El caso de Juan José Márquez, tío del presidente de la Asamblea Nacional detenido en Maiquetía, es denunciado como parte de un patrón: el de mostrar que formar parte del entorno de Juan Guaidó es peligroso, generando presiones y aislamientos al líder opositor. Su nuevo jefe de despacho salió del país y varios colaboradores temen repercusiones
El tío de Juan Guaidó, Juan José Márquez, está preso en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y allí estará aislado por 30 días desde su detención, según dijeron funcionarios a su esposa Romina Botaro. Y quizá más, los 45 que se permiten hasta la siguiente audiencia judicial. Sería tiempo suficiente para que, en caso de que haya maltato físico, las evidencias desaparezcan, confirma el abogado Joel García, defensor de Márquez al aclarar que, en este caso, duda que ocurran castigos físicos.
García, también defensor de otros presos políticos, explica que con el tío de Juan Guaidó se están repitiendo patrones ya denunciados y que han sido documentados tanto por los organismos interamericanos de derechos humanos como por la propia oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. «No existe en el ordenamiento jurídico ningún instrumento que avale eso de los 30 días. Y si lo hubiera, nada puede estar por encima de la constitución que establece el derecho a la defensa», aclara.
El abogado apunta que es un asunto repetido: ni los familiares y muchas veces los abogados tienen acceso al encarcelado «ni siquiera para preparar la defensa técnica del caso, violando la ley». Defiende que la normativa jurídica llama a asistir permanentemente a los privados de libertad, además bajo el principio de la presunción de inocencia establecido en la carta magna.
Además, García recuerda que el caso se asemeja, entre otros, al de Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó encarcelado hace casi un año. «Era alguien de su entorno que lo meten preso justo después de la primera gira internacional de Guaidó, en base a un acta policial y nada más, y con el argumento de que viajó a Colombia a comprar armas».
El caso de Márquez, dice su abogado Joel García, «se basa en un único elemento de prueba, un acta policial en la que dos funcionarios de la DGCIM afirman que Juan Márquez tenía una actitud sospechosa que hacía presumir que él venía a cometer un atentado terrorista en Venezuela. Entonces allí ese olfato llevó al funcionario a revisar el equipaje y unas linternas (…) así como unos envases de perfume».
Explica el jurista que el expediente no tiene elemento que haga sospechar que en tales objetos hayan encontrado material explosivo. No hay experticia alguna. Tampoco se consignaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, ni los funcionarios convocaron a testigos para levantar el acta. «Tan solo hay los dichos de ellos y sus presunciones, más nada».
Dice García que «es increíble que él venga en un vuelo internacional con unos explosivos en la mano, porque además el expediente no deja registro que traía equipaje alguno, por lo que legalmente habría que presumir que venía con todos esos materiales en la mano».
Malas juntas
La diputada de la Asamblea Nacional Delsa Solórzano aclara que Juan Márquez no es activista político, sino solo un familiar de Juan Guaidó. «Se trata de un acoso familiar, como ha sido característica de este cuerpo criminal que gobierna. Aquí han atacado a familiares directos de parlamentarios, de dirigentes. Él no estaba con Guaidó como asistente, activista, no le llevaba agenda. Es simplemente su tío y así lo acompañaba», precisó.
Recuerda que el exdirector del Sebin Manuel Cristopher Figuera, rebelado contra Nicolás Maduro el 30 de abril y ahora en el exilio, dijo a la agencia AP que Nicolás Maduro le solicitó encargarse del «trabajo sucio». Por ejemplo, reveló haber recibido órdenes directas de perturbar el entorno de Juan Guaidó para quebrar la moral del líder opositor.
Inicialmente, dijo, Maduro quería arrestar a la madre de Guaidó. Cuando Cristopher Figuera le comentó que padecía cáncer entonces pensaron en Roberto Marrero. “¿Qué hago para meterlo preso?”, recordó el general haber preguntado a Maduro durante una tensa reunión celebrada en Fuerte Tiuna menos de 72 horas antes de la detención de Marrero. “Me dijo: ‘Eso no es mi problema. Mételo preso, siémbrale armas. Ve qué haces”.
Quienes acompañaron a Guaidó en su primera llegada por Maiquetía en 2019 ya no están en su entorno directo
A juicio del abogado Joel García, con la detención de Juan José Márquez, el gobierno busca hacerle un daño psicológico al jefe del Legislativo. «No hay nada más terrible que saber que otro está preso por ti». Se trataría de una manera de minar incluso el funcionamiento del llamado gobierno interino al avanzar contra el entorno de Juan Guaidó.
El sábado 15 de febrero, Juan Guaidó confirmó que Yon Goicoechea está fuera del país. El integrante de Voluntad Popular fue quien sustituyó a Marrero como jefe del despacho del presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente encargado de la República por casi 60 naciones, cuando aquél cayó preso en 2019. El diputado Sergio Vergara, estrecho colaborador de Guaidó en 2019 y vecino de Roberto Marrero, también está en otro país.
Preocupados ante la arremetida
Fuentes del equipo cercano al despacho del «presidente encargado» creen que, efectivamente, el régimen de Maduro pudiera continuar retrasando una acción directa contra el líder opositor, pero no descartan que vayan contra colaboradores e integrantes del entorno de Juan Guaidó. Algunos de ellos, de hecho, han decidido no siempre acompañar al presidente del parlamento en ciertas actividades, cuando el riesgo sea mayúsculo. Y, más allá, se ha hablado incluso de brindar asistencia psicológica para lidiar con las presiones que generan estar en la lista de posibles víctimas directas de un gobierno represor.
«Lo que buscan es quebrar la voluntad a Guaidó y a quienes trabajan con él», insiste el abogado Joel García. Después de todo, el sitio de reclusión es la Dgcim, un lugar señalado como el mayor centro de tortura del madurismo, como lo denunció el Instituto Casla ante la Organización de Estados Americanos al solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares urgentes de protección para todos los detenidos en ese organismo, que finalmente fueron otorgadas el 21 de marzo de 2019.
Delsa Solórzano apunta que «cuando se permiten las visitas, solo pueden ocurrir un solo día. No se permite que les lleven comida. Algunos miércoles dejan pasar alimentos, solo en envases transparentes. Y si alguien lleva un pastel, por ejemplo, los funcionarios lo revuelven y lo despedazan. Otras veces, los alimentos nunca llegan, se los roban».
El cuartel de la Dgcim, que estuvo bajo el mando del ahora director de Seguridad de Maiquetía -donde fue detenido Juan Márquez y desaparecido por casi 30 horas-, solo tiene un baño para 37 reos, contiene las «puertas Bachelet» -pesadas puertas de metal con una rendija por donde pasan la comida-, y fue el sitio donde murió por torturas físicas el capitán Rafael Acosta Arévalo, recuerda la parlamentaria.
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