacen a nivel nacional los cuerpos armados del Estado, la cifra es mucho mayor porque no solamente asesina el CICPC y el FAES, desafortunadamente también algunas policías municipales y algunas policías estadales. En el caso del estado Lara, se acaba de crear la Brigada de Respuesta Inmediata hace mes y medio por la Gobernadora y actúa con tanta letalidad como los otros”. Dijo Alvarado.
Advirtió que la mayor parte de estos operativos, se realizan en contra de los más pobres, en un gobierno que se dice defensor y que gobierno a favor de los pobres, adelanta estos operativos en los sectores más pobres, ya los venía haciendo con las Operaciones de Liberación del Pueblo, admite que desafortunadamente hay sectores de la población que apoyan estas ejecuciones, pero cuanto les tocan a su puerta, cuando estos operativos llegan a su zona se dan cuenta de lo terrible que son y el terror que le imponen a los niños.
“Imaginense que en el sector donde usted vive, acordonan toda la zona, allanan casa por casa, personas encapuchadas, con armas largas, actuando de manera violenta, insultando a todo el mundo, destruyendo todo, neveras, lavadoras, camas, televisores, rompen los muebles buscando armas o drogas y niños de 4,5, 6 , 11 años horrorizados por la actuación del FAES, y buena parte de las personas que son asesinadas no tienen nada que ver con la delincuencia y si fueran delincuentes o tuvieran alguna situación que ver con la justicia, para eso están los tribunales de justicia, no puede aplicarse la Ley de la Selva y mucho menos, como se ha hecho en Venezuela que se está aplicando en la práctica, la pena de muerte”, dijo Marino Alvarado.
Advierte que una persona que tenga antecedentes penales y viva en una zona popular de Venezuela, tiene el 50% de sentencia de muerte, porque cuando llegan estos organismos policiales, revisan en sus computadoras y si una persona tiene antecedentes, así esta persona haya hecho algún proceso de reincorporarse a la sociedad, terminan siendo asesinada, ya que por el solo hecho de tener antecedentes, para estos organismos es motivo para ser asesinado.
Marino Alvarado dijo en el Circuito Éxito, que la ONG PROVEA continuará adelanta, cumpliendo fielmente con su trabajo y denunciando en todas las instancias las violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos.
