La Dgcim permanece constantemente en la mira de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales por las continuas violaciones de derechos humanos que se les atribuyen a los funcionarios, dentro o fuera de su sede
La sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en la urbanización Boleíta del estado Miranda, se convirtió en el principal centro de torturas del país luego de haber destronado en 2019 al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional como el principal cuerpo de seguridad acusado por este delito, tratos crueles, inhumanos y degradantes o desapariciones forzadas.
La Dgcim no solo alberga a militares dentro de sus calabozos y los distintos cuartos de tortura que han reportado las víctimas, familiares o abogados. Un expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo, Nelson Martínez, estuvo recluido en esas celdas hasta que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció por complicaciones de una enfermedad preexistente que se agravó por las condiciones en las cuales estaba detenido.
También han pasado por Boleíta exdirectivos de Citgo, una clarinetista del sistema de Orquestas y ahora se encuentra detenido Juan José Márquez, tío del presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino, Juan Guaidó.
Justamente la detención del tío de Guaidó dejó en evidencia una de las prácticas de este organismo de seguridad: El aislar a sus prisioneros durante el primer mes de detención. Romina Botaro, la esposa de Márquez, señaló que funcionarios de la Dgcim le dijeron que no iba a poder ver a su esposo durante 30 días, «que tampoco le llevara alimentos porque ellos se los iban a proveer».
Abogados contactados por TalCual comentaron que esta práctica es utilizada en muchas ocasiones para dejar que a la víctima «se le pasen los morados y la hinchazón», luego de haber sido sometida a torturas o tratos crueles. En el caso del tío de Guaidó, su abogado negó que hubiese recibido este tipo de trato.
Sobre el interior del Dgcim es poco lo que conoce, pero el teniente de la Aviación Ronald Dugarte, quien trabajó en ese cuerpo de seguridad poco más de un año, logró grabar una serie de videos que presentó en la Organización de Estados Americanos (OEA) para mostrar el interior de Boleíta y las torturas a las que son sometidos los presos políticos.
En los vídeos grabados por Dugarte, algunos de ellos a petición del coronel del Ejército Rafael Antonio Franco Quintero, jefe de investigaciones de ese entonces de la Dgcim, se muestran al menos cinco cuartos totalmente blancos, no superiores a los seis metros de largo por seis de ancho, con puertas blancas o negras, sin ventanas, sillas o con camas de cemento.
En esos cuartos mantienen a algunos presos políticos con las manos esposadas en la espalda, sentados en el piso o encima de colchonetas, algunas tiradas en el suelo de cerámica. Se pueden ver entre cuatro o cinco personas dentro de estas celdas, mientras que otros permanecen en solitario con parte de la cara tapada con una carpeta.
Dugarte mencionó que estos calabozos están en lo que se conoce como la División de Búsqueda y Captura del edificio. Se comunican con oficinas administrativas de la Dgcim, por pasillos igualmente blancos aunque no tan estrechos como las celdas. En muchos de los calabozos hay funcionarios en las cercanías custodiando las puertas.
Además de estas celdas también existen cuartos donde son interrogados los presos políticos. Víctimas que conversaron con TalCual bajo anonimato explican que son cuartos generalmente pintados de blanco, del tamaño normal de una oficina, donde no hay ventanas y solo tienen un acceso. Generalmente hay una silla donde los encadenan y comienzan los interrogatorios, muchas veces con la cara tapada.
Además se conoce la existencia de varios sótanos donde se guardan los vehículos oficiales, pero que también son utilizados para cometer tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los detenidos.
Dgcim en la mira
En el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), publicado el 4 de julio de 2019, se señaló a la Dgcim como uno de los cuerpos de seguridad donde se cometen torturas y otros tratos crueles, además de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Según datos de abogados y organizaciones no gubernamentales, entre 40 y 50 civiles o militares permanecían detenidos en Boleíta, el cuartel principal de la Dgcim en el país, durante 2019.
La Alta Comisionada apuntó directamente a la Dgcim por recurrir «de manera habitual a esas medidas (torturas) para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas».
Por esto, la Oacnudh acusó a las autoridades venezolanas de no investigar con «prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género, no han puesto a los presuntos responsables a disposición de la justicia, ni han proporcionado reparaciones a las víctimas».
Por su parte, organizaciones no gubernamentales como Provea han denunciado que la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el país se han convertido “en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país, contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas. La tortura, como castigo ‘ejemplarizante’, se ha institucionalizado en Venezuela y forma parte del repertorio represivo empleado por la dictadura de Maduro”.
Provea pudo recopilar denuncias sobre 23 muertes ocurridas en 2019 por presuntas torturas. Además, un total de 574 personas padecieron este delito por parte de funcionarios policiales o militares, en especial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Este número de personas torturadas constituye un aumento de 526,60% en el número de víctimas contabilizadas, respecto a los 12 meses del año 2018. También es el registro más alto documentado por Provea durante 31 años de monitoreo sobre violaciones al derecho a la integridad personal, superando a las 185 víctimas registradas en 2014.
La Dgcim contribuyó a la cifra de muertes en 2019 con el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Fue detenido el 21 de junio en una operación conjunta de la Dgcim y el Sebin tras ser acusado de formar parte de una conspiración para desalojar del poder a Nicolás Maduro.
Sus familiares denunciaron su desaparición al día siguiente. El 26 de junio, donde nunca se llegó a conocer su paradero, la detención de Acosta Arévalo fue anunciada por el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, quien lo acusó públicamente de los supuestos delitos de “terrorismo, conspiración y traición a la patria”.
Dos días después de la información suministrada a los medios por Jorge Rodríguez, el capitán falleció como consecuencia de las torturas, incluso antes de haber sido presentado en tribunales.
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