«Más protección y seguridad». Esta exigencia volvió a escucharse el martes entre decenas excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en meses recientes han reclamado al gobierno de Iván Duque las muertes entre sus integrantes.
Los exguerrilleros formaron un movimiento político tras el acuerdo de paz firmado con el entonces presidente Juan Manuel Santos en 2016 y aseguran que, de entonces a la fecha, al menos 186 exguerrilleros han sido asesinados.
Unas 50 personas se reunieron en el centro de Bogotá por la noche y, con banderas en mano, gritaban: “¡Duque, pare este genocidio!”.
“Este plantón y cacerolazo es (para) llamar la atención de la sociedad colombiana, para que se sensibilice frente al fenómeno de estos asesinatos que vienen ocurriendo a este grupo a diario en todo el país, en contra de los que firmamos la paz”, señaló el excomandante y ahora senador Carlos Antonio Lozada, quien se hizo presente en la protesta.
Según Lozada, los asesinatos de sus compañeros han ocurrido a manos de grupos ilegales y del narcotráfico, especialmente en las zonas de Catatumbo, Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y Meta.
Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización con las FARC, dijo por su parte a la AP que “nosotros le damos la mayor prioridad a la seguridad de los excombatientes”.
“Tenemos una mesa interinstitucional (en la que) se han tomado y adoptado medidas de protección por parte del Ministerio de la Defensa”, agregó. “En este momento hay más de 250 esquemas de seguridad para proteger a unos 350 excombatientes por su riesgo de seguridad”.
Según Archila, el “enemigo” de los excombatientes son los grupos ilegales, no el gobierno.
